• Es irónico que no sea la falta de fondos, sino una administración deficiente, lo que impide acercar satisfactores a ciudadanos más vulnerables, señala

15-04-2015.- El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, informó a los diputados que los principales problemas que afectan la eficiencia de los objetivos de los programas y políticas públicas en materia de desarrollo social, es la ausencia de datos sistematizados y confiables respecto a sus receptores, lo que debilita el impacto de los subsidios y apoyos.

Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado José Luis Muñoz Soria, con motivo del Análisis de las auditorías en funciones de desarrollo social del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013, el titular de la ASF precisó que la carencia de esos datos puede tener un costo social, pues genera la percepción de que los programas sociales no son operados atendiendo a criterios de equidad y eficacia.

La ASF, indicó, ha identificado en diversas auditorías elementos que ponen en riesgo la efectividad de los programas sociales, subsidios y apoyos proporcionados por el gobierno federal. Detalló que no se tienen datos completos de los conceptos, importes de apoyo, o bien, hasta para la identificación de los beneficiarios mismos, lo cual impide detectar y determinar la existencia de duplicidades de apoyos recibidos de diferentes secretarías.

Asimismo, el número de beneficiarios que se incluye en los sistemas presenta diferencias con lo reportado en la Cuenta Pública; en las dependencias participantes no existen mecanismos óptimos para emitir información confiable y oportuna, y se utilizan padrones alimentados por distintos organismos auxiliares.

Además, se recurre a bases de datos alternas que hacen inconsistente y poco confiable lo reportado y se han invertido montos importantes de recursos para la elaboración de padrones de manera transexenal, pues esta información debería estar concebida para su utilidad en el largo plazo.

Enfatizó que estas situaciones afectan la homologación y simplificación en la operación de los programas de desarrollo social; la eficiencia en el otorgamiento de servicios y subsidios; la obtención de información para el seguimiento y evaluación de los programas; la asignación de apoyos sin duplicidades; la prevención de discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción, y la rendición de cuentas efectiva de la operación, impacto y eficacia en el otorgamiento de los recursos.

El auditor señaló que el Informe para este rubro incluye 109 auditorías que abarcan a 43 entes públicos. Se formularon 880 observaciones, que generaron mil 679 acciones: 818 recomendaciones al desempeño, 428 recomendaciones, 218 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias, 148 pliegos de observación, 45 solicitudes de aclaración, 15 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 7 multas.

Mencionó que otro tema que representa un área de riesgo que puede afectar el cumplimiento de las metas de los programas públicos, es el de los “Servicios suministrados por particulares”. De manera específica, dijo, el ISSSTE y el IMSS erogaron casi 17 mil millones de pesos en lo que corresponde a servicios médicos y de guarderías subrogadas a particulares.

Precisó que la subrogación, per se, no es un problema, sino la falta de supervisión en materia de seguridad y protección civil en las guarderías subrogadas, situación que se constató en el caso del ISSSTE. Por ello, es necesario reforzar los controles y supervisión necesarios.

Adicionalmente, en la fiscalización se evidenciaron riesgos en las políticas públicas relacionadas con agua potable, alcantarillado y saneamiento; vivienda; primer nivel de atención en salud; prevención contra la obesidad; protección social en salud; descentralización de servicios médicos de alta especialidad; educación básica; rezago educativo; conservación del patrimonio cultural, y programas de apoyo alimentario.

Juan Manuel Portal Martínez refirió que la evaluación del primer nivel de atención en salud, evidenció que a 2013 persistió la falta de mecanismos de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno y la insuficiente supervisión y evaluación de los resultados por parte de la Secretaría de Salud, lo que incide en el aumento de las tasas de morbilidad y de mortalidad por enfermedades no transmisibles, que se caracterizan por requerir tratamientos costosos y por largos periodos de tiempo.

Subrayó que persistieron las deficiencias en la prestación de los servicios de educación básica que repercutieron en la calidad de la enseñanza, debido a la falta de actualización y adaptación de los programas de estudio, y las debilidades en la profesionalización docente, relacionadas con el insuficiente nivel de aprendizaje de los estudiantes de las licenciaturas en educación básica.

Se detectó, agregó, falta de oferta de cursos de formación y superación profesional basada en un diagnóstico de las necesidades de profesionalización de las figuras educativas; carencia de servicios básicos en el 45.8 por ciento de las escuelas; no disponibilidad de equipos de cómputo para uso educativo en el 33 por ciento de las escuelas, y ausencia de los consejos técnico-escolares en el 38.7 por ciento.

El auditor consideró que es irónico que, en ocasiones, “no sea la falta de fondos sino una administración deficiente, lo que impide hacer llegar satisfactores elementales a la ciudadanía más vulnerable; agua, salud, educación, alimentación son condiciones básicas para avanzar en el desarrollo socioeconómico y proveer un mínimo de bienestar”.

Enfatizó que la información de la fiscalización proporciona a los legisladores una serie de parámetros, referencias y puntos de enfoque que no solo se circunscriben a los entes auditados; al contraponer el “ser” con el “deber ser” de la gestión gubernamental, “ofrecen un panorama comprensible de los errores, las inercias y los riesgos en que incurren los ejecutores del gasto, y de la manera cómo podrían evitarse, minimizarse o hasta eliminarse de la labor cotidiana”.

El titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Alejandro Romero Gudiño, sostuvo que en 2013 se erogaron 1.89 billones de pesos, lo que significó que de cada cien pesos del monto programable se destinaron cerca de 57 pesos para financiar programas de educación, salud, protección y desarrollo social.

Indicó que derivado de las 109 auditorías practicadas, la ASF determinó 880 observaciones por irregularidades diversas, las cuales dieron lugar a la promoción de mil 679 acciones; de éstas, mil 246 acciones fueron preventivas (428 recomendaciones y 818 recomendaciones al desempeño) y 433 correctivas.

De estas últimas, expuso, destacaron las 218 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, que representaron la mitad de la totalidad de las sanciones correctivas y los 148 pliegos de observaciones por probables daños al patrimonio de la hacienda pública federal, que significaron una tercera parte de las mismas.

Sostuvo que las entidades con mayor número de irregularidades y acciones promovidas fueron las secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Educación Pública, así como el ISSSTE, el IMSS y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

La mayor incidencia de irregularidades por auditoría practicada se identificó en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en la Universidad Popular de Chontalpa, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y en el Instituto Nacional de Geriatría.

Romero Gudiño precisó que como resultado de las revisiones practicadas, la ASF determinó recuperaciones por un monto de 12 mil 937.5 millones de pesos, de los cuales sólo el 0.5 por ciento se reporta como recuperaciones operadas, es decir, 66.2 millones de pesos. “Dicho monto casi triplicó las recuperaciones determinadas en el Informe del Resultado 2012, los cuales fueron de 4 mil 510.1 millones de pesos”.

Mencionó que cuatro entidades concentraron el 87 por ciento del total de recuperaciones: el IMSS, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y las secretarías de Salud y de Desarrollo Social.

Propuso a la Cámara de Diputados jerarquizar la relevancia de los programas para orientar el gasto social de forma más eficiente; evaluar el impacto de la Cruzada Nacional contra el Hambre; garantizar que los apoyos de programas sociales alcancen sus objetivos; evitar anomalías en adjudicaciones directas en la Administración Pública Federal.

También, fortalecer los programas destinados a combatir el acoso escolar; desarrollar un sistema de evaluación del desempeño en escuelas; establecer incentivos para retener a talentos mexicanos en el país; promover inversiones para la capacitación informática, así como impulsar mecanismos de medición del estado de salud de la población.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), se pronunció por que las políticas públicas funcionen para elevar el nivel de vida de los mexicanos.

“Que no se vaya a los caños de la corrupción y del desvío de los recursos. Que no se tengan cerca de cien mil jóvenes que no pueden ingresar a la Educación Superior; que no se siga soslayando que ya no hay 55 millones de pobres sino que ahora hay 54.5, y que la dependencia alimentaria no tenga la magnitud del 50 por ciento”, abundó.

Respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, cuestionó, cómo se estableció un padrón cuando se reporta que ni siquiera hay reglas de operación. “La opacidad, la incapacidad y la ineficiencia en el país, es como el arcoíris, de todos los colores”, afirmó.

Al iniciar la ronda de preguntas, el diputado Danner González Rodríguez (Movimiento Ciudadano), preguntó que se está haciendo para evitar que los recursos se distraigan para fines ajenos a la política social; cuál ha sido el efecto de la fiscalización para superar la pobreza, y qué ha hecho la ASF para garantizar que los recursos públicos sean bien ejercidos.

Sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, expresó que no solamente no está combatiendo la pobreza, sino que hace uso discrecional y electorero de los programas. “Debemos exigir que se finquen responsabilidades de las auditorías, que han reflejado serias deficiencias”.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) precisó que en México no hay desarrollo social, pues la pobreza se está incrementando. “Tenemos una realidad donde están presumiendo los programas de gobierno, los logros que no existen y donde estos solamente se utilizan para fines electoreros”.

Mencionó que se tiene un gobierno ineficaz, ineficiente y de despilfarro. Pidió revisar las auditorías de desempeño en el rubro de salud, en particular, de los Hospitales de Alta Especialidad a nivel regional y de los Institutos Nacionales de Salud.

Por Acción Nacional, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas indicó que la ASF no es una institución decorativa ni burocrática para que no se acaten sus recomendaciones, y cuestionó hasta cuándo México va a aguantar esa situación de desvío de recursos, “porque se ve con tristeza el abuso del poder; no hay transparencia ni rendición cuentas”.

De la misma fracción, la legisladora Martha Leticia Sosa Govea argumentó que hay una clara ineficiencia en los programas sociales locales, pues la mitad de los mil 927 de éstos se mantienen en la opacidad, lo que facilita actos irregulares, corrupción, uso electoral de los recursos, discrecionalidad y distracción de fondos a fines ajenos a la política social del país.

“Tan sólo en su plan estrella, como es la Cruzada Nacional contra el Hambre, se observan errores en la focalización de la población objeto”, señaló y agregó: la Sedesol aún no dispone de un padrón único de beneficiados y no acredita las acciones de participación de los comités comunitarios y sólo ha integrado 15 de los 144 padrones totales de los programas sociales relacionados.

El diputado José Daniel Ochoa Casillas (PRI) subrayó que la Cruzada Nacional contra el Hambre amalgama todos los programas del gobierno para poder combatir la pobreza, y está modificando la dinámica y rutina de todas las dependencias del gobierno en los tres ámbitos.

Resaltó que por primera vez, la Sedesol cuenta con un padrón objetivo real de quiénes son los beneficiados. “Se está haciendo un trabajo extraordinario en el gobierno federal para abatir la pobreza. No aprovechemos los programas que tienen éxito en el país para politizarlos”, pidió.

Su compañero de bancada, diputado Eduardo Solís Nogueira resaltó que la Cruzada surgió de la necesidad de contar con políticas públicas enfocadas a atender la problemática de los ciudadanos.

En respuesta a los cuestionamientos, Portal Martínez sostuvo: quienes deben atender las observaciones o resultados de las auditorías deberían ser los secretarios de Estado, los gobernadores y los presidentes municipales.

Sugirió que esta comisión cite a los responsables del uso de los recursos; “hay que traerlos a que rindan cuentas”. Hizo votos para que se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción, pues solamente así se hará frente a la corrupción y se permitirá que la ASF tenga mayores facultades.

Sobre la eficacia de los programas sociales, el auditor Especial de Desempeño, Pensiones y Jubilaciones, Roberto Salcedo Aquino, señaló que debido a que cada año se modifican las metas y objetivos del gobierno, no es posible darle un adecuado seguimiento.

Mencionó que para 2014, los padrones de los programas que integran la Estrategia Nacional contra el Hambre, deben estar relacionados, pues en la Cuenta Pública 2013 “no se ve relación alguna”.

Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero precisó que la Sedesol se ha esforzado por ampliar y actualizar los padrones, en particular, el de adultos mayores; sin embargo, dijo, “hay dificultades y, por ello, la Sedesol debe aprovechar sus herramientas y homologarlas para el cumplimiento de sus reglas de operación”.

-- ooOoo --