23-10-2014.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y con cambios, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con lo cual se reconoce como sujetos plenos de derechos a los menores.

El documento, avalado con 420 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, señala que el objetivo es garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la infancia, establecidos en la Constitución Política, así como los contenidos en tratados internacionales.

Con dicha ley se generan mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar a niñas, niños y adolescentes, el goce pleno de sus derechos.

Contiene un Catálogo de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes como el vivir en familia, a la igualdad, a no ser discriminado, a una vida libre de violencia, a la salud y seguridad social, a la integración de menores de edad que padecen alguna discapacidad, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la asociación y a la seguridad jurídica, entre otros.

Asimismo, se crea, a nivel federal y local, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes adscritas a los sistemas DIF, con el objetivo de realizar el resguardo de sus derechos. Dispone la formación, integración, organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidido por el Poder Ejecutivo Federal.

Igualmente instaura el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y se establece que los responsables de autorizar, registrar y certificar a estos centros, serán las procuradurías de protección en sus ámbitos de competencia.

Prevé que las autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno integrales, transversales, con perspectivas de derechos humanos, estableciendo mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval).

También contempla un programa nacional y estatal que contendrán las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio de respeto, de promoción y de protección integral.

Se establece como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años y se estipula la presunción de paternidad o maternidad cuando haya rechazo a hacerse la prueba, así como las competencias y plazos para adopción de medidas de protección especial, entre otras.

El dictamen a la minuta incluye una adenda, la cual contiene modificaciones a los artículos 13, 16, 53, 55, 77, 78, 80, 83, 86, 90, 108, 127, 148 y 149, de la ley, que se deriva de una iniciativa preferente que el Ejecutivo federal remitió al Senado de la República el pasado primero de septiembre.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos a la Niñez, señaló que esta ley contiene importantes avances que sientan las bases para que en ninguna entidad federativa pueda haber retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Enfatizó que “hoy estamos saldando una de las diversas deudas que el Estado y la sociedad mexicana ha mantenido con este importante grupo de la sociedad que alcanza cuantitativamente los 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 37 por ciento de la población total de nuestro país, siendo esta población menor de 18 años”.

Aclaró que se tienen retos importantes que se deben enfrentar como el funcionamiento mismo del sistema de protección integral, que mucho depende de materializar proyectos y programas, así como asignar los recursos suficientes para la operación del mismo. Pero sobre todo, agregó, el principal reto es impulsar el cambio cultural “en donde reconozcamos en la vida diaria los derechos de las niños, niños y adolescentes”.

Precisó que este dictamen tiene una adenda con algunas modificaciones que refuerzan la ley y que no exista duda para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer de manera plena sus derechos.

En los posicionamientos, la diputada Adriana Hernández Iñiguez (PRI) señaló que se está frente a un nuevo ordenamiento que abarca aspectos muy importantes para generar las mejores y más favorables condiciones que incidan en el óptimo desarrollo de los menores.

Los avances, dijo, son muchos y muy variados, pues se garantizan los derechos de los menores migrantes asegurándoles un entorno libre de violencia, tutelando la defensa de sus garantías, así como la ampliación y desarrollo del catálogo de sus prerrogativas reconocidas constitucionalmente. “México hoy se actualiza y se pone a la vanguardia global en materia de protección jurídica al menor”.

Cinthya Noemí Valladares Couoh, diputada de Acción Nacional, consideró que aprobar esta ley, es aportar al futuro generacional. Sin embargo, agregó, aún quedan muchos pendientes por cumplir en la labor de superar las disparidades que persisten en el país y que afectan a las niñas, niños y adolescentes. “Este ordenamiento, se convertirá en un valioso instrumento jurídico para mejorar sus condiciones de vida”.

Se manifestó en favor de que la Cámara de Diputados destine los recursos públicos necesarios para el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley, “porque sabemos que para que una niña o un niño tenga un libre y sano desarrollo de la personalidad, lo primero es garantizarle sus derechos sin distinciones ni sesgos de ningún tipo. La garantía debe ser universal, con un enfoque integral, transversal y sustentable”.

Por el PRD, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo mencionó que esta ley reconoce a los menores como titulares de derecho; crea y regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; establece los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en la materia, y otorga facultades y competencias entre los tres órdenes de gobierno.

Indicó que se crea la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México se ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los 33 países que pertenecen a la OCDE, y en 2013 se detectaron más de 12 mil cuentas personales en Internet donde se exhiben imágenes de explotación sexual a menores de edad, cuyas edades oscilan de los 4 a los 16 años. “Si queremos tener nuevos ciudadanos, tenemos que invertir en nuestra niñez”.

La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM) expresó que la situación de las niñas, niños y adolescentes en el país es alarmante, y que a pesar de los esfuerzos realizados, la violencia, discriminación, exclusión y constante violación de sus derechos, obliga a tomar medidas eficientes, de ahí que se necesita un nuevo marco jurídico que garantice el ejercicio pleno de todos y cada uno de sus derechos. “Estamos legislando a favor de 41 millones 542 mil 388 personas menores de 18 años”.

Refirió que existen 18 millones de menores de 14 años que se encuentran en una situación alarmante de pobreza; México ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de bullying; 61 mil 127 niñas y niños no acompañados intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos; se ocupa el primer lugar entre los países de embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 y 19 años; por ello, dijo, hoy se sientan las bases a través de las cuales el Estado garantiza los derechos de este sector poblacional.

Gerardo Villanueva Albarrán, diputado de Movimiento Ciudadano, calificó como oportunista la iniciativa preferente del titular del Ejecutivo, pues en un país donde se violan cotidianamente los derechos humanos “se trata de tapar el sol con un dedo. Qué momento escogieron para presentarla. Ninguneando, como ya es costumbre, al Poder Legislativo”.

Reconoció el trabajo de la Comisión de Derechos de la Niñez, para construir una norma impecablemente escrita y eficaz, aun cuando México está a años luz de convertirse en modelo constitucional garantista. “Votaremos a favor porque se está dando un pequeñito paso, casi insignificante en pro de los derechos de los menores”.

Del PT, el legislador Ricardo Cantú Garza mencionó que la ley tiende a ser una herramienta pensada en olvidar los aspectos proteccionistas, para tomar rienda a tareas específicas en materia de garantías sociales para los menores a través del Estado. Añadió que aún hace falta precisar temas como la homologación de una base de datos con la información exacta respecto de los censos sobre niñas y niños que padecen alguna discapacidad.

Pidió sumar esfuerzos para que cuenten con los medios suficientes para su protección. “Esta ley es única por su contenido y alcance; sin embargo, estamos obligados aceptar que hay pendientes que pueden ser incorporados en un futuro. Estamos a favor de una iniciativa integral y garantista de derechos concretos para los menores”.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) afirmó que esta ley era una deuda que el Estado tenía en materia de derechos humanos de los menores, pues su propósito es migrar hacia una visión más allá de un enfoque asistencialista, para establecer a la niñez y adolescencia como titulares indiscutibles de derechos en condiciones prioritarias, universales, integrales y sostenibles.

Destacó que entre los principales avances que logrará esta ley está el acceso a tecnologías de comunicación, principalmente el Internet, por parte de la infancia. Agregó que “dos de cada tres estudiantes de educación básica no tienen acceso a este servicio, por lo que esta modificación contribuirá a redoblar los esfuerzos del Estado para cerrar la brecha digital”.

Durante la discusión, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) reconoció que es un tema importante y que se tienen avances; sin embargo, consideró que se pudo haber profundizado de mayor forma en este instrumento jurídico legislativo.

De la misma bancada, la diputada Zuleyma Huidobro González comentó que el dictamen presenta errores de diseño al no estipular de manera puntual y detallada el impacto presupuestal que las medidas propuestas implicarán, lo cual afectará directamente a los organismos estatales y nacional para el desarrollo integral de las familias. “Estamos convencidos de que no basta únicamente con crear una ley, sino que ésta se debe implementar de manera eficaz”.

En su turno, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) dijo que el dictamen es sobre una ley inoperante, porque no se establece ni se define la competencia de las autoridades federales, locales y municipales en rubros importantes, como el derecho a la salud. Además, no determina mecanismos y procedimientos de concurrencia, de eficiencia y eficacia en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Por el PAN, la diputada Martha Leticia Sosa Govea reconoció que aún se tiene un largo camino que recorrer para que los beneficios y los derechos a los menores en nuestro país sean una verdadera realidad, pero consideró que esta ley será un instrumento esencial en este propósito.

En tanto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) refirió que, en México, el 61 por ciento de la población infantil se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial y 27 por ciento en pobreza alimentaria, “no tienen ni para comer”. Por lo que, dijo, esta ley tiene que inscribirse en la realidad del país. Anunció que su voto sería en abstención por considerar que la norma está incompleta.

La diputada Isela González Domínguez (PRI) destacó que con la ley el Estado cumplirá con su responsabilidad mandatada en el artículo 4o. constitucional, y “en todos los rincones del país se tendrá la obligación de trabajar por el cumplimiento irrestricto de la observancia y aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Del PT, el diputado Alberto Anaya estimó que esta norma significa un modesto avance en materia de protección a la niñez y a la adolescencia y que han quedado pendientes temas de gran importancia como empezar a proteger los derechos de los niños desde la etapa prenatal con programas que favorezcan garantizar a la madre gestante una nutrición y un cuidado adecuados; sin embargo, señaló que su voto sería a favor.

Por su parte, la diputada Josefina Salinas Pérez (PRD) reconoció que con esta ley se avanza, pero estimó que está inacabada y carece de las herramientas para ser aplicada, “por lo que se debe asumir el compromiso de dotarla de un presupuesto suficiente que permita a las instituciones encargadas de su ejecución contar con los elementos necesarios para complementarla”.

Por el PRI, la legisladora Flor Ayala Robles Linares subrayó que el nuevo ordenamiento es de vanguardia, incluyente, extensivo y comprensivo, pues se ocupa de velar por el bienestar de los niños migrantes, protege a los menores en temas diversos y en múltiples frentes, tanto de la trata de personas como la explotación laboral.

Artículos reservados

Para su discusión en lo particular se reservaron los artículos: 19, 22, 23, 26, 44, 47, 50, 51, 54, 57, 58, 61, 62, 63, 80, 83, 89, 93, 96, 98, 99, 100, 146, 151, así como el 4to transitorio y la adicción de un transitorio.

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