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| Boletín N°. 5571 | Reforma integral para proteger a la mujer campesina e indígena |
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29- 04- 2015.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e integrar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la defensa de los derechos de las mujeres rurales e indígenas.
El dictamen a la minuta en sus términos enviada por el Senado de la República, avalado con 341 votos a favor, establece que la dependencia federal se sumará al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y tendrá las facultades de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra ese sector de la población, con lo que “se logra una reforma integral”.
Estas adecuaciones representan “un avance en la reivindicación del derecho de las mujeres a la tierra y a la participación igualitaria en las actividades agrarias”, así como el respeto a su dignidad en un entorno cultural que históricamente ha sido adverso, y que es imprescindible modificar para restablecer el goce efectivo de sus derechos agrarios y el desarrollo pleno de su persona.
Además, porque la violencia constituye una violación a sus derechos humanos, la Sedatu deberá “coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria”.
Delineará con una visión transversal la política integral con perspectiva de género contra la violencia hacia las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluidas las etnias. Construir un padrón sobre la superficie destinada a ellas, es otro propósito.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (Morena) refirió que el Estado mexicano ha incumplido recomendaciones y la emisión de un informe en materia de violencia contra la mujer exigidas por el Mecanismo de Evaluación Universal de los Derechos Humanos, a través de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cuestionó los avances en la prevención, sanción y protección de mujeres frente a la violencia en su contra y su impacto, así como los alcances de las reformas del 2013 a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además del desempeño de las instituciones creadas para atender casos de violencia en contra de las mujeres en Ciudad Juárez.
A nombre del PVEM, la diputada Gabriela Medrano Galindo afirmó que pese a los avances para reconocer los derechos de las mujeres, “aún existen brechas por eliminar y para lograrlo, es indispensable armonizar la legislación y fortalecer las instituciones, a fin de que brinden certeza jurídica en su desarrollo”.
Las modificaciones a este marco jurídico, dijo, abonarán a la lucha contra cualquier acto de discriminación que coloque en desventaja e impida el libre desarrollo de la vida de las mexicanas.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, apuntó que la armonización legislativa transforma la visión de la justicia. Sin embargo, “se tiene pendiente la tipificación del feminicidio y la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres al dictar las sentencias”.
Convocó a analizar y concientizar a todas las instancias para armonizar las leyes estatales al Código Penal para que el feminicidio sea homologado en Chihuahua; “no es un asunto político, es una deuda que tenemos con las mujeres de Ciudad Juárez”, sostuvo.
El diputado del PRI, Ossiel Omar Niaves López, destacó la importancia de establecer acciones para combatir la violencia hacia la mujer rural, “cuya vulnerabilidad es especial, y existen tres condiciones para tratarla de forma exclusiva, toda vez que muchas de ellas son jefas de familia, indígenas y pobres”.
Por las múltiples situaciones en que la mujer rural e indígena es violentada en sus derechos agrarios al ser presionada para cederle los derechos a los hombres del país, es encomiable que desde la ley se den atribuciones a la Sedatu para combatir esta práctica, ya que es esta dependencia la especializada en atender las cuestiones agrarias.
El dictamen fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
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