30-09-2014.- El Pleno camaral acordó solicitar a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia la creación de un Grupo de Trabajo plural de diputadas y diputados que cooperen con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de este año.

A través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado en votación económica, exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a atraer la investigación, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.

También pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar los acontecimientos en cuestión y determine si hubo violaciones a los derechos fundamentales.

Sobre el tema, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) sostuvo que lo ocurrido en Tlatlaya obliga a revisar el marco legal en el que intervienen las Fuerzas Armadas, no sólo para preservar los derechos humanos de los involucrados sino para fortalecer la función institucional en el marco de la protección de garantías y derechos humanos.

“No se trata de prejuzgar o juzgar la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas ante presuntos delincuentes, sino conocer la operación y coordinación de las instituciones involucradas y las medidas de garantía de los derechos humanos en el uso de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) destacó que las diversas versiones “nos hacen cuestionar la realidad de lo acontecido ese día en Tlatlaya, donde perdieron la vida 22 personas supuestamente pertenecientes al crimen organizado”.

Mencionó que la conformación del Grupo de Trabajo es vital para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación. “El propósito es enviar un mensaje claro acerca de la importancia que representa para nosotros, los diputados de esta LXII Legislatura, el llegar a la verdad en lo ocurrido en el caso de Tlatlaya”.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano, expresó que lo mínimo que puede hacer esta representación popular es constituir un grupo de trabajo para que pueda profundizar en los hechos.

“Lo que sí tendría que hacerse con estas personas que fueron detenidas, sería juzgarlos por el fuero común, atendiendo a la reforma que elimina el fuero militar. Con eso podría completarse, pero lo que haga esta cámara contribuirá al esclarecimiento de los hechos; que no haya este tipo de ejecuciones sumarias que hablan de un Estado autoritario y una regresión inadmisible”, planteó.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) subrayó que los lamentables acontecimientos de Tlatlaya se potencian cuando se ven involucradas las fuerzas militares, pues ello implica un abuso de poder, con alevosía y ventaja, “ya que los cuerpos castrenses fueron adiestrados para el enfrentamiento en sus diversas modalidades. En cambio la mayoría de las personas, quienes integran la sociedad civil, no”.

Argumentó que como parte integrante de uno de los poderes públicos, es importante poner énfasis en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, “ya que colocan a México en el ojo del huracán en el concierto internacional. Estamos a favor de que las ópticas de la justicia y los derechos humanos, y la integración de grupos de trabajo que propicien criterios que acompañen a los de la procuraduría”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) puntualizó que Tlatlaya es solamente la muestra de un botón de lo que está sucediendo en el país y en su política interior. “La presunta ejecución de 22 personas que la PGR ha llamado presuntos delincuentes, en lo que se presume que ha sido una ejecución del Ejército Mexicano, nos pone en duda, en la participación que debe tener el Ejército en la prestación de servicios en el tema de seguridad pública”.

Tlatlaya, dijo, también es claramente un asesinato o una ejecución que no debería suceder en países democráticos como México. Agregó que la creación del Grupo de Trabajo responde a la necesidad de que el poder público pueda intervenir en lo que “nosotros decimos que es un ejemplo claro de la restructuración de la participación del Ejército en México”.

Catalino Duarte Ortuño, diputado del PRD, agregó que es cuestionable la reacción del gobierno federal en el tema de la procuración de justicia, pues “tuvieron primeramente que opinar y sugerir los extranjeros, para ponerle atención al tema”.

Mencionó que este hecho lacera al país y “nos coloca en una situación difícil por violar garantías constitucionales, derechos humanos. Por el bien de México y de nuestra nación, es necesario rescatar la credibilidad de las fuerzas federales, de nuestro Ejército y de la Marina; tener una investigación pronta, profesional, en la que se castigue a quienes, si es que así fue, asesinaron a estas personas”.

A su vez, el diputado Carlos Fernando Angulo Párra (PAN) destacó que el crimen se tiene que combatir y las víctimas proteger, “pero en un Estado civilizado el crimen no se puede combatir con crimen, mucho menos si éste es de lesa humanidad o si son abusos cometidos por instituciones del Estado mexicano”.

Resaltó que estos presuntos culpables de inmediato se tienen que poner a disposición de la autoridad civil para cumplir los ordenamientos legales. Este Grupo de Trabajo, dijo, estará abocado a que se lleven a cabo las pesquisas de una manera adecuada y hacer las recomendaciones que correspondan al Ejecutivo federal.

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