09- 12- 2015.- La ausencia de una política industrial que vincule el desarrollo social con el económico, convertirá en maquiladoras a las empresas que se crearán con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad “terminará en sólo una buena intención”, coincidieron investigadores de la UNAM y de organizaciones civiles.

En el foro “Zonas Económicas Especiales”, convocado por el diputado Vidal Llerenas Morales (Morena), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmaron que no se garantiza la integración regional ni la transferencia de innovación tecnológica, porque adolece de un enfoque integral de productividad y competitividad.

“La propuesta está condenada al fracaso y no ser la solución planteada”, ya que no incluye a la banca de desarrollo, es decir, la participación del Estado en la inversión productiva, subrayaron.

Refirieron que se pretende resolver el bajo valor agregado en la producción nacional y falta de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) en la zona más rezagada del país, lo cual es una contradicción por los niveles de pobreza y precariedad del trabajo que, lamentablemente, se registran en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Ello complicará alcanzar la meta de impulsar empresas productivas y competitivas, ya que los trabajadores no están capacitados para insertarse en ese tipo de compañías.

Al inaugurar el evento, la diputada Rocío Nahle García, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, alertó los riesgos económicos y sociales que arrojará la creación de empresas que no estén vinculadas con las características de la región y necesidades de su población.

Señaló la precariedad de los empleos prevista, porque será una realidad que los extranjeros ocupen los puestos gerenciales y que haya una mano de obra nacional mal pagada, alentando inseguridad. Sostuvo que el mercado se abrirá aún más, con acceso a libres aranceles, y propuso estar atento a las condiciones en que quedarán los empresarios, comerciantes y población de esas regiones en este nuevo esquema económico.

La competencia será desleal porque las nuevas compañías gozarán de muchas prerrogativas como contratos por 25 o más años, con exenciones fiscales, precios preferenciales del gas, acceso al agua y carreteras, entre otras prebendas, precisó.

Aseveró que otorgarles todas las facilidades no garantizará el éxito de los proyectos, ya que del total de las Zonas Económicas Especiales (ZEE’s), a nivel mundial, más del 80 por ciento fracasan.

Aquí las ZEE’s, estimó, son “una finta de salvavidas al sur-sureste mexicano abandonado, explotado en sus recursos naturales, porque es donde se saca la riqueza del país, donde menos desarrollo existe y sí está en el más lacerante olvido, donde las políticas públicas están ausentes, y de aplicarse son castigadas en comparación al norte de la República”.

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), reconoció que es positivo que la iniciativa retome el enfoque productivo para resolver la pobreza.

Sin embargo, refleja la contradicción de la política económica, porque tiene una inercia de falta de participación del Estado en políticas públicas, que prevalece desde hace 30 años, planteando una estrategia que no es integral.

La oportunidad del Poder Legislativo es construir una propuesta que sea integral, y es fundamental rescatar el concepto de política industrial de México, porque es otra carencia importante en la iniciativa, subrayó.

Mario Arraigada Cue, politólogo e internacionalista de El Colegio de México (Colmex), señaló que se requerirá en esas regiones una elevada inversión pública si se pretende detonar una industria ligera, corriendo el riesgo de que se conviertan en zonas maquiladoras, equiparables a las existentes en Honduras.

Refirió el riesgo de sobreexplotación de los recursos naturales de la región, colocando en alta vulnerabilidad la protección de la biosfera.

Consideró equivocado el enfoque de asociar la política industrial con el desarrollo económico regional, porque se corre el riesgo de alentar más marginación, pues al no contratarse a los trabajadores no capacitados provocará descomposición social y, con el tiempo, se puede alentar el abandono de los proyectos, destruyendo las ciudades, con los efectos nocivos que pueden registrarse. Resaltó la necesidad de que los ciudadanos conozcan los efectos de la iniciativa.

Normand Asuad Sanén, investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable (Cedros), de la Facultad de Economía de la UNAM, alertó del riesgo de descomposición del tejido social, si los trabajadores no logran insertarse en las nuevas empresas, generándose violencia y resentimiento social.

Apuntó que no existen efectos automáticos que garanticen que al establecer una ZEE’s habrá beneficios inmediatos para la población. Consideró “imposible” que una política de esta índole resuelva el rezago, la pobreza y marginación históricos que resiente esa región del país. Se requiere una estrategia de largo plazo “que garantice a la gente que puede sobrevivir con su trabajo. La iniciativa es una caja negra que no se sabe qué va a suceder”, enfatizó.

Andrés Peñaloza, presidente de la organización civil Bialii Asesoría e Investigación, refirió que se alentará el despojo de territorio, incluyendo bienes colectivos, con las ZEE’s, vulnerando y violando la soberanía nacional y regional, a través de beneficios fiscales, aduaneros, financieros administrativos e infraestructura a corporativos privados.

Sostuvo que no se garantizará la generación de empleos estables y bien pagados para los trabajadores frente a la voracidad para sobreexplotar los recursos hídricos y naturales que tiene el sur-sureste. Indicó que este esquema económico no asegura un desarrollo económico equilibrado en beneficio de la población.

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