27-11-2014.- La Cámara de Diputados aprobó homologar los plazos para la entrada en vigor de la legislación de justicia para adolescentes con el Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que, se dijo, ambos pertenecen a un sistema de corte acusatorio.

El dictamen aprobado con 339 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones, subsana una imprecisión legal en cuanto a la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio y adversarial, tanto a nivel federal como estatal.

En este tenor, se modifica el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, así como las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la PGR y Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

La diputada María del Roció Corona Nakamura (PRI), secretaria de la Comisión de Justicia, fundamentó que al homologarse los plazos se podrá analizar también la armonización de los principios, garantías, procedimientos y demás elementos que forman parte sustancial del ADN del nuevo sistema penal acusatorio y adversarial.

Explicó que la reforma aplicará una vez que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales tanto en la Federación como en todos los estados y el Distrito Federal, en los términos previstos del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado José Isidro Moreno Árcega (PRI) destacó que el sistema penal acusatorio es un parteaguas en la aplicación de un sistema de justicia penal más efectivo en nuestro país.

Comentó que estas son leyes que vienen a fortalecer el sistema jurídico mexicano y ayudan a fortalecer el Estado de derecho, sobre todo para los jóvenes. “Las leyes deben tener un sentido, fortalecer la unidad, la paz y no la violencia. No hay un solo mexicano que no quiera a México unido, con paz, fuerte y próspero”, concluyó.

Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del PAN, dijo que más allá de la modificación a un artículo transitorio, es un cambio de paradigma ya que durante décadas, se ha criticado a todos los gobiernos por la mala impartición de justicia. “Y esto en gran medida es propiamente por el sistema que actualmente tenemos”.

Recordó que derivado de ello, en 2008 se llevó a cabo una reforma constitucional en la que se planteó que los juicios serían de forma oral. Con este nuevo sistema, tendremos el principio de publicidad, es decir, aclaró, “todos podremos conocer del caso que se esté tratando, y con ello estará dando una mucha mayor transparencia en la aplicación de la justicia.

Alejandro Carbajal González (PRD) apoyó la modificación a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, aunque, dijo, no es tan trascendente porque se trata solo de una adecuación para el inicio de vigencia “y tristemente está naciendo muerta”.

“La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Generando leyes nada más? O vamos a generar una política pública esencialmente de apoyo a los jóvenes”. Destacó que existe una contradicción con la política del gobierno federal en turno, ya que no se les da la posibilidad de emplearse de manera digna y por el contrario, se les orilla a que se empleen en la informalidad.

Felipe Arturo Camarena García (PVEM) señaló que la entrada en vigor de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes incompatibiliza con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia.

Con esta modificación, agregó, se busca no sólo la seguridad jurídica, sino también la pronta resolución, lo cual significa una deuda añeja con la sociedad mexicana. Por ello, es conveniente que todo el aparato normativo esté perfectamente coherente, es decir, que los tiempos procesales de aplicación normativa estén sincronizados.

Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) se manifestó en contra del dictamen al considerar que la modificación que se plantea es irrelevante frente a todas aquellas reservas que en su momento se hicieron durante la discusión de la ley y que fueron rechazadas en su totalidad.

“Lamentablemente, el Senado no corrigió esas incontables deficiencias que aquí se plantearon y que como ya es rutina, no se aprobó absolutamente ninguna de ellas. Estamos en contra de los cambios, reiterando que el marco jurídico aprobado es, en conjunto, sumamente deficiente y autoritario”, consideró.

Lilia Aguilar Gil (PT) comentó que la reforma evidencia la falta de armonización en las leyes relacionadas con el cambio al sistema de justicia. No obstante, consideró que es una medida necesaria en cuanto a que la Ley Federal de Justicia para Adolescentes no puede entrar en vigor antes de que haga lo propio el sistema nacional acusatorio, en el cual se sustenta dicha ley.

Agregó que esta reforma debe estar apegada al compromiso de adecuar lo que quedó pendiente cuando en su momento se avaló dicha ley, con preceptos que violentan los derechos humanos de los jóvenes.

Fernando Bribiesca Sahagún (NA) dijo que la reforma busca subsanar una imprecisión, no sólo en la entrada en vigor de ese marco jurídico, sino de diversas leyes. Agregó que la razón fundamental radica en otorgar certidumbre jurídica en cuanto a la aplicación de la norma.

“Sabemos que es necesario acelerar el proceso de adaptación al nuevo sistema penal acusatorio, estamos convencidos que lo primordial es contar con una legislación lo más precisa posible para no dar espacio a las controversias”, concluyó.

Se manifestaron en contra los diputados Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD; Ricardo Mejía Berdeja, Luisa María Alcalde y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. A favor, Cristina González Cruz y José Alberto Rodríguez Calderón, del PRI.

El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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