• Apura Luis Raúl González Pérez a reformar el artículo 73 constitucional

29-04-2015.- Ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez pidió apurar los tiempos inherentes a la actividad legislativa y materializar la reforma al artículo 73 Constitucional, ya que “la defensa y protección de los derechos humanos no es algo que pueda esperar o estar sujeta a tiempos o intereses de cualquier naturaleza”.

En reunión de trabajo con la instancia legislativa, que preside el diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI), el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) precisó que la reforma que se discute en el Senado de la República, como cámara de origen, es indispensable para materializar las leyes generales que se requieren en materias relevantes como desaparición forzada y tortura.

El titular de la CNDH subrayó que México atraviesa un complejo desafío en el ámbito de las garantías a los ciudadanos, cuya crisis en algunas regiones del país es evidente. “Esta situación no se agota con lo ocurrido en Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala, también advertimos elementos preocupantes en hechos relativos al trabajo de los jornaleros de San Quintín y los riesgos y adversidades que enfrentan los migrantes, así como la inseguridad y violencia que se vive en ciertos lugares”.

Por su parte, Galindo Quiñones resaltó que la Comisión de Derechos Humanos y la CNDH trabajan de manera unida y coordinada. “Es evidente que todos los asuntos que tienen que ver con los derechos humanos son de interés de la Cámara de Diputados y de la sociedad en general”.

Durante los cuestionamientos, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, de la agrupación Morena, resaltó que la tortura es generalizada, “y lo prueban las 3.8 quejas diarias que en promedio recibe la CNDH y es casi impune, pues no hay más de 10 sentencias por ese delito en una década”, y preguntó sobre el papel estratégico de la Comisión para aplicar el Protocolo de Estambul.

Indagó respecto a las acciones que se llevan a cabo para evitar la detención arbitraria en las manifestaciones citadinas. Asimismo, expresó su preocupación por los temas del arraigo penal, los desplazados internos, el fuero militar y las autodefensas.

En tanto, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) refirió que la CNDH, como máximo organismo protector de los derechos humanos, debe asumir con toda responsabilidad la obligación de denunciar a todos aquellos servidores públicos que en el ejercicio de su encargo vulneren estas garantías a la ciudadanía.

Inquirió qué acciones concretas ha implementado la CNDH para brindar asistencia a los miles de desplazados internos que han tenido que dejar su lugar de origen, a raíz del problema de violencia que se vive en gran parte del país. Además, qué medidas se llevan a cabo para brindar asistencia a los pueblos indígenas que se ven vulnerados por prohibirles su derecho a la consulta.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC) señaló que en nuestro país aún no se tiene un conocimiento claro del concepto de los derechos humanos. “Hoy por hoy, todavía se concibe a la CNDH y a otros organismos públicos como defensores de delincuentes. Ese es un problema, un estigma y se deja a las víctimas en un caso de desangelación y falta de respeto a sus garantías”.

Estimó que urge en el país una cruzada nacional por los derechos humanos. “Los servidores públicos todavía no conocen prístinamente lo que son los derechos humanos ni las funciones de las instituciones”. Por otra parte, inquirió qué acciones se han tomado para garantizar el respeto al derecho de la vida de los connacionales.

Martha Edith Vital Vera, diputada del PVEM, expresó que el país vive una crisis en materia de derechos humanos, derivada de los lamentables hechos que han lacerado las garantías individuales de niñas, niños, adolescentes, padres y madres de familia que exigen acciones inmediatas y efectivas que den respuesta a sus reclamos de justicia y legalidad.

Cuestionó por los mecanismos que ha emprendido la CNDH ante las reiteradas quejas formuladas por la falta de atención médica; por los protocolos de seguridad pública que implementan los gobiernos estatales y municipales para garantizar el orden social, a causa de las manifestaciones violentas, y por las gestiones que ha realizado respecto a la joven Alejandra, quien trabajaba en una tintorería de la Ciudad de México y fue esclavizada durante dos años.

El diputado Erwin Francisco Arriola Doroteo (PRD) externó su inquietud por la defensa y protección de los periodistas y por el proyecto de la CNDH para recuperar su papel activo en la investigación y sanción de amenazas o ataques a comunicadores o defensores, y para evitar actos u omisiones por parte de autoridades.

Recordó que la desaparición forzada afecta a miles de personas en el país, por lo que se requiere elaborar un registro confiable y una legislación urgente en este sentido; también pidió conocer cuántos expedientes tiene registrados la CNDH y su posición sobre la reforma constitucional que está en su trámite legislativo en el Congreso de la Unión, y hasta donde va su nivel de participación en el caso de los normalistas.

Por el PAN, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra argumentó que los derechos humanos alientan una vida democrática y son la expresión concreta de la dignidad humana; sin ellos, continúo, “no hay democracia ni convivencia sana que promueva el bienestar y los entornos que necesitamos los mexicanos para la obtención de nuestros anhelos”.

Consideró que el principal problema en la materia, es la falta del Estado de derecho, y los responsables de que no se cumpla con la ley son las autoridades de los tres niveles del gobierno y “por desgracia, reconoció, este mismo Poder Legislativo está violando constantemente su propio reglamento”.

La diputada María Angélica Magaña Zepeda (PRI) sostuvo que el tema de desaparición forzada de personas constituye uno de los grandes retos que el Estado debe hacer frente; preguntó, por tanto, cuál es la postura de la CNDH al respecto.

Indicó que el derecho a la libertad de expresión y manifestación es de orden fundamental y es una de las piezas centrales de todo Estado democrático, por lo que pidió conocer la opinión de la CNDH sobre la necesidad o no de regular las expresiones públicas, es decir, “cuándo sabemos que deben ser respetadas por terceros y coherentes con el orden público”.

En su turno, la diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) refirió que en Puebla han ingresado a los centro de reclusión 134 personas por el simple hecho de defender su patrimonio y su libertad de expresión; por ello, consideró necesario “poner un alto y hacer cumplir de manera expedita las recomendaciones, ya que es causa de impunidad y que la criminalidad siga creciendo en el estado”.

El diputado Roberto López Suárez (PRD) pidió revisar el caso de la señora Nestora Salgado, ya que no se han acatado algunas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Falso que CNDH defienda delincuentes

En sus respuestas, el ombudsman precisó que se debe crear una cultura de legalidad, pero también una pedagogía sobre el ombudsman, “porque hay una falsa percepción de que las comisiones de derechos humanos defienden delincuentes y no es cierto”.

Aclaró que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se elevaron los derechos de las víctimas, pero lo que defiende la CNDH es la dignidad de la persona a partir del reconocimiento de derechos que las leyes le den.

Recomendó trabajar en el tema de la legalidad, el cual compete a todos, no solamente a los servidores públicos, sino también a la sociedad. “Debemos convencernos de la conveniencia de cumplir la ley por el beneficio que nos representa como colectividad y no solamente por el temor a la sanción”.

Sostuvo que esta instancia no es la panacea para la solución de todos los problemas del país, y que su responsabilidad es señalar a los servidores públicos que incumplen con su deber.

Señaló que existe debilidad en el Estado de derecho y consideró que se debe trabajar para que las autoridades hagan solo lo que la ley les permite y los ciudadanos lo que no se les prohíbe. “Parece tan sencillo de decir, pero en la realidad es tan complejo; es el círculo vicioso donde el resultado es la impunidad, la invitación a que se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos”, agregó.

En cuanto a los protocolos de seguridad, dijo que se tienen que aplicar, en todos los casos, los estándares internacionales. Reprobó el caso de la joven encadenada en la Ciudad de México y recordó que el Congreso aprobó la ley de trata de personas, por lo que debe aplicarse.

Se requiere un registro confiable de casos en materia de desaparición forzada, el cual identifique cuántos son por este delito, cuántos por el crimen organizado y cuántos porque la persona se ausento; se tiene que profesionalizar al personal de las procuradurías que alimentan esta base; generar banco de información genética y un mecanismo de búsqueda oportuna.

Precisó que la reforma al artículo 73 constitucional es la base que permitirá emitir la ley general, la cual buscaría homologar los tipos penales para todas las entidades federativas y daría los elementos necesarios para un registro adecuado de las personas desparecidas. Asimismo, señalaría los mecanismos para los parámetros de la búsqueda inmediata de personas, para que no sea hasta después de 48 horas, y para el banco de información genética.

Comentó que la CNDH está a favor de que las autoridades respeten el uso legítimo de la libertad de expresión. Sobre el tema del arraigo, subrayó que es una figura que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y no puede sustituir las capacidades de investigación de las procuradurías.

Por otra parte, dijo que en la tercera visitaduría de la CNDH hay un programa específico para la defensa de los connacionales; sin embargo, indicó, debe fortalecerse.

Sobre las negligencias médicas, afirmó que el IMSS es la entidad que más quejas ha recibido en tres variantes: inadecuado servicio, desatención en la abasto de medicinas y atención médica. Además, dijo que es necesario que en las comunidades indígenas se tenga mayor cuidado en la forma cómo las mujeres dan a luz.

Mencionó que Ayotzinapa es un expediente abierto, y que para que no se diluyera su importancia y trascendencia, se creó en la CNDH una oficina especifica; se han realizado innumerables peritajes, entrevistas, se ha acudido al lugar y tenido contacto con los padres de las víctimas.

En su intervención inicial, el titular de la CNDH señaló que la instancia a su cargo ha iniciado la revisión de esquemas y parámetros, con objeto de que la integración, trámite y resolución de las quejas sean más eficaces, oportunas y transparentes, pues “en cada uno de los casos subyacen condiciones, situaciones y prácticas que más allá del resultado de las investigaciones correspondientes, demandan ser atendidas”.

Asimismo, destacó que se insistirá en la necesidad de prevenir y erradicar prácticas como la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, los tratos crueles e inhumanos y degradantes, la trata de personas y la discriminación en todas sus formas, las agresiones hacia los periodistas y defensores de derechos humanos, la corrupción y la impunidad.

“Lo hemos dicho: la defensa y protección de los derechos humanos no es algo que pueda estar sujeta a tiempos o intereses de cualquier naturaleza”, concluyó.

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