02-09-2014.- La Cámara de Diputados exhortó al gobierno de Sonora y a las secretarías de Economía, Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a imponer multas ejemplares y cualquier otra sanción que resulte, en contra de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, como consecuencia del derrame de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi.

En atención a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, también se exhortó a la Comisión Especial de Seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora, a fin de que ejerza a la mayor brevedad posible las funciones para las cuales fue creada.

Asimismo, se allegue de toda la información pertinente para cumplir con su objetivo y, en su caso, proponga aquellas reformas que mejoren y hagan más efectiva la legislación que regula la materia objeto de su creación.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) señaló que la de Sonora es una de las cuatro tragedias ambientales que se han suscitado en un mes. Las otras fueron en los municipios de Cadereyta, Nuevo León; Huimanguillo, Tabasco, y Oro, Durango, ocasionadas con cianuro.

Consideró que es el preludio de la mayor devastación ecológica que viene para el país con la fractura hidráulica o fracking para explorar el gas natural, el cual “ha sido soslayado y menospreciado por el secretario de Medio Ambiente del gobierno federal”.

En su turno, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) subrayó que la sociedad exige sanciones y responsables porque esto es sólo el principio de “lo que se verá con los daños ecológicos en el tema del fracking y todas estas prácticas que no están reguladas”.

Resaltó que este caso será el antecedente de la sanción y la responsabilidad que el Congreso de la Unión deberá tener frente a la sociedad, no solamente de Sonora, y a la indolencia de empresas como Grupo México. “Esperemos que esta sea la primera penalidad de muchas y quede como antecedente de que en este país el que la hace la paga”.

Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) sostuvo que el desastre de Sonora es apenas el inicio de lo que habrá de ser “la depredación más grande que la historia y la patria hayan sufrido. Es un asunto muy grave que advierte la tragedia ecológica en la que nos veremos envueltos por la reforma energética”.

Manifestó su preocupación por la creación de una comisión, ya que “normalmente sirven para mediatizar, ocultar y evadir la responsabilidad de aquellos que cometieron delitos y daños”.

Por el PVEM, la diputada Lourdes Adriana López Moreno comentó que la creación de la Ley de Responsabilidad Ambiental ha sido un acierto y reconoció que, si bien es perfectible, antes no existía en la legislación una conceptualización de daño ambiental y mucho menos la exigencia de repararlo. Se pronunció por incrementar al doble todas las sanciones.

Lamentó que se haya puesto atención al tema ambiental hasta después de una afectación en Sonora de este tamaño, “pero esperamos contar con el respaldo para endurecer las leyes que permitan castigar a quienes están dañando los recursos naturales en nuestro país”.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD) subrayó que la empresa ocultó deliberadamente la falla, ya que además del ácido sulfúrico derramado en el río Sonora, se han encontrado arsénico, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre, en concentraciones superiores a las permitidas.

Recalcó que es el desastre ecológico más grande del estado de Sonora y, de acuerdo con especialistas, en los últimos años no se había presentado en México una situación tan grave. Por ello, se pronunció por que “se aplique la ley con mano dura y no quitar de la mesa la discusión del retiro de la concesión”.

El diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado (PAN) destacó la magnitud del problema ecológico y social que representa el derrame de químicos a lo largo de las aguas de Sonora; por tanto, su fracción avala y respalda el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Exhortó a las autoridades a aplicar correctamente las leyes. Mencionó que es pertinente que el titular del Ejecutivo fortalezca las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente como Semarnat y Profepa, entre otras, y se reactiven las actividades económicas de la región afectada.

En su participación, la diputada Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, señaló que el derrame de sustancias toxicas afectaron gravemente la calidad del agua de toda la región. Subrayó que debido al desastre ambiental, alrededor de 700 pozos se encuentran cerrados, lo cual priva de líquido vital a miles de personas, entre ellos agricultores y ganaderos, ante la imposibilidad de regar sus tierras con aguas contaminadas.

De igual forma, invitó a las autoridades a aplicar sanciones a los responsables y coincidió plenamente en que “se debe actuar con todo el rigor de la ley, de forma imparcial y sin prejuicios”.

Manuel Añorve Baños, diputado del grupo parlamentario del PRI, subrayó también la problemática derivada del derrame de sustancias químicas en ríos de Sonora, entre ellos el desabasto de agua, encarecimiento del líquido vital embotellado, afectación a más de 20 mil sonorenses, ganado retirado, afectaciones en exportación de carne y suspensión de ciclos escolares en determinado momento.

Indicó que “la empresa Grupo México es responsable del desastre y ha tenido un comportamiento poco ético durante la crisis que se está viviendo”. La comisión especial busca el resarcimiento de los daños, el cual, afirmó, debe ser ejemplar; entre ellos, la suspensión de la mina Cananea mientras se evalúan daños y se garantiza el saneamiento del medio ambiente, e indemnizaciones a la población afectada.

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