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| Boletín N°. 5578 | Legisladores manifestaron preocupación por criminalización de manifestaciones, abusos policiacos y violación a derechos humanos en Puebla |
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30- 04- 2015.- Diputados de los diversos grupos parlamentarios cuestionaron al secretario de Gobierno de Puebla, Jorge Benito Cruz Bermúdez, sobre la violación de los derechos humanos de universitarios, manifestantes y luchadores sociales, por parte de las corporaciones policiacas estatales, al amparo de la denominada “Ley Bala”, y también sobre su derogación, los feminicidios y la detención de personas consideradas como presos políticos.
Durante una reunión de trabajo de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Heriberto Galindo Quiñones (PRI), con el representante del gobierno poblano, los legisladores federales manifestaron su preocupación por la criminalización de manifestaciones y plantones, los abusos policiacos y la falta de respeto de los derechos humanos.
A nombre de Morena, la diputada Loretta Ortíz Ahlf sostuvo que la conocida “Ley Bala” es contraria a los derechos humanos en una nación civilizada; refirió antecedentes franquistas y preguntó si se derogará. Indicó que ya se interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para derogarla, porque “permite el uso de armas de fuego sin considerar criterios de proporcionalidad y de último recurso. Es una ley por la cual no puede sentirse orgulloso ningún gobierno y es contraria a instrumentos internacionales signados por México”.
Cuestionó también sobre la construcción de un parque turístico en Cholula, aledaño a la pirámide, en perjuicio de la preservación de restos arqueológicos en esa zona sagrada prehispánica, y la detención de ciudadanos que encabezan el movimiento social que defiende ese legado histórico. ¿Por qué mantener la criminalización de la protesta social en Cholula y la detención de personas sin que exista un delito que la justifique o por oponerse a la ideología del gobernador?, subrayó.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) solicitó conocer las acciones del gobierno poblano para acatar las 11 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). ¿Cuáles faltan por realizar para dar cabal cumplimiento a las mismas y el grado de avance de las investigaciones sobre el desalojo de los universitarios en el zócalo de Puebla?, planteó.
Además, continuó, qué medidas se han tomado para brindar el apoyo necesario a los jóvenes estudiantes víctimas de esas agresiones. Argumentó que cree firmemente en el derecho a la manifestación pacífica y libre expresión de las ideas.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez expresó preocupación por los enfrentamientos entre fuerzas policiales y civiles que terminan con personas lesionadas o muertas y múltiples violaciones a los derechos humanos al amparo de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza en Puebla, conocida como “Ley Bala”.
Aludió el caso de San Bernandino Chalchihuapan, donde falleció un niño de 13 años, y aseguró que existen inconsistencias en la causa de su muerte, y su madre y hermanos no han recibido protección. Solicitó conocer las acciones para atender a víctimas del delito en el estado. También las medidas para que los policías no sean omisos ante peticiones de ayuda, como ocurrió con los universitarios desalojados.
La perredista Roxana Luna Porquillo refirió la represión física y psicológica ejercida por personas vestidas de civiles en contra de estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, quienes realizaban un plantón en el Zócalo de la capital estatal, el pasado 8 de febrero, mientras policías miraban a lo lejos, sin intervenir.
Por ello, demandó conocer el momento procesal de las investigaciones y los videos, y si los policías que impidieron el paso a esa zona han sido investigados, detenidos o procesados. Sobre los presos políticos, aseguró que no son sólo 40, ya que por cada proyecto de modernización estatal o por protestar hay personas detenidas. Interrogó si este actuar “es una medida emergente o es una estrategia de contención social”.
El diputado Roberto López Suárez (PRD) solicitó una reunión con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por la serie de violaciones de los derechos humanos. Refirió los hechos de represión en San Bernandino Chalchihuapan y la existencia de 134 presos políticos. “Preocupa que el gobierno poblano se conduzca de forma autoritaria” por la aplicación de la “Ley Bala” y por el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH.
Preguntó sobre la existencia de un proceso judicial al procurador estatal, Víctor Carrancá Burguete, por no haber asistido a investigar los hechos en San Bernandino Chalchihuapan, y por qué fueron liberados los policías que dispararon. Demandó no criminalizar a los universitarios que permanecían en plantón pacífico al argumentar que fue un enfrentamiento, cuando ellos son víctimas.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN) cuestionó si existe un proceso para derogar la “Ley Bala”, ya que es primordial proteger y respetar los derechos humanos, y en caso de violarse estos qué medidas implementa el Ejecutivo de Puebla, qué políticas tiene sobre el respeto al estado de derecho cuando se violenta a terceros y qué medidas preventivas aplica para evitar excesos.
Sobre la agresión de los universitarios en el Zócalo poblano, pidió saber las acciones que ha emprendido el gobierno para aclararla.
También del PAN, el diputado Juan Jesús Aquino Calvo solicitó que se expliquen qué delitos cometieron las personas a quienes se les considera presos políticos. “Qué hay de cierto de que se detienen a ciudadanos que manifiestan ideologías distintas a la del gobierno y por pertenecer a una organización no afín, y si entre estos hay líderes sociales, presos de manera arbitraria”, planteó.
Por el PRI, la diputada María del Rocío García Olmedo mencionó la investigación de violaciones graves a los derechos humanos en San Bernandino Chalchihuapan y la recomendación de la CNDH, que incluye 11 resolutivos al gobierno estatal, destacando la abstención de criminalizar la protesta social. Preguntó ¿en qué porcentaje se ha cumplido, cuáles son los elementos para probarlo y cuánto tiempo más requiere para llevarlas a cabo?
Apuntó que los asesinatos de mujeres en Puebla han aumentado y señaló que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad indica que entre 2012 y 2013 se registraron mil 179 violaciones sexuales y más de mil homicidios dolosos en contra de esta población.
Urgió a que se investiguen y se recurra a la figura de feminicidios, cuyas agravantes son más amplias, ya que de 89 asesinatos en el 2013, sólo seis casos se consideraron en esa tipificación. Cuestionó el por qué no hay perspectiva de género en las diligencias judiciales.
El priista Álvaro Martínez García también solicitó información del proceso judicial por el desalojo de los universitarios. “Una agresión de este tipo no debe pasar inadvertida y sin sanción, menos aún si se constata que participaron las fuerzas públicas del estado”.
Sostuvo que los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas no pueden “ser censurados por el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza”.
Se reprueba cualquier hecho violento; no hay perseguidos políticos
Respecto a la denominada “Ley Bala”, Jorge Benito Cruz Bermúdez, secretario de Gobierno del Estado de Puebla, apuntó que se tiene una legislación para proteger los derechos humanos, lo cual regula el uso legítimo de la fuerza, por parte de los elementos e instituciones policiacas, cuyo origen proviene de convenios con Naciones Unidas y que ha sido comparada con la del Distrito Federal; además, la CNDH fue consultada para aplicarla, y opinó que no transgredía ni era violatoria a los derechos humanos.
Lamentó y reprobó cualquier hecho violento y aseguró que hay una averiguación previa abierta sobre el desalojo de universitarios, y aclaró que “no hubo ningún operativo implementado por las autoridades estatales en el Zócalo. Se investigan los hechos para llegar a una conclusión jurídica y deslindar responsabilidades”.
Indicó que han comparecido los afectados y se comprometió a estar pendiente en esta investigación para que “la autoridad judicial dé cuenta de este conflicto estudiantil”.
Sostuvo que “en Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o por sus posturas políticas o ideológicas” y que existe un marco legal para procesar a presuntos responsables del fuero común. Hay libre manifestación de ideas, pero cuando lleva a la comisión de delitos que transgreden el orden social, se procede, aclaró.
Aseguró que sí hay tolerancia en el estado y los policías designados en las manifestaciones “jamás van armados en la actualidad”.
En cuanto a las recomendaciones de la CNDH, aseguró que están prácticamente concluidas en su mayoría, y la única que no se ha satisfecho totalmente es la de capacitación a los elementos policiacos, ya que es progresiva.
Aclaró que en San Andrés Cholula no se edifica un parque de diversiones, sino un proyecto de mejoramiento urbano, supervisado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah).
En la parte final del encuentro, el procurador general de Justicia del estado de Puebla, Víctor Carrancá Bourget aseguró que de forma inmediata se atendieron los hechos en San Bernandino Chalchihuapan y, además, se han analizado todos los videos del desalojo de los universitarios en el Zócalo de la capital, y garantizó que se seguirá el proceso judicial para deslindar responsabilidades y aplicar la ley.
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