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| Boletín N°. 4215 | Nuevo sistema de justicia es fundamental, pero requiere de funcionarios con vocación y ética: Murillo Karam |
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24-09-2014.- Con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, las comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Investigación de Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, sus Empresas Subsidiarias y Filiales de 2006 a la Fecha, se reunieron con el procurador General de Republica, Jesús Murillo Karam.
Los legisladores externaron sus preocupaciones sobre la creación de la Fiscalía General de la República, la impunidad en la procuración de justicia, la capacitación de los elementos de la Policía Federal Ministerial, las muertes en Tlatlaya, los derechos humanos, el debido proceso y el uso legítimo de la fuerza, las personas desaparecidas, el caso de Oceanografía y el robo de combustible.
En su participación, Murillo Karam aseguró que la implementación de un nuevo sistema de justicia es fundamental, pero requiere de una nueva concepción de funcionarios públicos, que tengan vocación y principios éticos. “Ojalá y sean pocos los años que nos tardemos en lograr esto. Queremos dejar instituciones que puedan garantizarnos una forma distinta de aplicar y de recibir la justicia”.
Indicó que en el momento en que se determine que la Procuraduría se convierta en Fiscalía, se tendrán que transformar algunas áreas, por lo que “hemos estado desde hace unos meses especializando los grupos de investigadores en materias específicas, para que puedan realmente ir al lugar en donde sucede un tipo de delito”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN), externó su preocupación por el altísimo porcentaje de impunidad que hay en el país, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Persecución del Delito 2013, se alcanzó cerca del 92 por ciento.
Mencionó que para tener una procuración de justicia eficaz y fuerte, se necesita de formación, capacitación e integrar los expedientes de forma precisa, sólida e indudable, así como profesionalizar al Ministerio Público federal. “Es un requisito indispensable y básico para que no haya criminales libres en las calles y se genere un círculo vicioso”.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, dijo, se cuenta con el menor número de elementos de la Policía Federal Ministerial, desde el año 2000. Para contar con una Fiscalía más fuerte, añadió, se debe iniciar –cuanto antes- un proceso de reclutamiento que seleccione a los mejores hombres y mujeres del país al servicio de la justicia, pues la PGR tiene más personal directivo y administrativo que sustantivo (agentes, policías y peritos).
A su vez, el presidente de la Comisión Investigadora de los Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD), preguntó sobre los avances en el tema de Oceanografía, las denuncias presentadas y si el Gobierno federal, en el marco de la discusión de la Reforma Energética, “avala la discrecionalidad de la aplicación de la justicia o solamente son las conducciones normales y naturales de estas averiguaciones previas”.
También, inquirió si es cierto que en siete años consignó la PGR sólo el 13 por ciento de los casos por robo de combustible; cuál es el estado que guardan las averiguaciones por la denuncia del río San Juan, en Nuevo León, qué hallazgos y avances hay, y sobre la denuncia penal presentada contra Grupo México por la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora.
Condenó el artero asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel y reiteró la postura de que la PGR atraiga el caso y dé con los responsables, “ya que se convirtió en un franco desafío a las instituciones; es condenable cualquier asesinato de un diputado federal y de un representante de uno de los poderes del Estado; me parece que de ninguna manera debe quedar impune”.
De la Comisión de Justicia, su presidente, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), afirmó que el titular de la PGR tiene perfectamente establecidos los focos de a dónde debe llevarse a esta institución en ese tránsito hacia un nuevo sistema de justicia penal que requiere la capacitación, actualización y profesionalización de todos los actores que están a su mando.
Al iniciar los posicionamientos, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) señaló que la procuración de justicia vive momentos coyunturales, pues desde hace 90 años no hay cambios jurídicos y la nueva reingeniería legal se basa en el impulso que el presidente Peña Nieto, a través de sus iniciativas, ha ido generando para diseñar la estructura de lo que va a ser el nuevo sistema penal.
Destacó que la Fiscalía General de la República, no solamente es un cambio de nombre, sino de diseño institucional, de un paradigma que duró 90 años y que ahora, “socialmente, todos tenemos que ir trabajando para entenderlo y aterrizando”, pues la fiscalía tendrá total autonomía, no dependerá de ningún poder específico del Estado y el titular será designado por el Senado de la República, ya no será una atribución del Ejecutivo.
La creación del nuevo sistema penal acusatorio en el país, argumentó, implica un cambio que ya ha sido realidad; tiene su estructura y su guión. La oralidad permitirá hacer que los procesos sean más rápidos y exista trasparencia en el momento en que se rindan y se dicten las sentencias. “Los priistas confiamos en el procurador, en la procuración de justicia y en las instituciones que han generado esta estructura tan valiosa”, abundó.
Por el PAN, la diputada Karina Labastida Sotelo expresó que un tema que lastima a los ciudadanos es el desempeño de los Ministerios Públicos poco comprometidos, que lejos de ayudar a las víctimas del delito en muchas ocasiones las revictimizan, pues sólo uno de cada 10 delitos es denunciable, y la causa de ello es la falta de confianza en las autoridades, amén del temor a las represalias por la colusión de éstas con los delincuentes.
Subrayó que el gobierno presume una disminución del 18 por ciento en homicidios dolosos relacionados a delitos federales, pero esa situación está muy lejos de la realidad. Exigió se actué para sancionar a los responsables de liberar a los delincuentes y detalló que en política criminal, la PGR no ha destacado, “pues todo indica que le resulta más fácil criminalizar a quien comete un robo simple, que al policía ministerial federal que extorsiona comerciantes, secuestra o vende armas”.
Se manifestó para que de manera urgente se tenga una Procuraduría más cercana a los ciudadanos y genere confianza. “Necesitamos fomentar el apego a la transparencia y la rendición de cuentas, con la finalidad de presentar un combate frontal y efectivo contra los crímenes, la corrupción, pero sobre todo contra la injusticia. Seguiremos luchando por un Estado que no se someta a la voluntad y al poder de los grupos criminales”, abundó.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD) indicó que la máxima instancia federal para esclarecer hechos delictivos y lograr sanciones justas ha tenido un pobre desempeño. La efectividad de la justicia tiene un impacto sobre los índices de violencia y esto no ha ocurrido, pues la tasa de impunidad se mantiene arriba del 93 por ciento para delitos denunciados y 98.5 por ciento para delitos cometidos.
La Procuraduría, añadió, enfrenta serios problemas de operación, coordinación y mando; en su interior prevalece una marcada tendencia a las relaciones clientelares y de grupo. “La eficacia y la eficiencia de la PGR dejan mucho qué desear. Los grandes cárteles continúan incursionando en robo, extorsión, secuestro, trata de personas y asesinato”.
Manifestó su preocupación sobre el caso de Tlatlaya, las técnicas de tortura; las personas desaparecidas y el futuro del sistema penal acusatorio, “pues fabricar culpables, alterar pruebas, encerrar inocentes, inventar delitos son mecanismos sintomáticos de un sistema de procuración de justicia disfuncional. Reiteramos nuestra disposición para atender las necesidades de presupuesto de esta institución, que esperamos que al ser fiscalía signifique o represente un verdadero cambio en la estrategia para la procuración de justicia”.
En representación del Verde Ecologista, el diputado Antonio Cuéllar Steffan celebró el Segundo Informe de Gobierno en materia de seguridad pública, pues contiene “datos duros y estadísticas que no engañan” del rumbo que ha tomado el Ejecutivo federal para combatir la delincuencia.
Empero, se pronunció por no “echar las campanas al vuelo” en virtud de que la sociedad demanda más resultados en la erradicación de la impunidad, prevención, investigación científica, mejor sistema acusatorio, atención a las víctimas del delito, reinserción de los delincuentes y pronta reparación de los daños.
Opinó que esta tarea compete a los poderes Ejecutivo y Legislativo indistintamente, por lo que reiteró el compromiso de su fracción parlamentaria para avalar iniciativas y fortalecer un marco jurídico que brinde éxito al combate del crimen “que inhibe el desarrollo de México”.
De Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja afirmó que en la actual administración continúan la violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y la tortura, a pesar de los señalamientos de organismos internacionales.
Asimismo, “la guerra contra el narcotráfico no ha terminado. No es que haya menos delincuencia que antes, sólo que ahora se oculta mejor”, dijo, además de que persisten las cifras maquilladas en relación a las personas desaparecidas en el país.
Por otra parte, hizo hincapié en la obligación de la Procuraduría de resolver casos como el de Oceanografía, la impunidad de Servando Gómez Martínez “La Tuta”, la recién denunciada masacre en Tlatlaya, Estado de México, y el asesinato del legislador federal Gabriel Gómez Michel, ocurrido el mismo día que “el titular del Ejecutivo presumía la disminución de la delincuencia” en una visita a Estados Unidos.
La diputada Lilia Aguilar Gil, en representación del PT, refirió que, de acuerdo a la Human Rights Watch, en lo que va de la actual administración 628 civiles han muerto en enfrentamientos con los militares.
“El objetivo del Estado no es el de castigar y ejecutar a las personas. Tampoco ése es el objetivo de la procuración y la impartición de justicia”, acotó, y sostuvo que los hechos denunciados, como el de Tlatlaya, “no solamente son preocupantes sino que parecieran el augurio de viejos tiempos de impunidad, de abusos y de violaciones de los derechos humanos”.
La legisladora se sumó al pronunciamiento para resolver el homicidio de Gabriel Gómez Michel, en virtud de que “quien ataca a un diputado, ataca a la institución”, y coincidió en la necesidad de esclarecer los casos del empresario Amado Omar Yáñez Osuna y de Grupo México.
En la última intervención, la diputada de Nueva Alianza, Sonia Rincón Chanona, subrayó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública de 2013, de cada 100 delitos, excluyendo delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico de indocumentados, más de 92 no se denuncian.
“Pareciera que la impunidad es la normalidad en materia de justicia, estamos acostumbrados a no denunciar los delitos, porque partimos de la idea de que no habrá consecuencias jurídicas. No podemos ser insensibles a uno de los más sentidos clamores de la sociedad”, agregó.
En consecuencia, consideró primordial promover la cultura de la denuncia y fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos de las víctimas. “Resulta inadmisible que por negligencia de los ministerios, los delincuentes no sean sentenciados para que paguen o reparen el daño social que han provocado”, concluyó.
Luego de rendir protesta de decir verdad, el titular de la PGR sostuvo que en dos años del actual gobierno se emprendió una ardua tarea para instaurar a nivel federal la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
“No se trata de ver qué salas ponemos para ver a donde se hacen los juicios, qué edificios construimos para ver en donde se instalan los que van a juzgar o los que van a investigar; se trata fundamentalmente de construir algo que es mucho más difícil: una nueva mentalidad”, añadió.
Indicó que cuando se hizo la reforma penal, se planteaba mejorar el procedimiento, para lograr estratificar adecuadamente algo “a lo que todavía nos queda mucho tramo por hacer, como ver cuáles son los delitos que realmente merecen pena corporal, cuál es el tamaño de las penas, cuáles son aquellos que pueden pasar por medios alternativos, cómo los vamos a plantear en los términos de la nueva ley y cómo vamos a capacitar al personal que tiene muchos años trabajando bajo un sistema”.
Esa, dijo, es una tarea que se tiene que terminar en el plazo que indica la ley, pero que tendrá que ser permanente. “Va a llegar un momento en que vamos a tener tres procesos, el viejo, el nuevo y los que se quedan en medio. Y tendremos que tener jueces, ministerios públicos, investigadores, peritos, que puedan entender la forma de los tres”, afirmó.
Murillo Karam expuso que para alcanzar ese objetivo, se construyó un instituto de capacitación que ya tiene la procuraduría, el Inacipe (Instituto Nacional de Ciencias Penales), así como la creación de uno nuevo que, además, asuma estos dos de formación profesional, para que esta sea permanente.
“El mejor control de confianza que puede darse es el perfecto y continuo seguimiento al desempeño de cada uno de los trabajadores. Parece difícil, pero hoy, con todos los medios electrónicos y las posibilidades técnicas que hay, puede ser más sencillo”, sostuvo.
Puntualizó que el nuevo instituto que se construyó en San Juan del Río, Querétaro, está en un terreno que había pertenecido a un delincuente y que hoy tiene todo lo que la tecnología puede dar para capacitación y estudios expeditos; tiene 500 camas, un comedor para 500 personas, aulas modernas, salas de proyección, áreas deportivas y un auditorio.
El funcionario reconoció problemas serios con las áreas de investigación de la Procuraduría, pues estaban aisladas, por lo que se decidió unificarlas. El área pericial, dijo, es buena, toda vez que se ha venido reforzando, pues ya se cuentan entre 93 y 96 camionetas que tienen laboratorios de diferentes especialidades.
Estas unidades se van a ubicar “en las diferentes entidades del país, de manera tal que el acceso a una escena de crimen pueda ser inmediata y el análisis también. Una gran cantidad de casos se complican y se dificultan porque la escena en donde se dio, se modificó o se cambió o no es posible asegurarla”. Además, se tienen 34 helicópteros y 3 aeronaves.
Mencionó que se habilitaron más delegaciones e incluso se construyó una nueva en Tabasco, porque estaba en pésimas condiciones.
Otra problemática, expresó, es la información, pues cualquiera que conozca un expediente penal “sabe que es un cerro de papeles enorme y en ocasiones son aburridos, repetitivos, inconsistentes, difíciles de analizar y lo que un investigador requiere, que es información fresca que pueda ser compatible, no se da”; por ello, detalló, se necesita digitalizarlos, para que el próximo proceso penal pueda darse de manera viable y adecuada.
“Necesitamos empezar a digitalizar todos esos expedientes, y por lo pronto los nuevos tenemos que hacerlos ya, conforme el nuevo sistema nos lo va a reclamar, en el sentido de que ya estén en condiciones de poder ser digitalizados”, afirmó.
Mencionó que una de las grandes cualidades del nuevo Sistema de Justicia Penal consiste en que los sistemas de intermediación le van a quitar mucho trabajo a los jueces, porque solamente llegarán a juicio aquellos casos que verdaderamente lo reclamen, que tengan una gravedad tal que ameriten la prisión o que deban ser juzgados por el interés público de otra manera.
Los estados que ya están implementando el procedimiento nuevo, resaltó, tienen tropiezos y correcciones, pero en la mayor parte de los casos realmente les ha facilitado el trabajo y han podido ser mucho más ágiles y más eficientes. “Espero que podamos hacerlo también en el nivel federal”.
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