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| Boletín N°. 4097 | Comisión se reúne con funcionarios de la PGR para conocer acciones realizadas en “La Gran Familia” |
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09-09-2014.- La Comisión de Derechos de la Niñez se reunió con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de conocer las acciones realizadas en el albergue “La Gran Familia”.
La presidenta de dicha instancia legislativa, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), indicó que es necesario crear un sistema de información de albergues públicos y privados que permita conocer la situación general de cada uno.
La legisladora resaltó que estos espacios públicos y privados alojan a 90 mil niños, niñas y adolescentes, de los que no se sabe a detalle cómo viven, su edad, circunstancias por las que llegaron y el seguimiento que se les da.
“Es indispensable un sistema de información que contenga todos los resguardos públicos y privados que existen en México, con el propósito de garantizar los derechos de los infantes”, insistió.
Agregó que la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo sobre la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes se tiene que reforzar, a fin de aplicar políticas públicas que den atención a los infantes.
Por su parte, el director general de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Joaquín Tórrez Osorno, informó que se rescataron 536 personas de “La Gran Familia” que sufrieron privación ilegal de la libertad, violencia sexual y robo de identidad. Se trata de delincuencia organizada, porque un grupo de personas se organizó para cometer esos delitos, indicó.
Detalló que fueron “privados de su libertad” 322 hombres y 214 mujeres, la mayoría entre 0 y 20 años, de los cuales 48 se canalizaron a instituciones privadas, 309 a resguardos públicos y 179 reinstalados con sus familias.
Informó que 46 se encuentran en el DIF nacional y 257 en los DIF estatales de Baja California, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
Sobre la imputabilidad de la señora Rosa Verduzco, encargada del albergue, indicó que de acuerdo al artículo 55 del Código Penal, que establece la edad en la que se puede considerar a una persona como denunciable, “ese tema ya no es irreversible para poder imputarle un delito, aunque evidentemente pudiera ser culpable”, acotó.
En su turno, la jefa de Unidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerias Guerra, explicó que a muchos niños y niñas se les robó su identidad, ya que al ingresar al albergue se les cambiaron sus apellidos originales a Verduzco Verduzco, por lo que tuvieron que aplicar pruebas de ADN para entregárselos a sus padres, quienes, señaló, llevaron actas de nacimiento, fotos y una carta de sucesión de derechos que les dio a firmar el albergue.
Asimismo, apuntó, trabajadoras sociales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hicieron entrevistas a padres y niños para saber si podían reintegrarse con sus familias, mientras que otros se canalizaron a diversos albergues de acuerdo a las condiciones de cada uno.
El director de Atención Psicosocial de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Jesús Moreno Rogel, indicó que debido a las condiciones de higiene y emocionales en que se encontraban los internos, fue necesario preservar su estabilidad psico-emocional, por lo que se implementaron actividades y estrategias que garantizaran la seguridad de los niños y niñas.
Después de conocer el caso del albergue “La Gran Familia”, la diputada Verónica Juárez Piña lamentó “la vulnerabilidad y la violación a los derechos sobre su identidad y privación de libertad que sufrieron los niños, niñas y adolescentes que ahí se encontraban”.
A eso se deben, confirmó, las reuniones con todas las instancias involucradas en este hecho como son la PGR y el DIF nacional, a fin de darle seguimiento.
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