09-12-2015.- La Comisión de Pesca, que preside el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero (PRI), avaló un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo para que a través de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se tomen medidas precautorias para evitar la entrada de salmón transgénico al país.

Asimismo, solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reforzar las revisiones en las autorizaciones para la importación de salmón destinado a la alimentación y proceder en consecuencia.

El documento, presentado por la diputada Claudia Corichi García (MC), señala que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA por sus siglas en inglés), consideró que ese producto cumple con los requisitos reglamentarios y es apto para el consumo humano.

Ese organismo refirió que la nueva especie de salmón es tan nutritivo y seguro como cualquier otro que no se haya modificado genéticamente, ya que no hay diferencias biológicas relevantes; contrario a diversos gremios defensores de consumidores, que estiman que ese tipo de alimento podría ser peligroso para la salud.

La instancia legislativa consideró que para mantener un nivel óptimo de seguridad y salud, es imperante prever la importación de un producto que puede no ser benéfico para el consumo de los mexicanos.

Indicó que pese a que la FDA refirió que ese salmón es nutritivo y seguro para al consumo humano, varias cadenas comerciales de Estados Unidos han rechazado dicho producto.

Precisó que México cuenta con el marco jurídico necesario para regular los organismos transgénicos y evaluar los riesgos e incertidumbre asociados a ellos, ya que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificada, en su artículo 34, subraya que la secretaría federal correspondiente podrá negar el permiso cuando concluya que los transgénicos representen un riesgo para la sanidad.

En tal sentido, la Comisión de Pesca observó viable exhortar, a través del titular del Ejecutivo, a las dependencias federales correspondientes, con el fin de que tomen las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos del país, en virtud de que no se tiene certeza de que ese alimento modificado cause algún tipo de daño o alergia.

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