25-02-2015.- La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó un dictamen a la iniciativa que modifica la Ley para la Coordinación de la Educación Superior en Materia de Becas, a fin de que los recursos establecidos en la reforma energética para la formación de capital humano, se dirijan a grupos con mayor deserción y rezago en educación superior y posgrado.

El dictamen que reforma los artículos 2, 8 y 16, y adiciona el 28 y 29 de la ley en mención, también plantea el cambio del nombre de “Ley Federal de Educación” por el de Ley General de Educación.

Señala que las becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados se otorgarán por la instancia correspondiente, atendiendo el pleno derecho de cada individuo a la educación con calidad, y a una mayor equidad y justicia social, así como a las prioridades y necesidades del desarrollo nacional, conforme a los principios de transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

La iniciativa de la diputada Guadalupe Mondragón González (PAN) precisa que la instancia que otorgue las becas contará con un consejo consultivo, cuyo objetivo será hacer recomendaciones para que en la asignación del apoyo se observen los fines y principios establecidos.

Dicho consejo se integrará por un representante de las siguientes instituciones, que designarán a su vez a los respectivos suplentes: la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Asimismo, serán invitados con voz, pero sin voto la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Los miembros ocuparán la presidencia del consejo en el orden mencionado y tendrá una duración de un año, en el cual expedirá sus estatutos para regular su organización y funcionamiento.

Asimismo, el consejo podrá solicitar datos e información que requiera a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas; el Instituto Nacional de Geografía y Estadística; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; el Consejo Nacional de Población y demás dependencias de la administración pública federal, de conformidad con la legislación aplicable.

El documento refiere que a través de la reforma se adopta una medida legislativa que permite al Congreso de la Unión cumplir con los tratados internacionales, al garantizar que los recursos naturales se utilicen, a través de la renta petrolera, sin incurrir en discriminación ni vulnerar los derechos de las personas reconocidos en la Constitución.

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