• Presentan Constitución Política Español-Maya en el Senado; ayudará a cerrar brecha de desigualdad, asegura

04-08-2015.- El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, se pronunció por difundir, dentro las comunidades indígenas, los ordenamientos jurídicos que hayan sido traducidos en lenguas maternas, con el objetivo de cerrar las brechas de la desigualdad y alcanzar un México incluyente.

Consideró que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben seguir trabajando de manera conjunta en este propósito, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2010 cerca del 7 por ciento de la población nacional era hablante de una lengua indígena, del cual el 16 por ciento no usa el español.

Al participar en la presentación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su edición Bilingüe Español-Maya, el legislador llamó a continuar en el camino del reconocimiento de los derechos constitucionales de todos los mexicanos, principalmente de las comunidades indígenas, a las que, desde mediados del Siglo XX, “hemos fortalecido con la implementación de diversas políticas públicas, tanto en el ámbito internacional como nacional”.

Dijo estar convencido “de que para poder ejercer los derechos y obligaciones de nuestros pueblos y comunidades indígenas, es necesario conocer el marco normativo que los rige”.

Sobre todo, expresó, porque en meses recientes, como resultado de un arduo trabajo, la Constitución mexicana fue modificada con un gran dinamismo, incluyendo temas como educación, competitividad y aspectos político-electorales, por mencionar algunos.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD), promotora del evento, lamentó que la comunidad maya se encuentre al margen de la economía nacional, ya que se ve “obligada” a hacer grandes esfuerzos para sobrevivir. “Desde hace 40 años se empezaron a considerar una minoría”, indicó.

Sostuvo que a pesar de que gran parte de su población usa la lengua maya de manera corriente, no existen programas de televisión, señalamientos y avisos en las calles, en centros de trabajo o de salud, en este idioma. “Campeche, Yucatán Y Quintana Roo son los tres estados que comparten la lengua y cultura maya”, comentó.

“En Yucatán, de las 544 mil 927 personas que hablaban lenguas indígenas en 2010, más del 98 por ciento usaba el maya peninsular, mientras que en Quintana Roo fueron 177 mil 587, y en Campeche 71 mil 852 personas”, precisó.

Pidió que la Constitución en idioma maya, en su formato digital, se suba a las páginas oficiales de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, para que pueda ser consultada por cualquier persona que desee hacerlo.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro, diputado Miguel Alonso Raya, consideró que la Constitución debería ser traducida en todas las lenguas originarias en México, para que pueblos indígenas y hablantes ubiquen su máxima ley y la forma en que está expresada en su propia lengua.

Abundó que seis de cada 100 habitantes de cinco años de edad o más hablan alguna lengua materna, por lo que urgió a invertir en escuelas ubicadas en regiones indígenas, las cuales, subrayó, tienen las mayores de carencias y falta de infraestructura y equipamiento. “Eso debe tomarse muy en cuenta dentro del presupuesto”, dijo.

Sostuvo que se ha regateado el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios a pesar de que “son culturas que dejaron huella de su sabiduría”, y estos “tiene usos y costumbre propios con las que interactúan con el mundo, así como vestimenta, tradiciones y designación de sus autoridades”.

El senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó en 2014 que el 80 por ciento de los 8 mil 334 indígenas presos que no hablaba español, no contaba con un traductor para que conociera los cargos que se les imputaron, lo que fue una violación al debido proceso.

“Debemos dotar a los pueblos indígenas de herramientas para que conozcan las leyes para su defensa y puedan ejercer sus derechos”, recomendó.

Esta carencia, sostuvo, denota la falta de visión de Estado sobre la complejidad que existe para hacer respetar y garantizar los derechos humanos de quienes hablan solamente alguna de las lenguas maternas del país.

“La lengua originaria que más se usa es el náhuatl con un millón 544 mil 968 hablantes; la segunda el maya con 786 mil 113; el tercero es el mixteco con 471 mil 710; el cuarto es el tzeltal con 445 mil 856 y le sigue el zapoteco con 425 mil 123 parlantes”, destacó.

Fabricio Julián Gaxiola Moraila, director general adjunto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), aseguró que es un reto enorme traducir textos legales a maya, dado a que es muy complejo por los términos que deben adecuarse, ya que, abundó, no existen necesariamente los mismos conceptos en maya que en español. “No hay vocablos que distingan las funciones de un diputado o un senador”, ejemplificó.

Advirtió que la falta de presupuesto merma las funciones de este instituto. “Cada año recortamos entre el 2 y el 5 por ciento del personal por falta de recursos”; no obstante, subrayó que cuentan con un padrón de 600 intérpretes, aunque falta capacitar aún más.

“Estos intérpretes no son utilizados por cuestiones presupuestales, pero no en el INALI, sino en los tribunales y en las procuradurías”, afirmó.

Puntualizó que México tiene 68 lenguas indígenas, de las cuales derivan 364 variantes que deben debe ser reconocidas como lenguas nacionales, lo que implica un gran reto administrativo y presupuestal.

En su turno, Fidencio Briceño Chel, coordinador de la traducción del texto, apuntó que con este ejercicio se abren nuevos caminos en materia de Derecho para los pueblos indígenas, aunque consideró que “hacen falta políticas lingüísticas que logren hacer más eficiente el trabajo para proteger lenguas que comúnmente son “minimizadas”.

“Los legisladores, subrayó, deben trabajar en hacer llegar leyes, decretos y reglamentos del aspecto legal en México a los pueblos originarios en sus dialectos tradicionales, con esto no salvamos la vida de una lengua indígena, pero damos herramientas para su difusión”.

Pidió ver a las lenguas madres como patrimonios vivos y expresó que “quien no conoce las leyes, no conoce sus derechos, por eso la importancia de este trabajo que hoy se presenta”.

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