18-02-2015.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, entregó a diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, en el que se propone modificar el marco legal para un mejor desempeño del gasto público, y refiere mil 413 auditorías con la emisión de 10 mil 861 acciones.

Portal Martínez puntualizó que en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF recuperó 5 mil 804 millones de pesos, cifra que podría elevarse durante el proceso de solventación de las acciones relativas a las “recuperaciones probables”, que ascienden a 50 mil 721 millones de pesos.

Recordó que en años anteriores se ha logrado recobrar un promedio de 22 por ciento del total de las recuperaciones determinadas, que en este caso equivaldrían a 12 mil 435 millones de pesos.

Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Portal Martínez anunció un nuevo formato en el Informe de la Cuenta Pública 2013, con el propósito de que sea “de mayor utilidad y aplicabilidad práctica” para los legisladores y ciudadanos, y se comprenda claramente la gestión de los recursos públicos por parte de los distintos ámbitos gubernamentales, además de reflejar la fiscalización.

Destacó que el nuevo esquema incluye una sección con propuestas puntuales de 65 reformas a distintos ordenamientos legales, a fin de “coadyuvar a una mejor gestión de los entes auditados y alcanzar un nivel superior de transparencia y rendición de cuentas, que permitan un mejor desempeño del ejercicio gubernamental”.

Estas sugerencias tienen como objetivo colaborar con el Congreso para generar una agenda legislativa más amplia, subrayó el titular de la ASF.

Propuso que en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción se retome “la necesidad de adelantar la fecha de la presentación de la Cuenta Pública, así como entregar, mediante informes individuales, los resultados de las auditorías conforme se vayan concluyendo, y no como actualmente ocurre, con una única presentación y una cantidad abrumadora de información catorce meses después del término del año fiscal que se revisa”.

El titular de la ASF explicó que el hilo conductor del nuevo formato en la revisión de la Cuenta Pública, “es la identificación de áreas de riesgo, que entrañen la posibilidad de una gestión irregular de los recursos públicos, y el uso de un nivel excesivo de discrecionalidad del funcionario ante la existencia de zonas grises en la normativa aplicable”.

Asimismo, fallas en cuanto a los resultados de programas debido a problemas recurrentes en la eficacia, eficiencia y economía de la acción gubernamental o la ausencia de elementos suficientes y efectivos de supervisión y control en los procesos que los entes auditados llevan a cabo.

Informó que del total de las mil 413 auditorías, 877 son de cumplimiento financiero; 525 de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y 3 estudios.

Derivado de la fiscalización practicada, detalló, se emitieron 10 mil 861 acciones de las cuales 6 mil 902 son recomendaciones; 783 se refieren a solicitudes de aclaración; 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones.

Sostuvo que las denuncias de hechos relativas a ese ejercicio se presentarán, conforme a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cuando se tengan los elementos para tal efecto y como lo ha hecho la ASF en años anteriores.

Aseguró que este proceso es permanente y la información se hará pública a través del Sistema Público de Consulta de Auditorías y la página web de la ASF.

De las auditorías practicadas, precisó que se establecen tres tipos de riesgos: los estratégicos, los vinculados a la rendición de cuentas y transparencia, y los de operación.

Además, de 13 áreas de riesgo de mayor impacto y representatividad en el sector público, entre las que encuentran la integridad gubernamental; cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos; rendición de cuentas en las entidades federativas; padrón de beneficiarios de los programas sociales.

También, la revelación de pasivos y gasto; adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado; proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento; participación de intermediarios en la dispersión del gasto público; subejercicios; incorporación de Tecnologías de Información en el ejercicio gubernamental; programas públicos duplicados, sin coordinación o injustificados, y servicios suministrados por particulares.

Portal Martínez resaltó la necesidad de avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, concebido a partir de distintos mecanismos de coordinación, intercambio de información y ejecución de acciones conjuntas entre las instituciones fiscalizadoras y los órganos internos de control de los entes auditados en todo el país.

En este sentido, hizo votos por que los vínculos de la ASF con la Secretaría de la Función Pública se reafirmen en la nueva etapa de su programa preventivo de labores.

Subrayó que se requiere que este sistema “trascienda la acción de ser un mero marco teórico o normativo y se convierta en un elemento constitutivo de la programación y planeación de auditorías, así como de la atención conjunta de distintas instituciones a un problema específico”.

Apuntó que el Sistema Nacional de Fiscalización, en construcción y operación parcial desde hace cinco años, debe ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como un subsistema cuyos insumos resultan de un gran valor para la contención y la disuasión de actos irregulares. Este aporte simplemente no puede ser omitido en el diseño de una estrategia de mayor alcance.

Transformar paradigmas éticos y morales de funcionarios públicos

Al participar, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), convocó a hacer un marco legal y una política que transforme los paradigmas éticos y morales de los funcionarios públicos, para evitar conductas de corrupción en el manejo del gasto público, ya que “cada vez más tenemos opacidad, corrupción e impunidad”, precisó.

Lo principal debe ser la prevención, apuntó, sin dejar de lado los aspectos punitivos, porque “si nos dedicamos sólo a lo punitivo la sociedad quedaría sin futuro” ¿Por qué buscar el castigo cuando se pudo prevenir?, señaló.

Refirió que entre el 60 y 75 por ciento de los resultados de las auditorías al gasto público es negativo o con salvedad, lo cual significa que no se ha hecho un uso correcto ni se han logrado los resultados esperados.

Dijo que se han construido de manera deliberada relaciones sociales pervertidas entre los entes del gobierno y la sociedad. “Hemos puesto en el centro de las relaciones sociales al dinero”, apuntó.

Refirió la importancia de que se administren de forma transparente los recursos públicos para elevar el nivel de vida de los ciudadanos, lo cual, dijo, no se ha logrado pese a que el presupuesto ejercido durante los últimos 15 años ha sido de alrededor de 37 billones de pesos. Preguntó en dónde están y qué ha sido de ellos.

Hoy, casi el 50 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. Además, existe una dependencia alimentaria, grandes niveles de inseguridad, enormes deficiencias en los sistemas educativo y de salud, y falta de empleos para garantizar una vida digna.

Sostuvo que de no resolverse la falta de crecimiento y la generación de empleos, así como los grandes problemas de inseguridad, corrupción e impunidad, eso “significa hacer un futuro incierto del país”.

El diputado Kamel Athie Flores (PRI), secretario de la comisión, afirmó que México precisa del camino de la institucionalidad y la rendición de cuentas para combatir la corrupción, sin dar cabida a rumores ni falsas acusaciones. “Se requieren pruebas documentales que sólo la Auditoría puede aportar. Tampoco es ético utilizar los órganos del Estado para persecuciones políticas”.

Al fijar su postura sobre el informe de resultados de la Cuenta Pública 2013, se pronunció por reforzar el Sistema de Control y Vigilancia de los Recursos Públicos para combatir la corrupción e inhibir la desviación de partidas presupuestales, “mal que se ha extendido en las diversas esferas de gobierno en detrimento del patrimonio nacional”.

Propuso consolidar la fiscalización superior y la rendición de cuentas con un sistema nacional de investigación fuerte, “para resistir los embates de los poderes políticos y económicos que se oponen al cumplimiento de la ley, para proteger sus intereses económicos o de grupo”.

Enseguida, el diputado Julio César Lorenzini Rangel (PAN), también secretario de la Comisión, dijo que la persistencia de la corrupción en el sector público es un elemento recurrente que demanda la atención de los legisladores, “y el compromiso para combatir estos actos que laceran a todos los mexicanos, no es menor”.

Expresó que su partido impulsa reformas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que tendrá resultados concretos. Planteó fortalecer a la ASF para que haga evaluaciones trimestrales y dotarla de facultades de atracción y revisión para investigar irregularidades en el manejo de recursos.

Dijo que la comisión revisará, con apoyo de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), las mil 402 auditorías del Informe. “Debemos analizar la información y convertirla en acciones legislativas concretas que coadyuven a la construcción de una Administración Pública al servicio de los mexicanos”.

Por el PRD, la diputada Alfa Eliana González Magallanes afirmó que el ejercicio anual de auditoría de la Cuenta Pública de la ASF, si bien es una tarea necesaria, no tiene la eficacia que demanda la sociedad, pues los niveles de corrupción e ineficiencia de la presente administración no se han frenado eficazmente a partir de nuestro órgano superior de fiscalización.

La también secretaria de esta comisión expresó que “el número de funcionarios de alto nivel castigados ejemplarmente por malas prácticas en su desempeño ha sido casi nulo, por decir lo menos. La Auditoría Superior se está quedando muy por debajo de las expectativas de los mexicanos. No es sólo un asunto de comunicación, sino de claridad, efectividad y eficiencia de los resultados de las auditorías”, enfatizó.

Subrayó que restan pocas semanas para que la Legislatura incida en un cambio y haga que la fiscalización sea efectiva y no quede en un proceso trunco. La eficacia del sistema anticorrupción, afirmó, debe medirse por su calidad y cobertura, procurar la aplicación de sanciones severas y disuadir conductas indeseables. “En México es muy barato en términos de costo-beneficio ser corrupto e ineficiente”.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM), secretario de la Comisión de Vigilancia, señaló que México tiene muchas necesidades, su presupuesto cada vez es menor por cuestiones internacionales y debe utilizar sus recursos con eficiencia, transparencia y eficacia, para lo cual se requiere una rendición de cuentas verídica y confiable.

Dijo que las reformas que se presentarán en las siguientes semanas transformarán a México con instituciones sólidas y fuertes que permitirán a entes de fiscalización escudriñar el manejo de recursos para evitar opacidad y corrupción, “y que independientemente del partido o del nivel de gobierno, sean estos órganos los adecuados para tener facultades para llegar al fondo de las consecuencias”.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (NA), secretaria de la comisión, afirmó que el contexto político, económico y social en que se llevará a cabo esta revisión es complejo, pues la desconfianza en las autoridades e instituciones deriva de la falta de resultados de políticas públicas. Planteó realizar un análisis exhaustivo de programas federales, proyectos de inversión y desempeño de dependencias, así como mejorar el diseño y distribución de futuras asignaciones presupuestales.

Reconoció que aun cuando se ha avanzado en transparencia, rendición de cuentas, evaluación y fiscalización de recursos públicos, las cifras dejan mucho qué desear, pues si cada año “en cada revisión encontramos prácticas irregulares, opacas o ilegales, los esfuerzos realizados mediante la asignación de recursos seguirán siendo insuficientes”.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) estimó que a pesar de los avances queda mucho por hacer, pues el mal uso de los recursos, por parte de funcionarios emanados de todos los partidos, ha ido en aumento, y aun cuando la ASF ha realizado auditorías que han arrojado cuantiosos quebrantos patrimoniales y financieros, no hay servidores públicos sujetos a proceso ni consignados ante las autoridades para que respondan por el daño causado al erario público, “lo que ha generado desconfianza por parte de la ciudadanía”

Por ello, se pronunció por homologar el proceso de fiscalización a nivel nacional, en beneficio de todos los ciudadanos que tienen total desconfianza a las instituciones del país.

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