30-04-2015.- La Cámara de Diputados aprobó reformas para que los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las entidades puedan ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones proporcionar, de manera inmediata, la información relativa a la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, cuando sea necesaria para atender un riesgo inminente a la vida de una persona.

Asimismo, proporcionar, de forma expedita, la información relativa a los datos del usuario registrado como cliente, de la línea y del equipo de comunicación móvil, así como colaborar con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir los delitos previstos en esta ley.

Además, suspender el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento, cuando así lo instruya el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente.

La modificación al artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, avalada con 316 votos a favor, 73 en contra y nueve abstenciones, fue remitida al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La reforma precisa que el mandamiento escrito del Ministerio Publico, autorizado por el Procurador General de la República o de la entidad federativa correspondiente, deberá fundar la legalidad de la solicitud y motivar su racionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad y señala que todo abuso será sancionado de conformidad con la ley. Apunta que lo establecido por este precepto de ninguna manera puede interpretarse como una excepción al requisito de orden de autoridad Judicial.

El documento refiere que con la reforma se resuelve el problema de la incompatibilidad entre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro con el marco jurídico de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que la primera requiere control Judicial para las diligencias de geolocalización de aparatos de comunicación de interés para las investigaciones, y la segunda no, por lo cual se obstaculizan las mismas y se prolonga el período de privación de la libertad e, incluso, se pone en riesgo la vida de la persona privada.

Al fundamentar el dictamen, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que el secuestro es uno de los delitos que más impacta y lastima a las personas, a las familias y deja daños irreparables a las víctimas. De acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC) esta conducta eleva la percepción de la inseguridad, con tan solo dos secuestros por cada 100 mil habitantes.

Explicó que el dictamen pretende fortalecer las capacidades del Estado para compartir el delito del secuestro, inclusive mientras se está llevando a cabo.

Resaltó que localizar a una víctima de este terrible delito es fundamental para proteger su vida, integridad física y psicológica y, para ello, es necesario que los concesionarios de telecomunicaciones proporcionen en forma inmediata y sin demora la información relativa a la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, cuando sea necesaria para atender un riesgo inminente a la vida de una persona.

Destacó que esta reforma busca lograr eficacia en las investigaciones y sujetarlas al respeto de los derechos humanos. “Geolocalizar un teléfono móvil en tiempo real, es una medida que debe tener un carácter excepcional y sujeto a los requisitos establecidos por la Constitución, particularmente los señalados para los actos de molestia”.

Durante la discusión, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación Morena, refirió que de acuerdo con el coordinador nacional Antisecuestros y la presidencia del organismo civil Alto al Secuestro, en enero de 2015 se registraron 163 actos ilícitos de este tipo en México, es decir, cinco por día, 7.2 más que en diciembre de 2014.

Coincidió con la urgente necesidad de establecer no solo el marco legal idóneo para combatir este delito, sino establecer principios y protocolos que garanticen la prevención, investigación y determinación de responsabilidad de los delincuentes, “pero la geolocalización en tiempo real que se propone, no garantiza los derechos humanos”.

El diputado Erwin Francisco Arriola Doroteo (PRD) expresó su convicción de que esta medida será utilizada para salvar la vida de las víctimas que pudieran encontrarse en una situación de peligro.

Aclaró que vigilarán todos y cada uno de los actos de la autoridad para evitar que se abuse y cometan delitos con el falaz argumento de la salvaguarda de las víctimas. Anunció su voto a favor del dictamen “con la esperanza de que el pueblo mexicano encuentre la paz y seguridad en el corto plazo”.

José Francisco Coronato Rodríguez, diputado de MC, indicó: el secuestro es un gran negocio para los delincuentes, a grado tal que México es el segundo país en el mundo con más casos, debido a los altos lucros que obtienen quienes se benefician cometiendo dicha conducta delictiva.

Por tal razón, agregó, debe enfrentarse en todas las formas, mecanismos, medios y recursos posibles. “En muchas ocasiones, la pronta atención a la persecución de los delincuentes y la oportuna aplicación de las medidas necesarias para delimitar su campo de acción, se convierte en la diferencia entre la supervivencia o no de las víctimas en manos de sus secuestradores”.

En su turno, el diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) afirmó que uno de los más grandes retos que enfrenta el Congreso mexicano es consolidar la aprobación de reformas que contribuyan a la construcción de un marco jurídico para eficientar el combate del secuestro, el delito más lacerante para nuestra sociedad.

Resaltó que el secuestro es perpetuado por individuos a quienes les importa muy poco la vida de otros y “en tanto la sociedad tenga individuos así y las condiciones de impunidad y corrupción no cambien, los secuestros continuarán sin importar la efectividad del gobierno en combatir y controlar este tipo de delito en contra de nuestra sociedad”.

Por el PAN, el diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias comentó que la reforma representa un paso importante para involucrar más a sectores de la población, ya sean públicos o privados, a la prevención y combate de diversos delitos, de los que uno de los más importantes es el secuestro.

Aseguró que se someterá a los titulares del Ministerio Público de la Federación y de las entidades, así como a los servidores públicos en quienes se les delegue dicha atribución, a una estricta vigilancia de su actuar, para que se respeten en todo momento los derechos humanos, y se solicitará sancionar todo tipo de abusos.

El diputado Raymundo King de la Rosa (PRI) mencionó que, de acuerdo con datos del gobierno federal, la cifra de los secuestros va a la baja, pues se redujeron en 18 por ciento, al pasar de mil 698 averiguaciones previas en el año 2013 a mil 394 en el 2014. Sin embargo, añadió, este delito persiste.

En cuanto a la incidencia del delito, Tamaulipas ocupó el primer lugar nacional en el 2014 con una tasa de 16.18 secuestros por cada 100 mil habitantes, después el estado de Morelos con 6.92; en tercer lugar, Tabasco 4.48; Guerrero en la cuarta posición, 3.66, y Veracruz en la quinta con una tasa de 1.99.

En su participación, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Morena, señaló que esta reforma “en principio parece sana”. Sin embargo, deja en manos del Ministerio Público, y bajo su responsabilidad, el solicitar a las empresas de telefonía celular les brinde información sobre geolocalización.

Significa que “estaremos dejando en manos de una sarta de pillos solicitar información sobre la geolocalización. Por eso, en la fracción de Morena nos oponemos a esta iniciativa”, enfatizó.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) aclaró que esta reforma “no es positiva, por más que se llame a la eficiencia, y deberíamos votarla en contra”, ya que se violan los derechos de los ciudadanos y se “permite el espionaje libre del Estado”.

Sostuvo que se otorga “a los procuradores y a los ministerios públicos la facultad ilimitada y discrecional para que los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones les den, sin que medie orden judicial, la localización geográfica de cualquier persona y ciudadano”.

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