• Disminuirán las ventas de maíz, carnes y lácteos al vecino país del norte, advierte

• Hace un llamado para aprovechar posibles áreas de oportunidad derivadas de esta nueva política agraria

• Es posible colocar en mercado estadounidense más volúmenes de azúcar, frutas y verduras

07-02-2015 La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (PRI) advierte que la nueva Ley Agrícola de Estados Unidos, promulgada en febrero de 2014, tendrá una gran repercusión en nuestro país, a causa del fomento o inhibición en la producción agropecuaria del vecino país del norte que, a su vez, impactará en su oferta y demanda de alimentos.

La legisladora explica que las nuevas disposiciones para la producción de biocombustibles, derivados de la biomasa y no de granos forrajeros, propiciarán una reducción de los precios del maíz en Estados Unidos, lo que fomentará su producción y exportación, y disminuirán sus importaciones.

Por otro lado, con la creación del Programa Suplementario de Asistencia para la Nutrición (SNAP, por sus siglas en inglés), la Unión Americana satisface casi en su totalidad la producción doméstica de lácteos y carnes.

En este punto, la normativa que ordena preferir la producción nacional frente a la extranjera “puede afectar gravemente a nuestro país”, enfatiza Hernández Morales.

Pese a estas y otras medidas promulgadas por la administración de Barack Obama, la diputada secretaria de la Comisión de Vivienda subraya otras áreas de oportunidad derivadas de la misma Política Agraria (Farm Bill) del vecino del norte.

Detalla que, por ejemplo, con el nuevo orden legal de Estados Unidos aumentará significativamente el precio del azúcar, y aunque esta nación es una de las principales productoras en el rubro, también se encuentra entre los primeros lugares en cuanto a consumo, y su oferta aún no satisface toda su demanda doméstica.

Asimismo, su importación de frutas y vegetales ha crecido 10 y ocho por ciento al año, respectivamente, durante el último lustro, donde 83 por ciento de los vegetales que consume Estados Unidos provienen de México, y el 36 de las frutas.

“Cuando se gira la vista a otras legislaciones del mundo, se abre todo un abanico de posibilidades que bien pueden incentivar al campo en nuestro país”. Por ello, subraya, “hay que examinar la de Estados Unidos para deducir sus repercusiones e implementar instrumentos que nos puedan beneficiar”.

En consecuencia, la diputada por Hidalgo promueve un punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a que destine recursos al financiamiento de microempresas rurales de productos específicos que la Unión Americana requerirá, debido a los cambios en sus programas alimentarios.

Con ello, precisa, se podría consolidar a nuestro país como uno de los principales exportadores de frutas y verduras que consumen los estadounidenses, además de que se dotaría de fondos a los agricultores que los carecen, fomentando el empleo y el ingreso nacional.

Por otro lado, plantea establecer programas de educación y capacitación a productores agrícolas, a fin de dotarlos de los conocimientos que precisan las nuevas formas de producción y comercialización.

Al respecto, Hernández Morales subraya: “no podemos ignorar que la gran mayoría de agricultores cuenta con escasa preparación académica, si no es que es analfabeta, por lo que las nuevas tecnologías y producción de alimentos transgénicos pueden representarles cuestiones bastante complejas, considerando que muchos de ellos son indígenas”.

Además, la legisladora propone financiar y fomentar a microempresarios rurales que distribuyen, almacenan y comercializan alimentos, para que adquieran los instrumentos necesarios de comercialización que les permitan evitar a intermediarios.

“La medida sería beneficiosa en los casos en que las exportaciones estadounidense tiendan a aumentar, pues los productos nacionales entrarían en competencia y la transacción directa con los consumidores redundaría en la reducción de los precios, lo que representaría una ventaja comercial para nuestros agricultores”, enfatiza.

Hernández Morales urgió a tomar en cuenta tales medidas, ya que el campo mexicano no ha sido destinatario de políticas públicas eficaces que alienten mayor producción y calidad de los cultivos que, paralelamente, mejoren el nivel de vida de quienes hacen de la agricultura su actividad cotidiana.

“La extensión de la tierra y la fertilidad que la caracteriza, en su mayor parte son prueba de un potencial que no ha sido debidamente explotado, pues los ingresos provenientes del campo no aportan al Producto Interno Bruto la cantidad que deberían”, concluye.

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