30-10-2014.- El Pleno aprobó el dictamen a la minuta que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para unificar el nombre del plan conocido como “Proigualdad” para quedar como “Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

Con la unanimidad de 388 votos, se avaló el dictamen que dará certeza jurídica a este plan, toda vez que debe prevalecer el nombre establecido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, debiendo ser éste “Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

El documento refiere que la Ley General para la Igualdad es la respuesta operativa expresada por el Poder Legislativo a los compromisos asumidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la cual se establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de eliminar la discriminación contra las mujeres y promover la igualdad sustantiva entre ellas y los hombres.

Al fundamentar el dictamen, la diputada María Leticia Mendoza Curiel (PRI), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, expresó que esta reforma no solo significa sustituir un término por otro, sino que representa un cambio de fondo.

“No solo tiene que ver con la homologación del lenguaje, sino también con la certeza y seguridad jurídica de un marco legal que en su conjunto constituye el mayor referente legislativo en materia de institucionalización de la perspectiva de género” afirmó.

Indicó que tanto la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres hacen referencia al mismo programa, pero con denominación distinta, pues la primera lo nombra Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación Contra las Mujeres, y la segunda lo nombra Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Mendoza Curiel destacó que esta falta de armonización y homologación en los términos y el lenguaje normativo, puede generar confusión y con ello lesionar la garantía de certeza y de seguridad jurídica.

Sostuvo que al modificar el nombre de Proigualdad en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, se dará certeza jurídica de que ambas leyes contemplan normas vinculadas con el mismo programa, con lo que el nombre que deberá prevalecer es el establecido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En los posicionamientos, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza) resaltó que el dictamen busca unificar en la legislación el nombre del programa Proigualdad, ya que es piedra angular para la ejecución de las acciones que garantizan el logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el país.

Agregó que a pesar de que ambas leyes refieren y abrevia como Proigualdad, es necesario, “no dejar especulaciones y lagunas en la legislación, sino precisar en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres el nombre de Programa Nacional para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres”.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, relató que en México la igualdad se debe traducir en oportunidades reales y efectivas para aspirar a un trabajo digno, tener acceso a la educación, a servicios de salud y de seguridad, competir por puestos o cargos de representación popular y, principalmente, a participar en los asuntos de las comunidades, organizaciones y partidos políticos.

Puntualizó que la base fundamental para que se cumpla con este objetivo es contar con leyes que fomenten la igualdad de género, que protejan tanto a hombres como a mujeres; por ello, se congratuló de homogenizar los términos en que la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se refieren al programa conocido como Proigualdad.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras (PRD) mencionó que el dictamen propone de manera muy acertada la armonización de las leyes y agregó que dentro de la agenda nacional de su partido, está eliminar la discriminación contra las mujeres y proveer la igualdad sustantiva entre ellas y los hombres.

“Coincidimos en la pertinencia de homologar los términos en que ambas leyes hacen referencia al programa social del gobierno federal, que tiene como objetivo disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres”, añadió.

Por el PRI, la diputada María Rocío García Olmedo argumentó que las mujeres han alcanzado avances significativos en los ámbitos económico, político y social; sin embargo, estos se han dado de forma paulatina y no siempre a la velocidad que lo demanda la dinámica social del país.

Este dictamen, dijo, dará certeza y seguridad jurídica en la aplicación de las normas, homologando las leyes en la materia, evitando cualquier laguna jurídica que pudiera interferir en garantizar los derechos de las mujeres, e impidiendo que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

La diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) refirió que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas más del 70 por ciento de las mujeres en el mundo sufren algún tipo de violencia. En México se cometen 6.4 feminicidios al día, colocándose por encima de la media mundial; de 2005 a 2011 la tasa de violaciones pasó de 25 a 29 por cada 100 mil habitantes.

Expuso que es necesario dar el seguimiento a cualquier iniciativa que resulte en beneficio de las mujeres, “ya que cada una de estas acciones es un granito de arena en el mejoramiento de sus condiciones de vida”. Añadió que “la igualdad entre la mujer y el hombre está en la manera de decidir y de actuar; implica compromiso, puntualizó.

Aprobado en lo general y particular el dictamen que reforma las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7 y la I del artículo 26, la denominación del capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, se devolvió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el próximo martes 4 de noviembre, a las 11:00 horas.

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