• Comisión presenta el segundo tomo del libro “Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas”
• Sistema Nacional Anticorrupción deberá apoyarse en leyes secundarias “completas y bien elaboradas”: Hallivis Pelayo

10-12-2015.- El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Luis Maldonado Venegas (PRD), dijo que la sociedad demanda que la fiscalización, anticorrupción y transparencia inauguren una nueva etapa en la rendición de cuentas y en la vigilancia, ejercicio y destino de fondos de carácter público.

Durante la presentación del libro “Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas” Tomo 2, a la que asistió el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), Manuel Hallivis Pelayo, el legislador destacó que “la ciudadanización de los sistemas de fiscalización, anticorrupción y transparencia son una exigencia y serán un método permanente de trabajo para esta comisión”.

Mencionó que el Congreso se encuentra en la ruta de procesar el andamiaje para una legislación secundaria que dé contenido a las reformas que derivarán en la consolidación de un Sistema Nacional de Fiscalización, un Sistema Nacional Anticorrupción y un Sistema Nacional de Transparencia.

El legislador por el Distrito Federal informó que la comisión a su cargo trabaja en el análisis de elementos que permitan al Congreso concretar y reforzar las reformas en la materia, al nivel de las expectativas de la sociedad.

Refirió que el libro, que cuenta con la visión académica de profesionales y especialistas, “permite abordar el tema con una visión ciudadana y no desde una perspectiva aislada o distante de las verdaderas inquietudes de la población”.

“Será un material clave y fundamental en el análisis, debate, discusión y creación de las nuevas normas jurídicas que tendremos que procesar en el próximo periodo ordinario de sesiones”, afirmó.

Reiteró su deseo de trabajar con organizaciones e instituciones del sector privado y del ámbito académico, universitario, científico, técnico y profesional, a fin de colaborar en otros proyectos.

En su turno, el presidente del TFJFA resaltó que la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción deberá apoyarse en leyes secundarias “completas y bien elaboradas”.

Hallivis Pelayo subrayó que tienen que contemplar el principio de proporcionalidad, lo que implica que no sólo determinarán si un funcionario público es infractor o no, sino adecuar el monto o duración de la sanción.

Resaltó que la reforma está compuesta por acciones ejecutivas que buscan la prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción. “Se ha creado como una instancia de coordinación, entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes, y seguimiento a la fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana”.

El Sistema Nacional Anticorrupción, continuó, se conforma por 4 ejes: una Auditoría Superior de la Federación (ASF) reforzada y mejorada, que vigilará y contralará la gestión gubernamental que anteriormente estaba ligada al principio de nulidad; una Secretaría de la Función Pública que tendrá mejores facultades para crear políticas públicas en profesionalización y prevención; la Fiscalía Anticorrupción, de nueva creación, y se cambia el nombre de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por el de Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Detalló que la reforma en mención se complementa con el Sistema de Transparencia, lo que abona a lograr una evolución de lealtad institucional, profesionalización, prevención y fortalecimiento de los valores y virtudes de los servidores públicos.

En torno a las demandas que recibió el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, informó que del 2000 al 2015 sumaron alrededor de un millón 580 mil; de éstas, sólo 28 mil fueron relacionadas con la responsabilidad de servidores públicos, de las cuales 52 por ciento se resolvió a favor del particular y 48 por ciento a favor del Estado.

Enfatizó que de ese 52 por ciento, alrededor del 40 por ciento fueron por cuestiones de forma y “es aquí donde tendríamos una oportunidad para rectificar lo que se realizó mal. Se defendió equivocadamente o simplemente fueron cuestiones técnicas.

Ante ello, solicitó que en el análisis de las leyes secundarias se considere que el Tribunal pueda tener la facultad de reducir al mínimo los errores de forma al estar mal integrado un expediente, es decir, que pueda regresarlo o, en todo caso, realizar diligencias que permitan integrar expedientes completos.

Además, pidió que la medida o sanción a ejecutar debe ser idónea y necesaria, por lo que tendrá que ser proporcional y equilibrada con la falta cometida, “con el fin de generar, en el incumplido, la percepción de que todo acto de corrupción será detectado oportunamente y sancionado con la debida justicia”.

Reiteró que se deberá tomar en cuenta el principio de la verdad material, es decir, “lo que los hechos son y no lo que aparentar ser, a fin de evitar que la corrupción sea salvada por tecnicismos”.

“No podemos concebir una gestión pública que no sea transparente, eficiente, honesta e imparcial. Para lograrlo, se tiene que verificar y garantizar que todos los servidores públicos cumplan con su encargo, con estricto apego a la legalidad y bajo los principios de transparencia, economía, eficiencia, eficacia, lealtad, imparcialidad y honradez”, afirmó.

Hallivis Pelayo señaló que desde hace varios años México vislumbró la necesidad de instrumentar no sólo reformas aisladas, sino un sistema integral que garantizara la efectividad de las medidas de anticorrupción, enlazado con el Sistema Nacional de Fiscalización y con el de transparencia.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un régimen disciplinario efectivo debe ser comprensivo, al abarcar todos los ámbitos y todos los agentes de gobierno; coordinado, es decir, centrado en la prevención e investigación y con facultades y elementos suficientes para sancionar las actividades ilegales.

Debe ser eficiente y eficaz, en tanto que los procesos administrativos y jurisdiccionales estén diseñados de forma que las acciones sean oportunas, y deberá ser justo, garantizando a los particulares y servidores públicos un debido proceso y respeto a sus derechos humanos.

Sin duda, añadió, el libro contribuirá a lograr una adecuada capacitación, actualización y discusión de temas en la materia. “Es una obra monumental, seria, fresca, útil, que se considerará como referencia obligada para cualquier estudioso en el tema”.

Al clausurar el evento, la secretaria de la comisión, diputada Minerva Hernández Ramos (PAN), dijo que “nos queda claro que la transparencia, si no va acompañada de un combate decidido a la corrupción, simplemente quedaría en impunidad”, por lo que “estos temas deberán atenderse si queremos recuperar la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones”.

Al evento asistió el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la comisión, Alejandro Romero Gudiño, quien hizo mención de las semblanzas curriculares de los autores del libro, entre ellos, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar; el titular de la Unidad Técnica de Vigilancia, Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Oaxaca, Jorge Alberto López Gopar, entre otros investigadores y expertos en la materia.

El libro fue coordinado por la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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