08- 12- 2015.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presidida por el diputado Luis Maldonado Venegas (PRD), propondrá que a esta instancia legislativa se le otorguen facultades dictaminadoras en materia de fiscalización y Cuenta Pública, junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En reunión de trabajo, Maldonado Venegas destacó que se requiere de esa capacidad dictaminadora ante el nuevo panorama fiscalizador que impulsa la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la rendición de cuentas en el país.

Recordó que el origen de esta comisión fue vigilar a la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual, continuó, “es una cuestión necesaria y útil que tenga facultad dictaminadora relacionada con la fiscalización”.

Para ese fin, propuso reformar el artículo 40, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General; el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; el último párrafo del artículo 107 y el primer párrafo del 108 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además del numeral 1 del artículo 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Maldonado Venegas indicó que se requiere revisar, analizar y hacer las consultas necesarias con los grupos parlamentarios, para que los diputados suscriban estas propuestas de modificación, a fin de fortalecer la presencia y actuación de la Comisión de Vigilancia y, en esa medida, contribuya a fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Subrayó que en el receso legislativo se evaluarán e impulsarán las reformas ante la Comisión Permanente, con el propósito de presentarlas en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Refirió que los integrantes de la comisión analizan nueve propuestas para crear subcomisiones de trabajo, entre las que resaltan la de instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción respecto a todas las acciones de fiscalización que lo impacta. Dicho esquema requiere el análisis de los anteproyectos existentes en el Senado y las diversas propuestas, a través de un grupo de trabajo específico, señaló Maldonado Venegas.

Planteó una subcomisión que evalúe los proyectos de análisis y rediseño de la fiscalización superior, ya que la reforma trae cambios sustantivos que tendrán que realinearse a nuevos criterios respecto al reporte y la rendición de cuentas.

Ejemplo de ello, dijo, son las facultades constitucionales que se prevén tendrá la ASF para auditar en tiempo real, ya que se tendrá un reporte trimestral y no anual como antes.

“Todo eso derivará en una serie de mecanismos y prácticas diferentes, por lo que es necesario trabajar en ello y lograr una propuesta consensuada que permita un trabajo coordinado y conveniente con la ASF”, apuntó.

Destacó la transcendencia de los cambios estructurales en materia de fiscalización y los proyectos de evaluación e impacto de la ASF.

Maldonado Venegas estimó que es necesario tener indicadores de desempeño que permitan una mejor evaluación del trabajo, y en particular del programa de auditorías que realiza la ASF.

Señaló la importancia de una subcomisión de difusión de normas del ejercicio del gasto público. Adelantó la realización de una jornada nacional para darlas a conocer a la ciudadanía y no sólo a las instancias de control, en marzo del año próximo, porque las diversas dependencias públicas tienen hasta febrero, como tiempo máximo, para emitir las reglas de operación de los programas.

El propósito de esta jornada es evitar que por malas interpretaciones se incurra sistemáticamente en faltas, a veces no mayores, pero que impactan el trabajo de la ASF y provocan que en el ejercicio del gasto se presenten problemas que no deberían existir.

Resaltó la importancia de vincular a la ciudadanía con futuras reformas a los sistemas nacionales de Transparencia, de Anticorrupción y de Fiscalización, a fin de que presenten sus propuestas y enriquezcan eventuales reformas y adecuaciones, al igual que a las universidades del país.

Crear, asimismo, una subcomisión de seguimiento a la construcción de la nueva sede de la ASF, para que en el marco de transparencia y rendición de cuentas se verifique la obra pública, y sirva de ejemplo para otros proyectos.

La diputada Araceli Damián González (Morena) propuso crear una subcomisión que evalúe los proyectos de asociaciones público-privadas, debido al importante monto de recursos públicos que se invierten.

Al respecto, mencionó tres obras carreteras que se construirán en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; cuatro hospitales nuevos del IMSS en Nuevo León, Chiapas, Nayarit y Estado de México; uno del ISSSTE en Tabasco y dos más en el Distrito Federal y en Yucatán, que suman 13 mil 500 millones de pesos, cuyos contratos tendrán una vigencia de 25 años.

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