14-01-2015.- La Comisión Permanente exhortó al congreso de Coahuila de Zaragoza y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a solicitar a los Consejos de la Judicatura y a los Tribunales Superiores de Justicia de dichas entidades, información sobre las inversiones efectuadas en la sociedad financiera denominada Ficrea.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), al presentar el punto de acuerdo considerado de urgente resolución, refirió que derivado de las investigaciones realizadas por las autoridades federales, Ficrea trianguló fondos realizando conductas fraudulentas que dieron paso a la comisión de diversos ilícitos.

Por ello, dijo, el pasado 19 de diciembre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de Ficrea para operar como sociedad financiera popular.

Precisó que de acuerdo con la CNBV, existen 6 mil 366 clientes de Ficrea, de los cuales hasta el 3 de enero del presente año se han realizado 2 mil 317 solicitudes de seguro de depósito. Sin embargo, entre los ahorradores defraudados se encuentran los Tribunales de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal.

Subrayó que según el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Magistrado Edgar Elías Azar, se invirtió en Ficrea la cantidad de 120 millones de pesos, cuya procedencia debe esclarecerse, ya que presumiblemente pueden ser parte del erario público del Distrito Federal.

Asimismo, el Tribunal del Distrito Federal instruyó al Consejo de la Judicatura abrir una investigación con la Contraloría Interna del propio organismo, para determinar si realmente existía información que hubiera inhibido la inversión en Ficrea y no se haya tomado en cuenta por los administradores de los más de 120 millones de pesos, y así deslindar responsabilidad interna de los asesores financieros del Tribunal.

El legislador reconoció que el Tribunal ha dado a conocer las acciones emprendidas para recuperar los recursos posiblemente defraudados por Ficrea; sin embargo, es necesario que tanto la Asamblea Legislativa del DF como la Comisión Permanente conozcan de manera puntual las acciones que se han emprendido tras conocerse las irregularidades cometidas por esa sociedad financiera.

Aunado a lo anterior, añadió, el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza invirtió recursos en su fondo de mejoramiento para la administración de justicia de Ficrea.

A pesar de que ese órgano emprendió acciones para recuperar los cerca de 90 millones de pesos, también es necesario contar con información que permita conocer las razones por la que se decidió invertir esas cantidades y las acciones que se han ejercido para recuperarlas.

Sobre el tema, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) señaló que las causas que originaron la quiebra de Ficrea se alojan en actos de negligencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que esta entidad no detectó a tiempo las irregularidades financieras en las que incurrió durante muchos años la sociedad financiera.

El fraude millonario, subrayó, también alcanzó a los Tribunales Superiores de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal, por lo que se pronunció por una investigación exhaustiva sobre este tema. Por ello, “no solo no nos oponemos a que la Asamblea Legislativa requiera de la información del tribunal sino es una exigencia legítima a toda autoridad por el simple ejercicio de recursos públicos”.

Por su parte, el senador Javier Lozano Alarcón (PAN) se expresó a favor del exhorto “porque queremos saber qué fue lo que llevó a la administración del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y el del Distrito Federal a meter su dinero, muchos millones de pesos, en esta sociedad financiera popular”.

Consideró que se debe explicar “qué andaban haciendo estos tribunales metiendo, en un caso, 120 millones de pesos, como el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, y en el caso del Tribunal de Justicia de Coahuila cerca de 90 millones de pesos”.

La senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) expresó su interés por atender a los miles de ahorradores que han sido defraudados a través de esta institución y atender lo ocurrido en otras; además, pidió claridad sobre cuáles fueron las razones para hacer depósitos en instituciones de esa naturaleza y, por supuesto, solicitó que no se repitan.

Enfatizó que el PRI estará atento en la revisión pertinente para hacer las adecuaciones a que haya lugar y concretar acciones específicas en esta materia.

En tanto, el senador Gerardo Flores Ramírez (PVEM) compartió la inquietud de que se rinda información sobre el uso de los recursos invertidos en esta institución financiera que “hoy lamentablemente está en problemas. Lamentablemente –enfatizó- porque perjudica a miles de ahorradores”.

Consideró que se deben corregir las deficiencias en el marco legal para que estas situaciones no se vuelvan a presentar. “Creo que podemos lograr en fechas próximas un buen acuerdo parlamentario para resolver estas deficiencias y darles incluso a los ahorradores de Ficrea una salida digna respecto a este problema en el que ellos no buscaron involucrarse”.

El senador Arturo Zamora Jiménez (PRI) afirmó que el recurso que se otorga para los sistemas de justicia en las entidades federativas es un recurso público que va destinado a fortalecer el esquema de la administración pública en el ámbito de la justicia.

Por ello, estimó necesario solicitar también la información correspondiente a los consejos de la judicatura de cada uno de los sistemas de justicia de las entidades que están inmersas en esta situación.

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