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| Boletín N°. 5553 | Se pedirá no detener, por elecciones, entrega de recursos a afectados por derrame tóxico en río Sonora: Willy Ochoa |
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28-04-2015 La Comisión Especial de Seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora, se reunió con habitantes de diversos municipios de la región afectada, quienes denunciaron que a casi ocho meses de lo ocurrido, las plantas potabilizadoras de agua no están en operación, la ganadería y agricultura se encuentran paralizadas y los recursos del fideicomiso para atender el problema no son entregados equitativamente.
Además, expusieron que a causa del derrame de sustancias contaminantes en la zona se han presentado casos de envenenamiento, padecimientos de la piel y gastrointestinales y, en casos extremos, cáncer.
El diputado Willy Ochoa, presidente de la comisión, informó que se hará un exhorto a las autoridades competentes para que la entrega de los recursos del Fideicomiso no se detenga por el proceso electoral.
El legislador señaló que esta instancia ha solicitado a la Junta de Coordinación Política colocar el tema en la agenda legislativa con la intención de realizar un exhorto al encargado del Fideicomiso río Sonora y al Grupo México, para que las plantas de agua se construyan de manera inmediata.
Indicó que también demandará que se desarrolle la infraestructura carretera en la región afectada y se impulse la economía, a través de la reactivación de la marca Sonora.
Por otra parte, se pedirá un informe respecto a los avances de la fase de indemnización de los afectados y la construcción del hospital de especialidades.
Refirió que la comisión ha buscado en todo momento el compromiso de privilegiar los mecanismos de diálogo para generar soluciones que cubran las necesidades de la población y se incremente su calidad de vida en la zona afectada.
“Tengan la tranquilidad de que los integrantes de la comisión buscaremos la vía para atender sus necesidades y demandas que ustedes nos han vertido”, aseguró a los visitantes.
Previamente, los representantes de los municipios solicitaron a los legisladores su intervención para que se remedie y se reparen los daños pues, puntualizaron, “se está frente a una empresa que se ha esta burlado sistemáticamente de la población afectada y ante autoridades de Sonora rebasadas, por lo que no han podido ofrecer una solución a nuestras necesidades”.
En tanto, representantes de la sección 65 del Sindicato de Mineros de Cananea explicaron ante los diputados que ellos, en el año 2007, alertaron sobre los altos índices contaminantes en la región y que de no atenderse se podría desencadenar un problema ecológico.
Subrayaron que el Grupo México sólo está interesado en producir y deja a un lado la seguridad e higiene de las minas que opera, además de que los salarios que perciben los trabajadores son raquíticos, “y cuando han luchado por mejores condiciones laborales lo único que han obtenido son despidos injustificados”.
Pidieron a los legisladores intervenir para instalar mesas de dialogo con las autoridades correspondientes, con el propósito de que sus peticiones laborales sean atendidas, ya que a pesar de que se ordena a la empresa en los litigios reinstalarlos en sus puestos, logra evadir los mandatos de la ley.
Por su parte, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Morena, propuso cambiar el enfoque y lógica del funcionamiento del Fideicomiso, con la intención de establecer el término de indemnización por daños y perjuicios a todos los habitantes del río Sonora, pues existen personas que resultaron afectadas indirectamente por el derrame.
De igual manera, pidió trabajar en la posibilidad de retirar la concesión a Grupo México si no cumple con los compromisos del Fideicomiso y los acuerdos de la comisión.
También subrayó la necesidad de auditar cada seis meses el ejercicio de los recursos del Fideicomiso y hacer públicos sus resultados, a fin de asegurar la transparencia.
Asimismo, propuso solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la participación social para vigilar el cumplimiento de los compromisos del Fideicomiso.
Agregó que otro factor a atender de manera prioritaria es el restablecimiento del abasto del agua en la región, pues “no puede ser que a casi ocho meses de la tragedia aún se tenga esta necesidad”.
Igualmente, promover una investigación independiente para analizar la calidad de agua, en particular en la Presa del “Molinito”, y la revisión de la condición técnica de la Laguna Mayor, en Cananea, pues de no atenderse a tiempo puede convertirse en algo más grave que lo ocurrido en el río Sonora.
Durazo Montaño, dijo que como legisladores tienen la tarea de modificar el marco normativo para que no sólo sea preventivo, sino posea un carácter sancionador. “No es posible que el Grupo México haya pagado por 10 violaciones ambientales una cifra de 23 millones de pesos. Es una burla”, enfatizó.
Respecto a los trabajadores de la Mina de Cananea, propuso promover mesas de diálogo con las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, a fin de atender sus demandas, ya que no se puede desligar el desempeño de Grupo México con lo que está haciendo en Cananea.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) mencionó que debe cambiar la actitud de Grupo México para con sus trabajadores y con el medio ambiente, porque lo ocurrido en el río Sonora solo es reflejo de la negligencia y la poca inversión en seguridad e higiene.
“Si no se cambia la actitud de la empresa se tendrán nuevos despidos y nuevos problemas ecológicos, debido a su visión cerrada”, afirmó.
Añadió que dentro del plan de desarrollo para la región no sólo se tendrá que garantizar el pago por las afectaciones e impulsar la reactivación económica de la región, sino buscar soluciones a la situación laboral de los mineros de Cananea, pues es justo allí donde se generan las dificultades.
La diputada Ana María Gutiérrez Coronado (PAN) señaló que “mientras los representantes del Grupo México no den la cara, difícilmente se dará solución al problema”.
En su turno, la diputada Maribel Enríquez Ramírez (PAN) reiteró que durante todo el proceso de investigación, la comisión ha invitado a los representantes del Grupo México, con el propósito de entablar la vía que permita solucionar la situación del río Sonora.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo que si la empresa no se sienta a las mesas del dialogo no quiere decir que no tiene obligaciones con el pueblo de Sonora, para eso existe la ley. Es decir, si no quiere cumplir, se le puede revocar la concesión de la Mina Buenavista, no sólo por el derrame del río Sonora, sino por la constante violación a los derechos humanos.
“Me parece que sentarnos a platicar con la empresa para ver si tiene la voluntad de cumplir la ley es un gran error. Nosotros representamos a la ciudadanía y tenemos que actuar en consecuencia”, subrayó.
Coincidió en que es necesario realizar una investigación independiente y dejar de estar a expensas de la decisión de Conagua, Cofepris y Profepa sobre el daño ambiental y los estragos en la salud de los habitantes de la región.
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