18-09-2014.-

• Se modificó su nombre en 2013, pero no se habían actualizado las leyes que la vinculan
• Es una propuesta para avalar construcción del nuevo aeropuerto y que “las ciudades se coman al campo”: Ladrón de Guevara

La Cámara de Diputados aprobó con 369 votos a favor y nueve abstenciones, el dictamen de la minuta que armoniza diversas leyes para que el nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sea actualizado en los distintos ordenamientos y la dependencia tenga la certeza jurídica para desempeñar sus atribuciones, facultades y obligaciones.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (PRD) presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, recordó que el 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la que la antigua Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se transformó en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por tanto, agregó, y ante las nuevas atribuciones de la Sedatu, surgió la necesidad de actualizar las leyes que la vinculan.

Consideró que es incoherente que se haya creado una nueva entidad en la Administración Pública Federal y que la legislación vigente no le conceda certeza en sus funciones, atribuciones y obligaciones.

Es de explorado derecho, dijo, que a fin de otorgar certeza jurídica, se realiza la actualización de diversas disposiciones legales para establecer congruencia y consistencia en el marco jurídico aplicable a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de garantizar el desarrollo agrario, fomento a la vivienda, y los programas relativos al orden territorial.

El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) se manifestó en contra al considerar que el punto medular no se centra en modificar la denominación de la dependencia, sino en lo que esconde la propuesta, que es “coadyuvar a que las ciudades se sigan comiendo al campo”.

Para muestra, dijo, “un botón: la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en suelos de agricultura extensiva”.

El legislador mencionó que es inconveniente que se construya en la zona de Texcoco, municipio que se encuentra sobrepoblado, donde no hay agua suficiente ni servicios públicos. El proyecto, abundó, “sigue fomentando el desequilibrio ecológico y el gigantismo urbano”.

Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, destacó que es urgente armonizar las leyes secundarias a los recientes cambios constitucionales, aunque precisó que esta reforma “es más de forma que de fondo. Es decir, es cosmética”.

Añadió que uno de los primeros actos de gobierno es reformar el marco jurídico que regula la esfera de competencia de algunas dependencias, con la finalidad de adecuarlo a las necesidades del grupo en el poder. En muchas ocasiones, aseguró, sin que exista una necesidad real ni se beneficie a la sociedad.

Ricardo Mejía Berdeja, también de Movimiento Ciudadano, coincidió en que se trata de una reforma menor. “Es un cambio con el cual no podríamos estar en desacuerdo, pero me parece que el tema tendría que ser las atribuciones y las funciones que ya ha desempeñado la secretaría y a la cual hemos visto particularmente lenta, particularmente en desastres.

Por otra parte, manifestó que el aeropuerto de la Ciudad de México es el gran negocio transexenal del grupo Atlacomulco. “Son de 169 mil millones de pesos, donde veremos a las constructoras favoritas del gobierno”.

El dictamen aprobado reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de La Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

Se devolvió al Senado de la República luego de considerarse como inviable la propuesta de incluir a la Sedatu en el Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, así como la improcedencia para derogar el artículo 19, fracciones VII y IX, de la Ley General de Desarrollo Social.

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