03-02-2015.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 399 votos diversas reformas y adiciones a siete leyes para homologarlas y armonizarlas con la Carta Magna y las convenciones internacionales, a fin sustituir el término de “discapacitados” por el de “personas con discapacidad” y eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos o erróneos.

El dictamen aprobado con modificaciones al enviado por el Senado de la República, establece cambios a disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, y General de Salud.

El objetivo es armonizar la legislación federal con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Ley General de las Personas con Discapacidad.

El documento aprobado fue devuelto al Senado de la República parta sus efectos constitucionales, previstos en el artículo 72.

En los posicionamientos, por Nueva Alianza, el diputado José Angelino Caamal Mena sostuvo que es imperativo actualizar y establecer con precisión en las leyes del país los términos adecuados para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos, en particular de las personas con discapacidad, tema muchas veces ignorado, y evitar discriminación, apuntó.

“Las definiciones establecidas en nuestras leyes son un paso para la concientización y sensibilización de todos los ciudadanos, ya que la principal barrera que enfrentan las personas con discapacidad para participar como miembros activos de la sociedad y gozar plenamente de sus derechos, es la discriminación que impide el goce efectivo de los derechos que establece nuestra Constitución”, afirmó.

Al fijar su postura, la diputada María del Carmen Martínez Santillán (PT) aseveró que aunque estas modificaciones pueden considerarse lingüísticas, “en el fondo tratan de un tema sustantivo para el desarrollo armónico, justo, equitativo y democrático del 5 por ciento de los mexicanos”.

Se pronunció por “avanzar en una cultura de inclusión desde los primeros años de vida”, ya que la discriminación más preocupante y dolorosa es la que sufren los niños con discapacidad, causada en muchos casos por factores congénitos o por accidentes graves, con la que debe lidiar el niño toda su vida.

Reconoció el avance en la materia en las zonas urbanas; sin embargo, en las zonas rurales y en las de alta de marginación aún existe una cultura de exclusión que es necesario revertir, demandó.

A nombre de Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal señaló que las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos de esta Legislatura hicieron su mayor esfuerzo para armonizar la legislación federal y las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de las Personas con Discapacidad, adoptando el término de personas con discapacidad.

Destacó la coincidencia y el consenso con estas reformas y adiciones para homologar y armonizar nuestra legislación y esté acorde con las convenciones internacionales y sobre todo con la Carta Magna.

La diputada del PVEM, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, resaltó que homologar y armonizar el marco jurídico, a través del lenguaje, construye nuevos paradigmas y puede ayudar a impulsar una cultura incluyente y no discriminatoria, ya que no sólo evita la calificación indeseable, sino que alude a toda una manera de ser, de vivir y de enfrentar el mundo.

Es fundamental impulsar un lenguaje no discriminatorio que esté libre de todas las fobias que tanto han lastimado a la humanidad, dijo. Precisó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.

Por el PRD, la diputada Josefina Salinas Pérez señaló que el Inegi reportó en el 2010 a 5 millones 739 mil 270 personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total. Es necesario reconocer el valor de la contribución que realizan, dijo, al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades.

Por ello, exhortó al gobierno federal para que en todas las acciones que emprenda y que afecten en cualquier forma el desarrollo de la población sea tomado en cuenta este amplio sector de la sociedad y sus necesidades, a fin de garantizar su adecuada integración.

A nombre de Acción Nacional, la diputada Raquel Jiménez Cerrillo convocó a contribuir con la cultura del respeto e inclusión de las personas con discapacidad, ya que aun cuando existe un nuevo paradigma en el tema, cimentado en los derechos humanos y la inclusión social, se sigue presentando el empleo de un lenguaje equivocado y peyorativo que se convierte en discriminatorio.

Refirió que prácticamente en todas las legislaciones locales de los estados el término “personas con discapacidad” se ha incluido y adecuado la ley, lo cual no se había hecho en la legislación federal. “Es inconcebible hablar sobre derechos e igualdad de oportunidades sin que se plasme correctamente en la ley el término para referirse a estas personas”, dijo.

Por el PRI, la diputada Mónica Clara Molina destacó la importancia de homogenizar y armonizar el término de “personas con discapacidad” en estas leyes, para evitar confusiones jurídicas que impliquen una ambigüedad en el concepto.

Sostuvo que se deben crear acciones que generen una sociedad más inclusiva, instar para que las personas tengan oportunidades y desarrollen sus habilidades, así como evitar alguna barrera que implique menoscabo del respeto de esta población, ya que de esta manera se homologarán las leyes evitando cualquier deterioro lingüístico o laguna jurídica que pudiera interferir en garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

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