Boletín N°. 4294 Diputados refuerzan protección a las personas adultas mayores
  • De 10.9 millones de adultos mayores, 1.7 millones sufren violencia psicológica, física, económica y sexual

 

02-10-2014.-El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reforzar la protección a los 10.9 millones de adultos mayores que actualmente hay en México, de los cuales 1.7 millones son víctimas de violencia psicológica, física, económica y sexual.

 

En la sesión de hoy, se aprobó por unanimidad de 397 votos el dictamen presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Adriana Hernández Íñiguez (PRI), quien destacó que un 40 por ciento de la población adulta mayor vive esta realidad dentro de sus propios hogares y familias, por lo que se necesita reforzar la protección hacia este sector.

 

Detalló que el dictamen que adiciona una fracción XII al artículo 3o. y un artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que se reconoce como violencia contra esta población cualquier acción u omisión que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.

 

En consecuencia, se determinan los conceptos y tipos de violencia contra las personas adultas mayores como la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.

 

Según la iniciativa, la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe su estabilidad en este sentido, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

 

Asimismo, la violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas.

 

La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima, hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado y motivado.

 

A su vez, violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

 

Define como violencia sexual cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.

 

El diputado José Caamal Mena (Nueva Alianza) indicó que la Encuesta Nacional 2011 sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, entre las mujeres de más de 60 años el maltrato emocional fue la forma de violencia más común ejercida por parte de otros familiares distintos de su pareja o ex pareja.

 

Detalló que las manifestaciones más comunes de dichas agresiones fueron: dejarles de hablar, 58.5 por ciento; abandonarlas o dejarlas solas, 33.2 por ciento, y a través de insultos u ofensas, 27.8 por ciento, entre otras situaciones, por lo que urgió a aprobar la ley para erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las personas mayores de edad.

 

En su oportunidad, la diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) consideró necesario endurecer las sanciones para quienes trastoquen los derechos de los adultos mayores. “No basta si el Estado no tiene la capacidad de destinar políticas públicas que promuevan el respeto, la sana convivencia, la comprensión y estimación hacia ellos”.

 

Incluso, continúo, “no tiene sentido integrar a los marcos legales sanciones punitivas si seguimos observando cómo es que la conducta de las personas que conviven diariamente con ellos cada vez es más intransigente, lacerante, impulsiva y grosera, por no comprender que estamos tratando con personas y no con objetos obsoletos”, dijo.

 

Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) indicó que cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 muestran que en el país las personas adultas mayores integran el cuarto grupo de población vulnerable y sólo en 17 de las 32 entidades federativas hay legislaciones locales que no discriminan a este sector.

 

Por lo anterior, consideró necesario abatir cualquier tipo de agresión, en sus diversas modalidades, hacia los adultos mayores. “Se requiere el perfeccionamiento del marco jurídico existente, acompañado de una cultura realmente humanista que nos otorgue instrumentos efectivos para su protección ante este terrible panorama que enfrentan”, señaló.

 

La diputada Bárbara Romo Fonseca (PVEM) lamentó que de los más de 10 millones de adultos que hay en México, 1.7 millones son víctimas de violencia tanto física como psicológica y 680 mil ancianos viven esta realidad dentro de sus propios hogares.

 

Por lo anterior, consideró que esa población debe tener una atención especializada que va, dijo, desde el enfoque de envejecer manteniéndose activo, hasta el fortalecimiento de los lazos familiares, así como la necesidad de solidaridad social y el establecimiento de una nueva cultura incluyente y no discriminatoria.

 

La diputada Josefina Salinas Pérez (PRD) lamentó que con frecuencia las personas adultas mayores son “falsamente” asociadas con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad, que en conjunto conducen a estereotipos equivocados de decadencia.

 

Por lo anterior, consideró factible la propuesta de adicionar una fracción XII al artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para conceptualizar la violencia de que son objeto.

 

En representación del PAN, Martha Sosa Govea indicó que en la actualidad en México hay 10.5 millones de adultos mayores, es decir, 10 de cada 100 habitantes tienen 60 años o más, “cada día mil 400 personas cumplen más de 60 años y para el 2015 se estima que serán 15 millones; en el 2050 sumarán 36 millones”.

 

“México está pintando canas”, expresó Sosa Govea y aseguró que brindar una vida libre de violencia a las personas adultas mayores es una prioridad en la agenda social de su bancada y una muestra de respeto a aquellas personas que contribuyeron a la formación del país.

 

El diputado Salvador Romero Valencia (PRI) destacó que actualmente el 8 por ciento de la población mexicana es mayor de 60 años, y en 40 años una cuarta parte de la población será de adultos mayores, por lo que urgió a garantizarles los servicios de salud y seguridad social.

 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) indica que 8 de cada 10 adultos mayores tienen alguna carencia y 4 de cada 10 viven en la pobreza. “Qué incongruencia más grande entregar una vida entera al trabajo fecundo y al desarrollo de este país y terminar sus días viviendo en la pobreza”, criticó.

 

El promovente de la iniciativa, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), lamentó que el gobierno federal no tenga controlada la violencia contra las personas adultas mayores y hacia toda la sociedad.

 

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