12-02-2015 El pleno de la Cámara de Diputados conoció cinco iniciativas. Una de ellas impulsada por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD), que reforma los artículos 22, 73, 74, 79, 94, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución, con el objetivo de crear el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización y el Tribunal de Cuentas de la Federación.

La iniciativa turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea facultar al Congreso para expedir leyes en materia de corrupción y delitos cometidos por servidores públicos y particulares.

De igual manera, se establece que el titular del Ejecutivo federal podrá ser acusado por violaciones a la Constitución, las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales o por delitos de corrupción.

Determina que los servidores públicos que señale la Constitución estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, su declaración de impuestos, así como la declaración detallada de sus intereses particulares.

Por otra parte, resalta que las faltas administrativas graves y los actos de corrupción serán investigados y substanciados por la ASF, sus homólogos estatales y por los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Cuentas de la Federación.

Asimismo se especifica que en caso de que se califique como de responsabilidad administrativa por faltas graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a cinco años, ni de quince años tratándose de actos de corrupción.

Se propone, además, la regulación de la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Sistema Nacional Anticorrupción, sus responsabilidades administrativas de los servidores públicos y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Federación.

También, señala que las entidades que integrarán el Sistema son la ASF; la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción; el IFAI; el Tribunal de Cuentas de la Federación; las entidades de fiscalización estatales y órganos garantes de transparencia; y los órganos internos de control de las entidades públicas y de los órganos constitucionales autónomos, del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas.

Además, se busca facultar a la Cámara de Diputados para designar a los titulares de los órganos de control interno de las dependencias federales y de los organismos constitucionales autónomos.

Acceso y uso equitativo y sustentable de recursos hídricos

La diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y sentar las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, con la participación de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.

El proyecto plantea cambios importantes e impostergables para enfrentar la “crisis de calidad de agua que hoy en día representa la primera causa de muerte de niños mayores de 1 año y menores de 5 años”, así como la de disponibilidad de los más de 11 millones de personas que no cuentan con acceso al agua potable y más de 39 millones que carecen de un sistema de recolección de aguas residuales.

En materia de concesiones, la iniciativa propone un cambio radical en los criterios para otorgarlas, mismos que deberán responder a lo que establece la Carta Magna, es decir, se dará preferencia al acceso equitativo al agua de calidad para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, respetando los volúmenes ecológicamente aprovechables.

Mexicanos en el exterior podrán designar regidores

Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales iniciativa del diputado José Isabel Trejo Reyes (PAN), iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución, a fin de establecer que los mexicanos en el exterior podrán designar regidores.

La propuesta, también suscrita por los legisladores María Guadalupe Mondragón González y Heberto Neblina Vega del grupo parlamentario del PAN, busca que los regidores impulsen con voz y voto la responsabilidad compartida, el codesarrollo y asuntos de interés común en los municipios de su lugar de origen o residencia.

Áreas de valor ambiental de utilidad pública

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (PVEM) propuso reformar diversas disposiciones de las leyes generales de Asentamientos Humanos, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Protección Civil, a fin de determinar que las zonas de alto riesgo en los centros de población que contribuyan a la calidad ambiental de la zona, se clasifiquen como áreas de valor ambiental de utilidad pública.

La iniciativa, remitida a las comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Protección Civil, también establece que los municipios deberán determinar acciones para la adaptación en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, conforme a los escenarios de vulnerabilidad ante el cambio climático.

Certeza jurídica para familias campesinas en materia de herencia

A la Comisión de Reforma Agraria se turnó la iniciativa presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (PAN), que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria para otorgar certeza jurídica a las familias campesinas en materia de herencia.

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