02-15-2015.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó, con 26 votos a favor, uno en contra y una abstención, el dictamen que expide la Ley de Disciplina Financiera a las Entidades Federativas y municipios y reforma las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

El objetivo de la nueva norma es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

El dictamen refiere que se busca asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios y plantea los principios generales en materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto público de los estados y de los municipios, reconociendo la diferencia en el manejo de sus finanzas públicas, en el grado de desarrollo institucional de dichos órdenes de gobierno.

Establece como principio básico de disciplina fiscal que las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de las entidades se encuentren en línea con los planes de desarrollo.

Se incorporan los principios de unidad y universalidad del presupuesto, y hace expreso que el aumento o un nuevo gasto que se requiera deberá estar previamente fondeado; se estipula la obligación de aprobar con anterioridad una fuente de ingreso o una reducción del gasto que permita cubrir una nueva erogación.

Contempla que los estados incluyan en sus Presupuestos de Egresos reservas por un monto de, al menos, 10 por ciento de la aportación realizada por el estado a la reconstrucción de su infraestructura dañada durante los últimos cinco años, para atender contingencias por desastres naturales o causas fortuitas, así como para llevar acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas públicas.

Además, acuerda que la contratación de financiamientos y obligaciones esté destinada a inversión pública productiva o su refinanciamiento o reestructuración; reconoce los esquemas de asociaciones público-privadas como una opción que pueda destinarse a la contratación de servicios, siempre y cuando el componente de pago incluya inversión pública productiva realizada.

Se incluye la obligación de los entes públicos locales, de contratar financiamiento y obligaciones bajo las mejores condiciones de mercado y, para el caso de empréstitos, la acreditación de su contratación, bajo esas condiciones, será responsabilidad del secretario de finanzas, secretario municipal o equivalente en el respectivo ente público

Asimismo, se trasladan a este nuevo ordenamiento las reglas específicas de contratación de deuda pública del Distrito Federal, que año con año se incluyen en la Ley de Ingresos de la Federación.

Con el propósito de que la deuda funcione efectivamente como herramienta para una mejor provisión de bienes públicos, sin representar una carga financiera para entidades y municipios, se contemplan mecanismos de contratación como los procesos para acreditar la contratación bajo mejores condiciones de mercado y las licitaciones públicas.

Estipula la facultad del Ejecutivo Federal de otorgar la garantía del gobierno federal a la deuda pública de esos órdenes de gobierno y determina como requisitos que hayan celebrado un convenio con la SHCP y que afecten sus participaciones federales a un vehículo específico de pago.

De manera preventiva y para un mayor seguimiento al nivel de endeudamiento de los entes públicos locales, se estableció un Sistema de Alertas, que se define como la publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los indicadores de endeudamiento de dichos entes, la cual deberá realizar una evaluación de los que tengan contratados financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, de acuerdo a su nivel de deuda.

Además se establece la obligación de los entes públicos de registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones que contraten, con lo que se crea el Registro Público Único, que contendrá información completa al respecto, incluyendo cortos plazos, arrendamientos financieros, factorajes, garantías y créditos de largo plazo, entre otros.

Se incluye un apartado sobre reglas de transparencia y rendición de cuentas para establecer la responsabilidad de incluir en los informes periódicos la información financiera conducente y señalar el responsable de fiscalizar el cumplimiento de la Ley. Para presentar esos informes periódicos, los entes públicos deberán sujetarse a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Refiere que las entidades superiores de fiscalización de los estados y la Auditoría Superior de la Federación serán los entes fiscalizadores para dar cumplimiento al nuevo ordenamiento. Ésta última podrá fiscalizar las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal, así como los recursos obtenidos de empréstitos garantizados.

Por lo que hace a la Ley de Coordinación Fiscal, plantea reformar su artículo 9 y adicionar la fracción V a su artículo 10-A para que las entidades y municipios puedan afectar sus participaciones siempre y cuando sus obligaciones respaldadas con éstos recursos, no excedan el 100 por ciento de sus ingresos disponibles. Se incorpora la posibilidad de que los municipios puedan convenir con el estado correspondiente, para que afecte sus participaciones y se permita extender los beneficios del mecanismo de deuda estatal garantizada.

También se reforma la denominación de la Ley General de Deuda Pública para quedar como “Ley Federal de Deuda Pública”, sus artículos 12, 13 y 19, debido a que la regulación de la deuda de esos dos órdenes de gobierno se incluye en el nuevo ordenamiento, así como la regulación en materia de responsabilidad hacendaria y toda la regulación sobre su endeudamiento.

De igual forma, se deroga el último párrafo del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto a la presentación de información financiera, pues la nueva ley contempla el Registro Público Único, en el que se inscribirán todos los financiamientos y obligaciones que contraten los estados y los municipios.

Posicionamientos

Al fijar su postura, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (Nueva Alianza) dijo que la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas que requiere la administración para evaluar resultados en la ejecución de recursos y programas, con el propósito de generar en los entes gubernamentales una mayor eficiencia, eficacia y honradez en ejercicio del gasto público.

Estimó que este dictamen fortalece el esquema de un endeudamiento responsable al implementar el Registro Público Único como herramienta para conocer el tipo de financiamiento u obligación contratada por entidad federativa y municipio, así como el sistema de alerta que permitirá conocer en todo momento el estatus del endeudamiento de los estados y realizar acciones preventivas.

En su turno, la diputada María Elena Orantes López (Movimiento Ciudadano) consideró que las disposiciones de esta nueva ley de disciplina financiera obligarán a los estados y municipios a conducirse bajos criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero.

Las disposiciones de esta ley, dijo, en temas como la contratación de financiamientos y obligaciones, la disciplina financiera y las condiciones de liquidez, entre otros contemplados por esta norma, permitirán un desarrollo armónico de las finanzas públicas.

De Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales indicó que mucho de lo establecido en el dictamen va a contribuir a que haya un control más eficaz de la deuda pública de las entidades federativas.

Sin embargo, resaltó que se está poniendo a los estados una serie de restricciones mayores que al gobierno federal. Es decir, dijo, “tenemos dos varas, uno para los estados que creemos que son muy malos y que se gasta mal el dinero, y otro para la Federación”. Estimó que “lo que sigue es obligar al gobierno federal a que acate lo que hoy se va aprobar”.

La diputada Adriana Sarur Torre pronunció su voto a favor del dictamen ya que, dijo, se especifica un decálogo para transformar a fondo el endeudamiento en que pueden recaer estados y municipios.

Explicó que se modifica la Ley de Coordinación Fiscal a fin de cambiar los requisitos para afectar las participaciones federales, así como derogar algunos párrafos que tienen que ver con materias que quedaran incorporadas a la nueva ley que se propone.

En tanto, el diputado Waldo Fernández González (PRD) señaló que con este marco jurídico se permitirá homologar el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo.

Para ello, agregó, se crea un sistema de alertas vinculado a los niveles de endeudamiento de servicio de la deuda y de las condiciones de liquidez, lo cual permitirá una detección oportuna del riesgo en el endeudamiento de los entes públicos. Además, para la contratación de financiamientos y obligaciones, bajo principios de transparencia y eficiencia, se realizará al menor costo financiero y los recursos se destinarán a la inversión pública.

Por el PAN, el diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores comentó que esta nueva ley de disciplina financiera establece principios generales en materia presupuestaria, endeudamiento, trasparencia, monitoreo y rendición de cuentas en el uso de sus recursos.

Asimismo, crea definiciones que acotan los financiamientos contratados por las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos. Impone medidas de ahorro ante bajos niveles de sus ingresos. Además, se controlará cualquier nuevo gasto, porque deberá ser señalado con nuevas fuentes de ingresos.

El diputado Yerico Abramo Masso (PRI) sostuvo que esta ley llega en un tiempo muy importante, pues ayuda a que en el mediano plazo haya muy buena regulación para todos los municipios de México, ya que se limita el crecimiento en servicios personales, exceptuando el tema de seguridad y servicios de salud.

Esto, añadió, fortalece mucho a país, porque el gran problema de las deudas en los municipios es el incremento desmedido de las nóminas, lo que impide que su gasto de inversión crezca. Aclaró que no se está incluyendo obligaciones mayores que las que tiene la federación. “Las reglas de disciplina financiera vienen a fortalecer en mucho a México y a poner orden”.

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