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| Boletín N°. 4382 | Persisten políticas fallidas para reconocer derechos de grupos vulnerables; se violan sus garantías en procesos de justicia |
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14-10-2014.- La magistrada de la Primera Sala de Justicia del Tribunal Superior del DF, Rebeca Pujol Rosas, acusó que en México persiste una política fallida para reconocer los derechos fundamentales de los grupos vulnerables, debido a lo cual “el Estado no ha alcanzado una verdadera democracia”.
En su conferencia magistral “Los Grupos Vulnerables en el Marco de la Impartición de Justicia”, celebrada en San Lázaro, subrayó que, consecuencia de esto, durante los procesos judiciales las personas sufren algún tipo de violación a sus garantías, lo que afecta su integridad, familia, patrimonio y, a veces, su dignidad.
“Los juzgadores no tienen la capacidad específica y suficiente para tratar asuntos de mujeres, adultos mayores, discapacitados, niños y a homosexuales, lo que se refleja en violencia de carácter institucional, al no saber cómo atender los problemas específicos de tales sectores”, sostuvo.
Ante la problemática, instó a los legisladores a promover modificaciones a la Carta Magna y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de acondicionar tribunales para atender a personas en situación de vulnerabilidad y especializar a jueces en la materia.
Asimismo, “hace falta rigor en la ley. Es eficaz, pero ¿es efectiva? No basta establecer (derechos y sanciones) en las normas, sino que se necesita hacerlas válidas”, precisó la magistrada, además de señalar que no existe colaboración interinstitucional, lo que obstaculiza los procesos de justicia.
Detalló que en el caso de las mujeres –grupo vulnerable que más acude a iniciar tales procesos-, permean malas prácticas en los magistrados, como la misoginia o el esperar determinada conducta por parte de ellas, idea preconcebida que por sí sola constituye un acto discriminatorio.
El sector infantil, abundó, debe sortear situaciones de violencia emocional derivados de los procesos de divorcio. “A veces hay que cuidarlos de sus propios padres”, advirtió, ya que los infantes se vuelven “rehenes” de estos al condicionar pensiones con días de convivio, o bien, presencian episodios de agresión física entre sus progenitores, lo que implica marcas psicológicas profundas.
De este punto, sostuvo que el Estado debe apoyar con recursos para que los niños se reintegren a su familia, pues muchas veces estos representan una carga económica para los padres. “Si bien los quieren, no tienen ingresos para mantenerlos”, acotó.
Pujol Rosas refirió, por otra parte, que las personas con discapacidad muy difícilmente pueden tener acceso a la justicia, ya que no se cuenta con medios (como intérpretes de lenguaje de señas), infraestructura en los magistrados (rampas para individuos en silla de ruedas) o personal capacitado para atenderlos.
“No creemos que haya ciudadanos de primera y segunda, pero lo estamos haciendo al no permitir a los discapacitados el acceso a sus derechos”, afirmó.
Respecto a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), señaló que persiste la ignorancia de parte de jueces en cuanto al respeto a su condición y diferencia, lo que hace a este grupo pasar por una tortura que, si bien no es de carácter físico, lacera su dignidad, además de que trámites, como papeles de identificación, representan un proceso difícil.
Destacó que sólo en el DF están reconocidos los derechos LGBT, por lo que vienen de provincia a iniciar procedimientos jurídicos; sin embargo, al regresar a sus lugares de origen no pueden continuar con esto ya que sus derechos no están previstos en las normas locales.
En consecuencia, hizo un llamado a armonizar los instrumentos jurídicos en todo el país para dar garantías a este sector, además de permitir a un niño elegir su propio sexo en casos donde se identifique una condición de transexualidad.
Por último, Pujol Rosas se pronunció por dignificar a adultos mayores y grupos indígenas, ya que deben sortear “una situación triste y deshumanizada” al no contar con mecanismos de protección que los salvaguarden.
En su intervención, la diputada presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Adriana Hernández Iñiguez (PRI) recordó que los integrantes del órgano legislativo tienen sensibilidad ante la problemática que atraviesan muchos individuos en condiciones desiguales, gracias a lo cual se han impulsado muchas iniciativas en su bienestar.
“Hace falta mucho por avanzar en estos temas”, reconoció; sin embargo destacó reformas aprobadas por la comisión, como la relativa al Código Civil para garantizar interpretes a sordomudos y medios braile a invidentes durante los procesos de justicia.
Recordó que el órgano legislativo ha coincidido en el apoyo a niños, niñas y adolescentes, por lo que sus integrantes dieron opinión favorable a la iniciativa promovida por el Ejecutivo federal y dictaminada en el Senado de la República.
De este punto, señaló, “son acciones afirmativas que hablan del avance en el gobierno federal en la materia y que deben continuarse en el Poder Legislativo para no ocultar estas problemáticas en el nuevo siglo”.
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