• Su incidencia es mayor que el cáncer, el sida y la diabetes pediátricos juntos

26-02-2015.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó por unanimidad el dictamen para expedir la ley general para atender y proteger a las personas con autismo, el cual aumenta de forma alarmante en México; uno de cada 100 niños que nace lo presenta y, en su mayoría, son de escasos recursos.

La incidencia del autismo a nivel nacional es mayor que el cáncer, el sida y la diabetes pediátricos juntos, lo que obliga al gobierno federal a multiplicar y coordinar esfuerzos con los estados, municipios y el Distrito Federal para establecer políticas que otorguen certidumbre y seguridad jurídica que garanticen la plena integración e inclusión a la sociedad de este sector vulnerable.

“En México los esfuerzos institucionales en materia de autismo no han avanzado con la misma celeridad con la que ha progresado el problema. Es imperativo contar con la voluntad política del Estado mexicano para atender y garantizar los derechos humanos de este importante núcleo social, tanto en el medio urbano como en el rural”, precisa el dictamen.

La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista tiene el objetivo de impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con este trastorno, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes.

Está compuesta por cuatro capítulos relativos a las disposiciones generales; derechos y obligaciones; las facultades de la Comisión Intersecretarial que se constituirá y que deberá garantizar la ejecución de los programas, y las prohibiciones y sanciones para las instancias que no atiendan a las personas autistas y sus familias.

Además de seis artículos transitorios que refieren la expedición de un marco reglamentario; la armonización con las leyes estatales; la definición de proyectos de investigación científica y de capacitación especializada para personal profesional y técnico; la participación de diversas instancias federales para atender a este sector.

La diputada Paloma Villaseñor Vargas (PRI), secretaria de la comisión y promotora de la iniciativa, destacó que en México la cifra de nacimientos de niños con la condición del espectro autista es alarmante e implica orígenes y necesidades de atención distintos, lo que “obliga al Estado en todos los órdenes de gobierno a apoyar a estos chicos”, debido a que sufren problemas desde que se les diagnostica y se desconoce cómo tratarlos no sólo en las escuelas, sino también en los hospitales.

A grado tal, continuó, que actualmente en el IMSS e ISSSTE no se les atiende. Indicó que en innumerables casos estas personas tienen una inteligencia superior y habilidades especiales en áreas como la música, pintura y tecnología, lo cual exige atención multidisciplinaria. “Tienen dones maravillosos sabiéndolos conducir”, apuntó.

Resaltó que no se sabe cuántas personas en México presentan autismo; sin embargo, los niños, jóvenes, adolescentes y adultos que lo padecen “alcanzan cifras alarmantes”; este problema ha rebasado, con mucho, los esfuerzos institucionales.

Villaseñor Vargas consideró el autismo como un problema muy grave por las implicaciones en salud, educación, cultura, capacitación, empleo, recreación y deporte, aspectos torales que deben resolverse, por lo que esta condición es una preocupación y apunta a convertirse en uno de los desafíos más importantes del siglo XXI.

Dijo que esta ley general “es el primer paso” para visibilizar esta problemática nacional, y por primera vez en la legislación se reconocen los derechos fundamentales de las personas que la padecen.

Destacó la visión humanista de este precepto a la luz del artículo primero constitucional, para vincularlo con valores como la no discriminación, dignidad, igualdad, inclusión, justicia social, libertad y respeto, y considerar el autismo como una condición y no como enfermedad.

Por otra parte, la diputada Adriana Hernández Iñiguez (PRI), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, afirmó que esta ley general “es un gran paso” para avanzar en el respeto de los derechos universales de las personas con autismo.

Obedece, también, a legislar un marco legal que atienda la realidad de muchos mexicanos y sus familias que sufren esta condición, a fin de “resolver las verdaderas necesidades de la población”.

“Dimos un gran paso más allá de colores e intereses personales, por el solo supremo interés de los ciudadanos”, aseveró, porque todos los mexicanos tienen los mismos derechos y los diputados legislan, dijo, con el propósito de que se reconozcan, ya que “antes de ser políticos somos seres humanos y ciudadanos con experiencias y demandas de la población, y es a partir de éstas como se impulsan nuevos marcos jurídicos”. Calificó el dictamen como “transcendental para el país”.

Al participar, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, reconoció el esfuerzo de las legisladoras y legisladores para construir y apoyar esta ley general, ya que “responde y visibiliza a niños, niños y personas autistas”.

Este dictamen, explicó, da respuesta a la falta de armonización de disposiciones legales, de políticas públicas, de información y de la falta de centros para orientar y apoyar a las personas que tienen esta circunstancia, relacionadas con el vacío de difusión, la ausencia de políticas públicas y programas, escasez de profesores capacitados y con una serie de condiciones que todos los días sufren quienes padecen esta condición.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado (PAN), presidente de la Comisión de Salud, subrayó la importancia de contar con un marco legal que impulse la integración global de las personas con autismo.

Hizo votos por que México se integre pronto a la investigación del autismo como otras naciones, para conocer los orígenes y descubrir alternativas científicas que contribuyan efectivamente a diagnosticar y atender a este sector.

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