Boletín N°. 4386 Avalan reformas para fortalecer la protección de ecosistemas costeros
  • Estas zonas, de las más perturbadas del planeta por contaminación, industrialización, turismo, asentamientos urbanos y pesca

 

14-10-2014.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 401 votos, reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que buscan fortalecer la protección a los ecosistemas costeros, otorgando certeza jurídica en su definición, explicó la diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente.

 

De esta manera, agregó, se precisan con mayor claridad los límites físicos de la zona en donde una obra o actividad deberán ser sujetas a una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

Consideró necesaria esta modificación para tener una definición adecuada del ecosistema costero y, por tanto, una aplicación eficaz de la normatividad ambiental en el país. Con ello, añadió, se garantiza la estabilidad de estos importantes entornos.

 

La legisladora mencionó que esta comisión discrepó con la minuta enviada por el Senado de la República, por lo que replanteó el dictamen con modificaciones a diversos artículos. Así, el artículo 3, fracción VIII, establece que serán ecosistemas costeros aquellos cuyo hábitat se ubique dentro de la zona costera mexicana.

 

Asimismo, en la fracción XXXVIII Bis del mismo artículo define Zona Costera Mexicana como el espacio geográfico de interacción del medio acuático, terrestre y la atmósfera, constituido por una porción continental definida por 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 113 interiores adyacentes a estos con influencia costera alta y media. Una porción marina definida a partir de la plataforma continental delimitada por la isobata de 200 metros y una porción insolar representada por las islas oceánicas y costeras.

 

El artículo 28, indicó, establece que las actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias estarán sujetas a lo dispuesto en la fracción XII, que define las actividades que requieren de manifiesto de impacto ambiental.

 

En tanto, la diputada Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) señaló que es necesario que México trabaje e implemente medidas y acciones para mantener la diversidad biológica, la productividad, los ecosistemas y los hábitats sujetos a la jurisdicción nacional.

 

Enfatizó que la biodiversidad costera en México es valorada como un componente esencial para el desarrollo socioeconómico del país, por lo que las políticas e instrumentos gubernamentales deben incluir acciones que permitan su preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable con base en el conocimiento científico y técnico.

 

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) resaltó que una de las prioridades del quehacer legislativo es proteger la riqueza ambiental nacional y parte de ello es definir con claridad los espacios, ecosistemas, las relaciones ambientales, sociales y culturales de los mexicanos con su entorno para identificar con claridad las amenazas o riesgos que corre la naturaleza, y aplicar las políticas públicas necesarias para evitarlo.

 

Refirió que en los últimos años el crecimiento urbano y la construcción inmobiliaria en las zonas costeras han crecido de manera importante, y esto puede ocasionar un peligro en varias dimensiones, como asentamientos irregulares y el peligro latente de colapso de los servicios sin la infraestructura urbana adecuada. Por ello, se pronunció a favor del dictamen.

 

Por su parte, la diputada Aida Fabiola Valencia (MC) comentó que las áreas litorales son zonas que representan mayores ingresos al país, ya sea por sus bellas playas, zonas pesqueras, por su vegetación o sus áreas ecológicas, como los arrecifes de coral protegidos por el gobierno federal o los más de 800 kilómetros de áreas nacionales protegidas costeras y campamentos tortugueros.

 

Se pronunció a favor de la reforma y aclaró que “México necesita recuperar nuevamente la propiedad de su territorio, de lo contrario, estamos viviendo en una amenaza latente”.

 

Del PRD, la diputada Claudia Elena Águila Torres subrayó que a pesar de su importancia, la zona costera es una de las más perturbadas del planeta. La contaminación, la industrialización, el turismo, los asentamientos humanos, el cambio de uso de suelo, la producción agrícola y la pesca, impactan de manera continua la sustentabilidad de los ambientes costeros.

 

Consideró que el mayor reto que enfrenta la humanidad es administrar correctamente el uso de la franja costera, de tal manera que las actuales y futuras generaciones puedan disfrutar de sus recursos visuales, culturales, ambientales, energéticos y alimentarios.

 

La diputada Patricia Lugo Barriga (PAN) destacó que con estas reformas se trabaja para atender los grandes problemas que atentan contra el equilibrio ecológico de las zonas costeras y que permiten que la pesca, la acuacultura, el turismo, la actividad portuaria, el aprovechamiento de energías convencionales y no convencionales se realicen en estricto apego a la ley.

 

Dijo que la protección de nuestros recursos naturales, tanto en el continente como en los mares, es la garantía de generar una mayor riqueza a través del empleo y el aprovechamiento racional de nuestros recursos.

 

En su turno, el diputado Raymundo King De la Rosa (PRI) señaló que el fortalecimiento de la protección a los ecosistemas costeros resulta un pendiente ineludible, pues los litorales de nuestro país albergan una enorme riqueza de especies, tanto animales como vegetales, que no pueden ser divididos si se busca cuidarlos de forma efectiva.

 

Enfatizó que es preciso considerar el impacto ambiental de las actividades que ponen en riesgo la viabilidad de los ecosistemas costeros, procurando el equilibrio ante el desarrollo de las diversas actividades económicas y la protección ambiental, a partir de una definición jurídica adecuada que incida favorablemente en el tratamiento normativo del ecosistema en cuestión.

 

Las reformas a los artículos 3o. y 28 de dicha ley se devolvieron al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

 

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