30-10-2014.- La Comisión de Asuntos Indígenas solicitará la reasignación de 8 mil millones de pesos manejados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y una ampliación de 2 mil millones para éste que es el organismo más cercano a los pueblos originarios.

Lo anterior fue aprobado de manera unánime por la instancia legislativa, como su opinión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 en el rubro, que entregará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Los legisladores destacaron la insuficiencia de recursos y cuestionaron la reducción a la CDI.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PAN), presidenta de la comisión, sostuvo que en materia presupuestaria “falta mucho por hacer para cubrir la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas, porque hay fondos discrecionales que no se conoce hacia dónde van”.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD) explicó que la Sedesol maneja 12 mil 958 millones de pesos para las pensiones de 2 millones 200 mil adultos mayores indígenas; sin embargo, “el análisis de las proyecciones de la CDI y de la Sedesol no coinciden, como tampoco los padrones de beneficiarios, ya que para ese programa se requieren sólo 5 mil 80 millones de pesos para atenderlos”.

Por ello, dijo, es necesaria la reasignación de 8 mil millones de pesos a la CDI, a fin de fortalecer la infraestructura básica, educación intercultural, producción y productividad de las comunidades originarias.

Propuso una reunión con la Sedesol y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de determinar el número exacto de la población indígena de 65 años y más que pueda beneficiarse de la pensión.

“Es discutible y negociable a qué rubros pueden aumentarse recursos, porque ocurre que tenemos bolsas ocultas en varios rubros del Presupuesto de Egresos, que no hemos sido capaces de darle seguimiento puntual al correcto ejercicio de los recursos etiquetados ni tampoco hemos tenido la capacidad de fiscalizar a las 14 instituciones que los manejan”, apuntó.

Refirió que entre estas dependencias se encuentra la CDI, “el organismo al que mejor acceden los indígenas”; por eso, agregó, se requiere darle mayor capacidad operativa y administrativa, para evitar que el rezago que sufren los pueblos autóctonos se ensanche.

Manifestó su preocupación por el decremento cercano a los 100 millones de pesos que registra para 2015, respecto a lo etiquetado para el presente año, y por la insuficiencia de recursos para el desarrollo de la cultura integral de esta población, ya que prevalecen grandes rezagos carreteros, en agua potable y otros rubros indispensables.

Indicó que la propuesta del PEF 2015 establece en el Anexo 10, relativo a las Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, una asignación global por arriba de los 77 mil 545 millones de pesos, con un incremento marginal de 0.48 por ciento, equivalente a más de 370 millones de pesos en comparación con lo aprobado este 2014.

Sobre los dos mil millones de pesos de ampliación también para la CDI, señaló que se propone integrar una bolsa con el ingreso adicional que se prevé captar con el cambio en la paridad del peso frente al dólar.

La diputada Cruz Mendoza refirió la falta transparencia en el manejo de los recursos destinados a los pueblos autóctonos, debido a que en su mayoría son transversales y las dependencias no entregan informes del uso y destino del presupuesto.

Salvo la CDI, “que es la única instancia que notifica, las demás dependencias como las secretarías de Educación Pública, Salud, Medio Ambiente o Sedesol no informan ni tampoco dan a conocer el padrón de los beneficiarios de los programas para pueblos y comunidades indígenas”, subrayó.

Por su parte, el diputado Roberto López Rosado (PRD) afirmó que en el Presupuesto de Egresos 2015 “no vemos que se atiendan los grandes rezagos y deudas históricas con las comunidades indígenas. Hay una omisión acentuada respecto a caminos rurales, infraestructura básica, educación y salud, ya que no hay un aumento porcentual para resolver estas necesidades”, apuntó.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) dijo que “los indígenas siguen sufriendo discriminación y maltrato por parte de la alta burocracia. No nos fue bien en las proyecciones presupuestarias. No se vale que exista la gran brecha de desigualdad”, resaltó.

La perredista Yazmín de los Ángeles Copete Zapot sostuvo que para designar el presupuesto a los pueblos originarios debe prevalecer el criterio de los diputados federales, ya que son los que saben las necesidades de los indígenas y “los funcionarios carecen de ese conocimiento”.

Comentó que un número considerable de adultos mayores indígenas aún no tienen acceso a la pensión universal, pese a ser un derecho constitucional y no una dádiva. “Sólo los traen a la vuelta y vuelta en las oficinas, sin que se les entregue el beneficio”, precisó.

Al participar, la diputada Josefina García Hernández (PRI) aseguró que los indígenas son el sector más pobre del país, por lo que propuso a sus homólogos “ser vigilantes de la aplicación del presupuesto, para que las instancias públicas utilicen efectivamente los recursos y se beneficie a las comunidades más pobres”.

Afirmó que su grupo parlamentario sí busca mayor presupuesto para los pueblos originarios y a la vez vigilar estrictamente su aplicación en infraestructura, educación, salud y productividad.

A propuesta del diputado Martínez Martínez, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas rindieron un minuto de silencio por la muerte de seis víctimas en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre.

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