21-04-2015 La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen a la minuta que reforma la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a expedir una legislación única en materia de justicia penal para adolescentes.

Asimismo, para que la Federación y las entidades del país establezcan, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho.

Este sistema garantizaría los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de individuos en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Los menores de doce años, a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

También se establece que el proceso en la materia será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas, las cuales deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción.

Las reformas a los artículos 18 y 73 de la Carta Magna, aprobadas con 398 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, se enviaron a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.

En la fundamentación, el diputado Alejandro Sánchez Camacho (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, resaltó que con este proyecto se pretende garantizar de forma contundente el respeto a los derechos de los adolescentes y que la reinserción social evitará que se desarrolle aún más el potencial delictivo.

Mencionó que el sistema oral será más ágil y respetuoso de los derechos en todas las etapas del proceso; los operadores deberán estar capacitados para el desempeño de sus funciones; la investigación de los delitos se realizará con métodos científicos y se regirá por el principio de presunción de inocencia.

Aclaró que no sólo se trata de instaurar un proceso con las debidas garantías, sino de desarrollar un sistema especializado, comprensivo y sensible de la situación, capaz de otorgarles a los adolescentes oportunidades reales de asumir sus responsabilidades y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar sus virtudes y potencialidades.

Al fijar el posicionamiento de la agrupación Morena, Héctor Ireneo Mares Cossío sostuvo que esta enmienda deja de lado el estudio y análisis de las verdaderas causas de la delincuencia juvenil, donde las políticas neoliberales excluyen a los adolescentes, quienes se ven obligados a satisfacer, por sus propios medios, necesidades como la alimentación y la salud. “Esto va en contra del elemental respeto a sus derechos humanos”.

Expresó que nuestro país ha ratificado varios tratados internacionales en la materia, pero “pareciera letra muerta que puede ser echada al olvido con facilidad por parte de los gobiernos, que prefieren atender grandes capitales en lugar de grandes potenciales”.

De Nueva Alianza, la diputada Sonia Rincón Chanona consideró que la falta de oportunidades de desarrollo, suscitada por la carencia de espacios en la educación media superior y superior, así como la incertidumbre de contar con un trabajo estable, “son elementos que contribuyen a que la delincuencia encuentre un caldo de cultivo en nuestros adolescentes”.

Precisó que, si bien su grupo parlamentario respalda los argumentos planteados en el dictamen, “es importante señalar que tales disposiciones atienden las consecuencias y no a las causas de la delincuencia entre los adolescentes”, por lo que “no debemos verlos como un problema social, sino como actores estratégicos del cambio social”.

En su turno en tribuna, el legislador Ricardo Cantú Garza (PT) celebró que el dictamen tome en cuenta el respeto a los derechos humanos de los jóvenes infractores, además de que estos puedan acceder a juicios orales en congruencia con el nuevo sistema procesal que entrará en vigor a nivel nacional en el 2016.

Empero, advirtió que factores como la falta de oportunidades laborales y la violencia televisiva, hace que los adolescentes caigan en conductas inadecuadas. “También debemos tener claro que tales conductas son expresión de un modelo político-económico que ha pauperizado a la sociedad”, añadió.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Danner González Rodríguez subrayó que la dignificación de la juventud mexicana debe estar a la par de la recomposición del tejido social, de más espacios para su desarrollo y esparcimiento, mejor educación y mayor participación política.

El fenómeno de los adolescentes en procesos penales, agregó, debe tener presente el “clima de terror que vive todo el territorio nacional, donde los pueblos están sumidos en la descomposición. También debe discutirse y hacerse justicia a los jóvenes masacrados en Tlatlaya, Apatzingán y Ayotzinapa”.

El diputado del Verde Ecologista, Felipe Arturo Camarena García, destacó que en el 2013, 10 mil 963 adolescentes ingresaron a centros de readaptación y egresaron 10 mil 407; por otra parte, cuatro mil 691 quedaron internados y seis mil 358 estuvieron en tratamiento externo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cada uno de estos muchachos, sostuvo, son resultado del desinterés de una sociedad que los llevó a delinquir y a ingresar a las “escuelas del crimen”, que son las cárceles del país. “En cada uno de ellos está la derrota de la sociedad, de nuestras normas y de nuestras instituciones, proceso que no hemos sabido revertir”, reiteró.

Del PRD, el diputado José Ángel Ávila Pérez dijo que con esta reforma se logrará incluir entre los principios que regulan este sistema el pleno respeto a los derechos humanos de los jóvenes y que el proceso será acusatorio y oral, así como que habrá una legislación única para toda la República en la materia.

Estimó imprescindible que el gobierno federal construya una iniciativa para esta ley nacional que derivará de la reforma constitucional, una vez que el Constituyente Permanente la acuerde. Y también, que se prevean recursos presupuestales necesarios para dotar a este sistema de los mínimos indispensables para su funcionamiento.

En tanto, el panista Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar comentó que estas modificaciones traerán mayores beneficios de certeza y seguridad jurídica a los menores, mediante la unificación y sistematización de criterios entre las 32 entidades federativas propiciando mayor coordinación entre los operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia penal.

La aplicación de este nuevo sistema “permitirá reducir significativamente el número de injusticias, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos”. Dará certidumbre jurídica para todos los adolescentes involucrados en un proceso penal, servirá como una herramienta para combatir la corrupción y la impunidad, así como inconsistencias y vacíos legales entre legislaciones locales y las federales.

La diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves (PRI) refirió que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hasta enero de este año más de cinco mil adolescentes estaban sujetos al cumplimiento de medidas de internamiento por la comisión de conductas tipificadas como delito. De estos, 22 por ciento asesinó a una o más personas; 15 por ciento intervino en algún plagio y el 17 por ciento usó alguna arma prohibida.

Añadió que según la PGR, de los casi seis mil adolescentes detenidos durante la administración anterior, cerca de cinco mil estuvieron involucrados en delitos contra la salud. Por ello, se pronunció a favor del dictamen.

Durante la discusión, el diputado Luis Fernando Domínguez Martin del Campo (PRI) afirmó que la reforma va dirigida a hacer que la justicia sea efectiva en los casos de adolescentes, cuyas conductas los han hecho entrar en conflicto con nuestra ley. “Se trata de una enmienda que contempla tiempos y modalidades para expedir una ley nacional en esta materia, cuya entrada en vigor deberá ser acorde con el nuevo sistema procesal penal acusatorio”.

Por su parte, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC) dijo que este sistema de justicia para adolescentes “va a traer más desgracias para estos niños”. Consideró que lo que realmente necesita nuestro país es cultura y educación, en donde las carencias están a la orden del día. “Resulta incongruente dirigir los escasos recursos presupuestales a un sistema de justicia que por su propio diseño institucional resultará en la práctica obsoleto”.

El diputado José Luis Contreras Rojas (PAN) sostuvo que al transformar la justicia para los adolescentes de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, “permitirá otorgarles mejores garantías y un proceso judicial más garantista y justo acorde con los compromisos internacionales”.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) mencionó que se trata de un cambio radical del sistema de justicia penal para adolescentes que permitirá disminuir los altos índices de corrupción e impunidad que existen en la impartición de justicia.

El documento precisa en los transitorios que el Congreso de la Unión, dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren.

En razón de lo anterior, añade, se abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

Se aclara que los procedimientos de justicia para adolescentes y la ejecución de las medidas sancionadoras, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de medidas sancionadoras.

- ooOoo –