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| Boletín N°. 4205 | Caso Rosendo Radilla obliga al Estado mexicano a adoptar estándares de sanción contra la desaparición forzada |
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24-09-2014.- En el marco del ciclo de conferencias sobre el nuevo sistema de justicia basado en la presunción de inocencia y el pleno respeto de los derechos humanos, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) presentó la conferencia del magistrado Arturo César Morales Ramírez.
El director de Estudios Parlamentarios del CEDIP, Luis Mendoza Cruz, comentó que la conferencia magistral del juez, “Los derechos humanos en el contexto constitucional”, ayuda a conocer la eficiencia de este sistema de justicia.
En su intervención, Morales Ramírez, magistrado del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito Judicial, precisó que la reforma al artículo 1 y 29 a la Constitución, en materia de amparo y derechos humanos, publicada en junio del 2011, da herramientas para resolver asuntos que impactan directamente en la administración de justicia federal.
Las reformas a la Carta Magna, señaló, generan la necesidad de profundizar en el estudio de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.
Comentó que en el caso de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Rosendo Radilla, líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, detenido ilegalmente en un retén militar el 25 de agosto de 1974, es de gran relevancia, ya que condena al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos.
La CIDH ordenó una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las violaciones. Las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esta sentencia y de las sucesivas que emita la CIDH.
Se obliga al Estado mexicano a someterse a una convención sobre derechos humanos y a una jurisdicción contenciosa de la Corte, por lo que tiene que cumplir e implementar las acciones que sirvan para fomentar la protección de garantías y reajustar sus leyes y conductas violatorias a las mismas.
“Esto, con la finalidad de que México armonice un derecho interno con un externo y encontrar uno en común, es decir, aplicar una norma internacional que se pueda implementar”, subrayó.
El caso Radilla, agregó, resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares de derecho internacional en relación a la investigación y sanción de la desaparición forzada.
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