19-02-2015.-

• Concuerdan incluir la participación de la ciudadanía en el sistema nacional de combate a esta práctica
• También, en obligar a servidores públicos a presentar su declaración patrimonial

En el marco de la dictaminación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, la Comisión de Puntos Constitucionales dio a conocer un análisis comparativo de las principales coincidencias entre los grupos parlamentarios, mismo que servirá de base para la elaboración del dictamen que se discutirá en el Pleno de este órgano legislativo a más tardar el 23 de febrero.

Su presidente, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), informó que la comisión recibió el pasado lunes 16 las observaciones de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM, mismas que sirvieron para realizar dicho cuadro.

Al reanudarse la sesión que el 9 de diciembre de 2014 fuera declarada como permanente, y tras un receso decretado con el fin de hallar coincidencias en este tema, se decidió este jueves, en votación económica, remitir el comparativo al grupo de trabajo encargado de redactar el dictamen final, para que proceda a la integración de un predictamen.

Asimismo, acordó enviar el cuadro de coincidencias al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar en la conformación del dictamen de la reforma para que hagan llegar sus observaciones por escrito, antes de ser discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados, el próximo jueves 26 de febrero, de conformidad con el calendario aprobado.

En el documento elaborado por el órgano legislativo, los grupos parlamentarios coinciden en incluir la participación ciudadana en el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción (Artículo 113 constitucional); sin embargo, aclara que aún “existen diferentes propuestas para su integración”.

Hace referencia al consenso para que los servidores públicos estén obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses a las autoridades que corresponda (artículo 108).

También, para que se proceda a la extinción de dominio en los casos que se compruebe enriquecimiento ilícito (artículo 22); reconfigurar a la Auditoría Superior de la Federación (Articulo 79), eliminando el principio de “anualidad” y “posterioridad” de las cuentas públicas, para que la instancia pueda llevar a cabo revisiones en tiempo real, así como a ejercicios anteriores.

Consensan en otorgar a la ASF la facultad de promover acciones ante las autoridades competentes derivado del informe de revisiones efectuadas y autoriza fiscalizar a los órganos autónomos, fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.

Concuerdan en la modificación al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca las bases del Sistema Nacional de Combate a la corrupción y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar por faltas administrativas graves.

Sin embargo, los grupos parlamentarios no han acordado si es el Congreso quien deba expedir las leyes generales anticorrupción, y general en materia de responsabilidad administrativa.

El documento de la Comisión refiere el consenso para que la Cámara de Diputados participe en el fortalecimiento de la fiscalización (artículo 74), particularmente, para que designe a los titulares de los órganos de control internos de los organismo institucionales autónomos.

Los grupos parlamentarios coinciden en la modificación a los artículos 18 y 41 de la Carta Magna respecto de homologar la denominación de auditoria preventiva y contraloría interna, por el término “órganos de control interno”.

Asimismo, para que sean estos órganos los encargados de investigar y sancionar faltas administrativas leves, siendo el Tribunal de Justicia Administrativa el órgano que actúe en casos graves, pudiendo ser investigados también por la ASF (artículo 109).

También coinciden en aumentar a por lo menos cinco años la prescripción de actos u omisiones de responsabilidad administrativa grave (artículo 114).

Para el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción en las entidades federativas (artículos 116 y 122), concuerdan en que la función de fiscalización se desarrolle con base en los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, que los informes de fiscalización de las auditorias locales tengan un carácter público.

El análisis concluye que de concretarse las coincidencias de los grupos parlamentarios, se homologaría la entrega de la cuenta pública de los estados pare que se remita a las legislaturas locales correspondientes a más tardar el 30 de abril.

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