Boletín N°. 5068 | Proponen sancionar a quien reciba paga o promesa de dinero por emitir su voto en algún sentido determinado |
10-02-2015.- Durante la sesión de hoy, diputados del PRI y del PAN presentaron ocho iniciativas relacionadas con delitos electorales, jornada electoral, revocación de mandato, servicio exterior mexicano, control judicial del arraigo, adultos mayores, moneda conmemorativa de la Batalla de Celaya y la ley de veteranos de la Revolución.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN) propuso reformar el artículo 7o. de la Ley General en materia de Delitos Electorales para imponer de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien reciba paga, dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier índole, a cambio de emitir su voto en algún sentido determinado.
Asimismo, a quien el día de la jornada electoral instale, habilite o proporcione espacios físicos para la entrega de paga, dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier índole o lleve a cabo otra actividad de organización o preparación para dicha entrega.
El legislador argumentó que con esta reforma se contribuiría a frenar la práctica de hacer del voto una mercancía, abonaría a favor de generar credibilidad en las instituciones y mejoraría las condiciones de la competencia electoral. Se envió a la Comisión de Gobernación.
El legislador también presentó otra iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el objetivo de contar con un plan rector de profesionalización que pueda ser verificable.
La propuesta remitida a la Comisión de Relaciones Exteriores, también plantea integrar a la ley las normas necesarias para la creación del Sistema Integral de Información del Servicio Exterior Mexicano (SIISEM), así como aumentar los requisitos para los candidatos a ser designados como cónsules honorarios y para los ascensos del personal de carrera.
Revocación de mandato
A la Comisión de Puntos Constitucionales se mandó una iniciativa del diputado Damián Zepeda Vidales (PAN) que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política, para instituir la revocación de mandato y que esta se realice a través de una elección extraordinaria que será convocada por el Instituto Nacional de Elecciones a petición del tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación territorial que corresponda.
Se busca que este mecanismo sea aplicable para presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos, así como jefe de gobierno, titulares de órganos político-administrativos y miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Garantizar transparencia en el desarrollo de la jornada electoral
En tanto, la diputada Martha Leticia Sosa Govea (PAN) planteó modificaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de garantizar la transparencia en el desarrollo de la jornada electoral.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Gobernación, plantea que los presidentes de las mesas directivas de las casillas reciban de los presidentes de los consejos distritales todos los elementos para el funcionamiento de éstas. Asimismo, garantizar la capacitación de los funcionarios de la mesa directiva para el uso de los medios informáticos.
Control judicial del arraigo
Con el propósito de armonizar el arraigo con el principio de inocencia, el derecho a la defensa y la dignidad humana bajo la modalidad del derecho a la integridad personal, la diputada María Guadalupe Mondragón González (PAN) propuso reformas al artículo 16 de la Constitución Política, misma que se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se propone que el juez escuche previamente al indiciado; los tribunales reciban los alegatos y las pruebas de que disponga la persona en contra de la medida cautelar; que la resolución definitiva contenga una valoración razonable del material probatorio tanto del agente del ministerio público como de la defensa. “Esta disposición permitirá alejar la posibilidad de injusticias al aplicar las medidas de arraigo y que el indiciado pueda solicitar en cualquier tiempo el levantamiento de la medida”.
Cultura de respeto a adultos mayores
La diputada Elvia María Pérez Escalante (PRI) planteó reformas al artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el propósito de incorporar contenidos sobre el proceso de envejecimiento y la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.
El documento remitido a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables señala que la principal causa del maltrato hacia ese sector parte de que en el núcleo familiar y en la sociedad en general, se concibe erróneamente que las personas adultas mayores han llegado a una etapa caracterizada por la improductividad y la pérdida de capacidades físicas o intelectuales e inclusive por la pérdida de su capacidad mental.
Moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya
Por su parte, el diputado Jesús Oviedo Herrera (PAN) propuso emitir un decreto para establecer las características de una moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la Batalla de Celaya, en 1915.
Dicha moneda tendría un valor nominal de cien pesos y estaría acuñada al anverso con el Escudo Nacional y al reverso con la Ciudad de Celaya y la leyenda “100 Aniversario dela Batalla de Celaya”. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Abrogar ley de veteranos de la Revolución
Fue canalizada a la Comisión de Defensa Nacional una iniciativa del diputado Jesús Oviedo Herrera (PAN), en la que propone abrogar la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado.
Subraya que existen ordenamientos inocuos que deben de evolucionar hacia la abrogación, pues carecen de objeto. Esta ley, añade, era una necesidad de protección social y un reconocimiento en los años cincuenta, pero ha cumplido ya su misión. Añade que en el supuesto de que algún ciudadano hubiese ingresado a los 17 años al “servicio”, hoy contaría con de 114 años de edad.
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