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| Boletín N°. 5512 | Aprueban diputados Ley de Ahorro y Crédito Popular; la envían al Senado |
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22-04-2015.- La Cámara de Diputados aprobó, en el general y particular, el dictamen que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, cuyo propósito es proteger el ahorro popular, robustecer el sistema financiero nacional y otorgar más facultades a las autoridades, así como regular a los intermediarios financieros para que operen de manera profesional y segura.
Además, crea el Fondo para la Atención de Pequeños Ahorradores de Sociedades Financieras Populares (Sofipos) que tendrá por objeto cubrir el principal y los accesorios de los ahorros de las personas físicas depositados en Sofipos que, hasta antes de la entrada en vigor del decreto, hayan sido revocadas por estar en estado de disolución y liquidación, hasta por un monto de un millón pesos.
También atiende la problemática de los ahorradores de la Sociedad Financiera Popular en Liquidación (Ficrea), que evidenció distintas irregularidades y serios problemas al no cumplir la regulación, faltó a la transparencia e integridad de la información y no atendió, de manera adecuada, los requerimientos de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El documento avalado en lo general, con 328 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones, también reforma las leyes para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el Código Federal de Procedimientos Penales. Fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Respecto al Fondo para la Atención de Pequeños Ahorradores de Sofipo, el dictamen señala que para determinar el monto a pagar por ahorrador, se deberán descontar de sus depósitos, el saldo insoluto de los créditos respecto de los cuales sea deudor el propio ahorrador frente a la sociedad financiera popular en liquidación, así como el monto del seguro de depósito correspondiente.
El fondo deberá realizar los actos necesarios a fin de que a los 30 días siguientes contados a partir de la entrada en vigor del decreto se encuentre en posibilidades de recibir las solicitudes de pago, en un periodo que no podrá exceder los 120 días posteriores.
El citado fondo se constituirá como una subcuenta en el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. El Gobierno federal realizará las aportaciones necesarias para éstos efectos.
Los montos de pago quedarán sujetos a los recursos disponibles aportados por el Gobierno federal; los términos y condiciones serán establecidos mediante las reglas que para tal efecto establezca el Comité Técnico del Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Para efectos del pago a los ahorradores, dicho Comité Técnico se podrá auxiliar del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores previsto en la Ley de Ahorro y Crédito Popular vigente a la fecha de disolución y liquidación de la sociedad financiera popular de que se trate.
Se establece que, adicionalmente, Ficrea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular en Liquidación estará obligada a entregar al Comité Técnico toda la información y documentación necesaria a fin de proceder al pago a los ahorradores.
En la fundamentación, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Fernando Charleston Hernández (PRI), expresó que con el dictamen se fortalece el sistema financiero nacional y crea los mecanismos e instrumentos legales para ayudar a los miles de ahorradores que fueron defraudados por Ficrea.
Señaló que esta nueva ley pretende asegurar que las entidades de ahorro y crédito popular no se desvíen de su objeto y operen con solidez; limita los saldos permitidos en el sector, fortalece el gobierno corporativo de los intermediarios, establece una regulación prudencial diferenciada en función del riesgo de las instituciones y prohíbe la creación de entidades no autorizadas.
Fortalece los mecanismos de supervisión para fomentar el sano desarrollo de las entidades del sector y elimina la supervisión auxiliar de las Sofipos que se hace y se hacía a través de federaciones formadas por ellas mismas, creando así un conflicto de interés que en nada podía ayudar a los ahorradores que confían sus recursos en éstas entidades, añadió.
Además, amplía las opciones para atender de forma expedita y eficiente a las entidades en problemas, ya que se va a poder implementar uno o varios mecanismos de resolución, fusión, escisión de solución y liquidación.
Establece que el seguro de depósito, para los ahorradores del sector de ahorro y crédito popular, será administrado por un fideicomiso público controlado por el Estado; precisa que se trabajará en una eventual transición para que dicho seguro sea administrado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en un futuro.
Charleston Hernández sostuvo que es labor del Legislativo seguir vigilando para que estas sociedades actúen de manera correcta y continúen fortaleciéndose y se avance hacia una educación financiera que le permita a la gente tomar mejores decisiones en el momento en que confía sus ahorros a este tipo de instituciones.
Enseguida, se aceptaron, en votación económica, las propuestas de modificación de la Comisión de Hacienda que consideran, entre otros aspectos, ampliar los límites máximos de las operaciones de las Sofipos, para recibir depósito de dinero a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos y con previo aviso, hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) para personas físicas, en lugar de 200 mil, y un millón 400 mil UDIs para las personas morales, en lugar de un millón.
También se avaló que las Sociedades Financieras Comunitarias tengan hasta el 31 de diciembre de 2016 para solicitar ante la CNBV autorización para operar y organizarse como Sofipos. Se determinó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emita las disposiciones de carácter general a que se refiere este decreto, a más tardar en noviembre de 2015.
La CNBV deberá otorgar la asistencia técnica financiera y jurídica necesaria que requieran las Sofipos, para lograr la transformación; ésta deberá tomar en consideración el trabajo realizado, así como los antecedentes de la sociedad respectiva, para agilizar y facilitar el proceso que se siga.
Además, asesorará a las Sofipos, constituidas a la fecha de entrada en vigor de este decreto, que pretendan solicitar autorización para transformarse en otro tipo de entidad financiera. Esta asesoría incluirá aspectos como la idoneidad financiera y jurídica de la transformación y se realizará de forma previa a la presentación de la solicitud.
Al iniciar los posicionamientos, la diputada de Morena, Loretta Ortíz Ahlf, sostuvo que lo sucedido en Ficrea no fue por falta de regulaciones, sino por las omisiones cometidas por funcionarios de la CNBV y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y afirmó que el dictamen pretende imponer un modelo regulatorio ajeno a las organizaciones populares.
Resaltó que para la elaboración del dictamen no se consultó a las cooperativas del sector popular, pero sí a las instituciones bancarias. “Con el rescate de Ficrea sí se está creando un nuevo Fobaproa; Hacienda va pagar nuevamente este adeudo. Hay una distinción entre pequeños y grandes ahorradores que va en contra de la Constitución”, añadió.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) recordó que el fraude de Ficrea asciende a más de 5 mil 800 millones de pesos, afectando a más de seis millones de ahorradores, y destacó que con este dictamen se fortalece el sistema financiero y elimina la supervisión auxiliar a través de las federaciones que fungían como juez y parte.
Destacó la importancia de emprender una mejor educación financiera y sostuvo que el dictamen fortalece el marco normativo en materia de crédito popular y da respuesta, en tiempo y forma, a los ahorradores que fueron afectados por Ficrea; de ese modo, agregó, por lo menos 80 por ciento de los defraudados recuperarán su inversión a través del Fondo para la Atención de Pequeños Ahorradores de Sofipos.
Del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil sostuvo que hoy el Congreso cumple su compromiso con los defraudados por Ficrea, pero además con una responsabilidad de una deuda que tiene desde hace 15 años, pues en este tiempo “nunca se había dado un paso de regulación a las sociedades que prestan servicios financieros no bancarios como éste”.
Explicó que se crea un fondo de apoyo entre mil 500 y mil 700 millones de pesos para los ahorradores de Ficrea y puedan, mediante este fideicomiso, vender o entregar su deuda con el propósito de que el gobierno se responsabilice y sea el único acreedor. “Es un rescate para los usuarios de Ficrea, no para los bancos, no para los dueños”, apuntó.
Juan Ignacio Samperio Montaño, diputado de Movimiento Ciudadano, argumentó que datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores refieren que entre junio del 2011 y junio del 2012 el número de préstamos personales otorgados por la banca aumentó un 31 por ciento, por lo cual resulta importante vigilar el correcto actuar de las entidades financieras; en específico, de las actividades que realicen las sociedades financieras populares.
Dijo estar a favor de las mejoras regulatorias que permitan total certeza a los ahorradores y dar respuesta inmediata a todas aquellas familias que han invertido todos sus ahorros y de que los responsables del fraude de más de 6 mil 600 millones de pesos sean procesados y sancionados penalmente; sin embargo, manifestó su postura en contra de los acuerdos que permitan disponer del dinero público, para solventar las irregularidades de Ficrea.
Por el PVEM, el diputado David Pérez Tejada Padilla resaltó que el actual Sistema Financiero Mexicano implica severas deficiencias, las cuales afectan significativamente al progreso social del país y a todos los ciudadanos en lo individual. Por ello, dijo, es urgente tener un nuevo contexto en el cual no existiera la autorregulación.
Aclaró que la creación del fondo de apoyo -que podrá ser cobrado a partir del mes de mayo-, no es un rescate financiero, “como lo fue el Fobaproa, es un instrumento mediante el cual se permitirá adelantar los recursos de la liquidación en beneficio de los ahorradores más pequeños”.
Fernando Belaunzarán Méndez, diputado del PRD, enfatizó que esta es una solución satisfactoria a un problema complejo y aclaró que no se trata de un “Fobaproa” ni tampoco un rescate porque no es dinero público el que asumirá la deuda o el fraude de Ficrea y el gobierno va a recuperar lo que invierta para apoyar a los ahorradores.
Hay muchas cooperativas que trabajan bien, “pero hay un problema: no sólo hay fraude en las zonas urbanas sino también en las rurales todos los días con la gente más desprotegida”. Por ello, dijo, es necesario tener medidas preventivas para que no ocurran nuevos fraudes.
El diputado Juan Bueno Torio (PAN) indicó que se pretende acabar con los abusos y fraudes de que son víctimas millones de mexicanos que acuden a llevar sus ahorros a este tipo de instituciones. Se pronunció a favor del dictamen, porque fortalece y consolida al sector financiero de ahorro y crédito popular.
Se robustecen, añadió, los mecanismos para una mejor supervisión, mayor seguridad para los ahorradores, se fortalecen las facultades de las autoridades financieras y hacendarias y, se definen claramente las sanciones que se impondrán. Sin embargo, dijo, que no está de acuerdo en resolver el problema de los ahorradores de Ficrea porque “ya la ley hoy les otorga un seguro de 132 mil pesos para cada uno”.
La diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre (PRI) explicó que la importancia del dictamen radica en que las instituciones de ahorro popular atienden a gente de escasos recursos que no tiene acceso a los servicios de banca tradicional, “a personas que como en el caso de Ficrea, invirtieron los ahorros de toda una vida para tener una vejez más tranquila.
Con este dictamen más de cinco mil ahorradores recuperarán el 100 por ciento de su dinero, hasta la cantidad de un millón de pesos, a partir de mayo, vía un Fondo de Apoyo, “el cual no representará costo alguno para el erario”, afirmó.
Durante la discusión, la diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) planteó que este dictamen afectará a más de 400 mil pequeños ahorradores, y paulatinamente, a más de 6 millones porque no tendrán acceso a los sistemas financieros tradicionales.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) afirmó la reforma disminuye la probabilidad de que se den situaciones como la de Ficrea, “se puedan salvaguardar y otorgar resguardo a todos los ahorradores que fueron defraudados en nuestro país”.
Luisa María Alcalde Luján, diputada de Morena, consideró que la propuesta representa un riesgo en la operación de instituciones financieras populares que otorgan créditos a las familias y productores más vulnerables, pues desaparece figuras e instituciones básicas de acceso al crédito como las sociedades financieras comunitarias y las obliga a emigrar al régimen de populares de manera unilateral.
Del PRD, el diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez comentó que se trata de dotar de certidumbre jurídica a quienes hoy se encuentran en estado de indefensión; no solamente por la comisión de delitos sino por el bien de todo el sistema financiero mexicano, en virtud de los impactos económicos que pudieran presentarse en un futuro y con ello evitar replicar estas experiencias.
De la misma bancada, el diputado Uriel Flores Aguayo estimó que este dictamen “es un rescate porque se van a utilizar recursos públicos y no se va a recuperar más que un pequeño porcentaje; pero lo peor es que se exime y se lava las responsabilidades de Hacienda y Condusef”.
Al hablar a favor, el diputado Javier López Zavala (PRI) manifestó que es inaceptable que instituciones como Ficrea sigan defraudando a las personas; destacó la creación de Fondo de Ahorro Popular que beneficiará de manera directa y a corto plazo al 70 por ciento de los ahorradores, e hizo votos por establecer una mayor regulación a fin de generar mayor confianza en los inversionistas.
Raquel Jiménez Cerrillo, diputada del PAN, expresó que este fondo para los ahorradores de Ficrea, constituye un rescate que usará recursos públicos. Condenó que se pretenda solapar a las instituciones defraudadoras y expuso que se puede dar preferencia a los defraudados, cuando millones de mexicanos viven en pobreza extrema y los programas sociales se vieron afectados por el recorte presupuestal.
La legisladora Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) resaltó la necesidad de una mayor regulación de las sociedades financieras populares y cooperativas de ahorro y préstamo. Cuestionó la opacidad y los actos de corrupción, así como el uso electoral de la reforma y aclaró que se trata de un rescate de los ahorradores afectados.
Previo a los posicionamientos, se rechazaron las mociones suspensivas presentadas por los diputados del PRD, Javier Orihuela García y Gloria Bautista Cuevas, quienes solicitaron que el dictamen se devolviera para un mejor análisis y un debate con las organizaciones comunitarias y financieras.
Discusión en lo particular
El Pleno aprobó en términos del dictamen, con 305 votos a favor, 42 en contra y 12 abstenciones, los artículos 7, 10, 12, 14, 23, 31 y 40 contenidos en el artículo primero del decreto referente a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Con 233 votos a favor, 129 en contra y una abstención, se avalaron en términos del dictamen, los artículos transitorios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
También se aprobó en términos del dictamen, con 282 votos a favor, 50 en contra y 9 abstenciones los artículos 8, 13, 14, 15, 15 Bis 16, 17, 19 y 71 y el sexto transitorio de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así el artículo 19 Bis 1 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Dictámenes de publicidad
El Pleno camaral conoció tres dictámenes que serán discutidos en las próximas sesiones. Uno de la Comisión de Defensa Nacional para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Otro de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General.
Asimismo, de la Comisión de Salud para reformar los artículos 28 bis y 226 de la Ley General de Salud.
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la de mañana jueves 23 de abril a las 11:00 horas.
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