• Esta práctica infiltra las instituciones, se propaga y toma el control de las mismas: diputado Julio César Moreno

26-02-2015.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 409 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de anticorrupción.

Con reformas a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Carta Magna, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Para la discusión en lo particular, se reservaron los artículos 22, 28, 73, 74, 76, 79, 79 párrafo cuarto, 108, 109, 113, 114, 114 párrafo tercero y 116. Los transitorios: segundo, tercero, quinto y octavo, así como la adición de artículos transitorios.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), expresó que la corrupción es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que su combate requiere una atención integral que priorice la prevención antes que las acciones punitivas. “Nos debemos enfocar principalmente en combatir las causas y no atacar los efectos de la corrupción”, añadió.

Expresó que la corrupción al igual que el cáncer se infiltra en las instituciones, se propaga y toma el control de las mismas. “El cáncer, si se detecta a tiempo, puede ser controlado, incluso eliminado. La corrupción como el cáncer, si se detecta y se sanciona a tiempo, no infecta a las instituciones y les devuelve la credibilidad hacia la ciudadanía al cumplir las funciones que le fueron conferidas”, indicó.

Mencionó que la sociedad está lastimada, herida y cansada de la impunidad en la que está inmersa: 22 mil desaparecidos, más de 55 mil decesos y 160 mil desplazados de sus lugares de origen desde el año 2007, por razones de violencia. Además, México es una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, lo que ha puesto al país en los planos internacionales, como un referente de violencia e impunidad.

La impunidad, detalló, son las venas de la corrupción y sus niveles están estrechamente ligados a la violencia e impunidad. Refirió que de acuerdo con el índice de paz global del Instituto para la Economía y la Paz, en 2008 México se posicionaba en el lugar 88 y para 2014 descendió 50 lugares ocupando el 138.

Moreno Rivera puntualizó que la corrupción da como resultado instituciones débiles infiltradas por este mal y aquellas encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción, son incapaces de cumplir a cabalidad el propósito por el cual fueron creadas, sumando a ello una legislación laxa y flexible, además de sistemas y medidas de controles ineficientes e ineficaces.

Sostuvo que con este nuevo sistema de coordinación, cada institución tendrá sus facultades bien definidas y quien no las cumpla estará expuesto ante su contraparte, pero sobre todo ante los ciudadanos.

“Con esta reforma estableceremos los pilares que sostengan la lucha contra la corrupción, generen confianza y credibilidad en las instituciones y contribuyan a la legalidad, la responsabilidad, para que la integridad de los servidores públicos se convierta en los fundamentos del Estado, la administración y las políticas públicas del siglo XXI”, añadió.

Posicionamientos

Al manifestar el posicionamiento del PRI, el diputado Héctor Gutiérrez De la Garza hizo un llamado al Senado de la República para dar celeridad a la ratificación de esta enmienda constitucional -que incluye 25 propuestas de la sociedad civil- y a no detenerla como ha ocurrido con otras 10 que ha enviado la Cámara de Diputados.

Por otro lado, sostuvo que la misma es un gran triunfo de aquellos que dejaron a un lado los intereses de grupo y pusieron voluntad política para encontrar coincidencias; empero, subrayó que aún no se pueden echar las campanas al aire, ya que este es sólo el primer paso para combatir efectivamente la corrupción en México.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, en representación de Acción Nacional, recordó que según datos del Banco Mundial a nuestro país le cuesta 1.5 billones de pesos al año el fenómeno de la corrupción. Por ello, consideró que con esta reforma “no existirán más nombramientos a modo, propiedades de origen desconocido, ni despilfarros de líderes de las organizaciones sociales”.

“Basta ya de obtener privilegios, beneficios y prebendas que no sean legales o legitimas. Basta de obtener provecho de un presupuesto federal que le pertenece al pueblo”, expresó. “Con esta reforma todos los actores de la corrupción serán identificados, procesados y sancionados”, agregó.

Amalia García Medina, diputada del PRD, lamentó que en estas modificaciones constitucionales no haya quedado el Presidente de la República como objeto de juicio en caso de corrupción. A nivel internacional, explicó, ha habido casos donde mandatarios fueron juzgados por actos indebidos “y las instituciones y sus países han continuado sin problemas”.

Este “importante planteamiento ha encontrado resistencias y obstáculos”, enfatizó, por lo que consideró que aún existe un largo trecho por recorrer en el tema de combate a la corrupción, aunque, aclaró, “la reforma hoy discutida es muy importante”.

Por el PVEM, la diputada Ruth Zavaleta Salgado explicó que el dictamen advierte puntos clave para el combate a la corrupción, constituye un sistema nacional capaz de coordinar acciones preventivas a nivel estatal, nacional y municipal, y obliga a que las entidades federativas cuenten con sistemas homólogos.

También, agregó, se definen claramente las sanciones que se impondrán a servidores públicos y particulares que se han enriquecido ilícitamente con la corrupción. Asimismo, a los particulares que intervengan en actos de corrupción con sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, así como resarcir el daño y perjuicio ocasionado a la hacienda pública o a los entes públicos federales.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) afirmó que con el dictamen “se deja intocada la médula de la corrupción en el país que es la Presidencia de la República”. Todos pueden ser fiscalizados, “menos el Presidente de la República”.

Por otro lado, añadió, el Sistema Nacional Anticorrupción es “de simulación, ya que todos los que participan son nombrados directa o indirectamente por el Presidente de la República. Asimismo, es una reforma “que no atiende el aspecto de la prevención efectiva de las causas de la corrupción y la corrección de los procesos de gestión pública afectados por actos de esta naturaleza”.

Ricardo Cantú Garza, diputado del PT, destacó que la corrupción “es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas competitivas justas”. Consideró que con las reformas, no se logra la autonomía que debería tener el órgano encargado del combate a la corrupción.

Agregó que la única forma para dotar de autonomía a dicho órgano, es que su titular sea electo por el pueblo, “con el voto directo y universal del pueblo de México” y no designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado. Por ello, se pronunció en contra del dictamen.

En tanto, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) sostuvo que México no puede seguir por el camino de la impunidad, con los altos índices de corrupción en diversos ámbitos de la nación. “Hoy se sientan las bases constitucionales de un nuevo modelo, de un sistema que se deberá constituir como la base legal que acote de manera significativa un lastre nacional, herencia de nuestro pasado reciente, de generaciones del fracaso que no podemos heredar a las próximas generaciones”.

Resaltó que la corrupción “es nuestro mal mayor, nos lacera en lo social, en lo político y en lo económico”. Si bien no existe una mención exacta de sus costos en la economía, se estima que ascienden a 1.5 billones de pesos al año. Por ello, consideró que la lucha contra la corrupción debe hacerse de manera integral y desde diferentes flancos: sociedad, gobierno, instituciones, empresarios.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación Morena, señaló que el sistema que se propone con un Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos miembros de la Sala Superior son designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, “acota los equilibrios que existen y que exige la falta de credibilidad y legitimidad de las instancias de gobierno en nuestro país”.

Enfatizó que el Sistema Nacional Anticorrupción no pasa la prueba de confianza, certeza, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad. “El combate a la corrupción no se hace a través de discursos o posicionamientos que incurren en la demagogia, en la mentira y la farsa para atraer la opinión pública”.

Durante la discusión, en favor del dictamen se manifestó el diputado José Isidro Moreno Árcega (PRI), quien refirió que la corrupción se puede ver en todas partes del mundo y es tema de álgidos debates, por lo que la opinión de la sociedad mexicana permitirá que la administración federal pueda trabajar en beneficio de la ciudadanía.

La legisladora Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano), en contra del dictamen, insistió en que esta reforma es únicamente una “simulación” que “servirá en estos tiempos electorales”. Por otro lado, afirmó que el documento será detenido en el Senado de la República o en los congresos estatales y no prosperará el combate a la corrupción.

Fernando Rodríguez Doval (PAN) señaló que, con las modificaciones constitucionales, la ASF podrá investigar en tiempo real prácticamente la totalidad de los recursos que se ejercen en estados y municipios. “Estamos aprobando la participación en este sistema de una Fiscalía Anticorrupción completamente independiente del Presidente de la República y del gobierno federal”.

A su vez, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Morena, comentó que uno de los problemas fundamentales de las reformas es que se deja en manos del Presidente la República, la postulación de los candidatos a magistrados.

La diputada de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, indicó que el Sistema Nacional Anticorrupción no se limita sólo a generar nuevas disposiciones normativas o instancias en la burocracia estatal, sino que su propósito será evitar la impunidad en los actos de corrupción, a fin de que la sociedad observe que ese tipo de actos tiene consecuencias legales.

Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC) recalcó que es tiempo de que la Carta Magna disponga de reformas que delimiten el abuso de poder y que no asuman consecuencias de sus actos y no sean acreedores de sanciones por sus actividades ilícitas. Estimó que esto puede ser un buen avance hacia la consolidación de una democracia plena, “más no hay que quitar el dedo del renglón ni querer tapar el sol con un dedo”.

Del PRI, el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda subrayó este sistema anticorrupción no sólo busca sancionar con todo el peso de la ley a quien defraude la confianza y cometa actos de corrupción, sino que busca prevenir que se cometan actos que laceren la confianza de los ciudadanos y que minen la democracia de nuestro país.

De la agrupación Morena, la diputada Luisa María Alcalde Luján resaltó que el sistema anticorrupción no servirá de nada si el Presidente de la República es quien propone la lista de los candidatos a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ello, propuso que la batuta de este mecanismo no quede en manos de las cúpulas partidistas, sino de los ciudadanos.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) mencionó que estas reformas representan un paso importante; sin embargo, consideró que faltarán otros más “que coloquen de forma seria el sendero para resarcir el camino hacia un México libre de corrupción”.

En contra del dictamen, el diputado Uriel Flores Aguayo (PRD) sostuvo que con esta reforma de combate a la corrupción “todo se pospone y se deja en las manos del gatopardismo” ya que queda pendiente ir al corazón de los problemas y mejorar sustancialmente las condiciones del país, por lo que “la clase política sigue debiendo mucho a los mexicanos”.

Por su parte, a favor del dictamen, Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) afirmó que no se puede desaparecer y convertir a México en algo distinto de un día para otro, ya que esta reforma precisa análisis en conjunto con otras enmiendas. Pese a esto, subrayó que el sistema de combate a la corrupción viene a ser “un gran remedio para una gran enfermedad”.

Al tomar la palabra en contra del dictamen, Javier Orihuela García (PRD) destacó que el Estado se encuentra “mexicanizado”, lo que implica una alta penetración de la corrupción e impunidad en todos los niveles de gobierno. Asimismo, aseguró que la ciudadanía desconfía de esta iniciativa, ya que la Cámara de Diputados “perdió autoridad moral” al no someterse al escrutinio público.

En favor del dictamen, Marcos Aguilar Vega (PAN) recordó que desde 1982 no se había dado una reforma de gran calado en materia de combate a la corrupción, mientras que las aprobadas entonces eran inconsistentes e incompatibles. Por ello, afirmó, la ausencia de un diseño institucional libre de impunidad afectaba sensiblemente a los mexicanos desde hace 33 años.

El perredista Fernando Belaunzarán Méndez aclaró que aprobar este sistema “no quiere decir que mañana se acabe la corrupción”. Precisó que este mal es sistémico y que dicho instrumento ayudará a enfrentar este problema. Sin embargo, consideró que el reto será que esto no sea teórico y no se quede en un buen deseo.

De la misma fracción, la diputada Gloria Bautista Cuevas indicó que es necesario fortalecer los controles internos y externos para combatir a la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes. Precisó que el sistema se sustenta en el fortalecimiento de las autoridades responsables del control interno.

El dictamen que reforma los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109 113, 114, 116 y 122 constitucionales, destaca que el Sistema Nacional Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, además de que se crea un esquema jurisdiccional a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar las responsabilidades administrativas graves de los servidores públicos.

Fija que los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado de la República, mientras que los magistrados de las Salas Regionales serán confirmados por mayoría.

Estos tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, así como imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa y a los particulares que incurran en hechos de corrupción en los términos que determinen las leyes.

Además, estarán dotados de facultades para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Para el caso del Distrito Federal, se prevé la existencia de un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.

Se propone también un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Uno de los aspectos medulares de la presente reforma constitucional, es el fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la eliminación de los principios de anualidad y posterioridad. Se le faculta a realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores, con el objeto de asegurar que no queden impunes.

El documento fija un nuevo esquema para el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso, a los particulares que participen en la comisión de faltas administrativas.

Aprueba que los entes públicos federales, estatales y municipales, así como del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, cuenten con órganos internos de control, facultados para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

Contempla un Sistema Profesional de Carrera dentro del marco regulatorio de quienes realicen las funciones de prevención, control e investigación de las faltas administrativas, contemplando además los requisitos que deberán observarse para su nombramiento y los mecanismos necesarios y más eficientes para su adecuada profesionalización.

Crea un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran tanto servidores públicos como particulares.

En materia de responsabilidades de los servidores públicos, considera que estas adquieren una carga agravada, toda vez que ejercen recursos públicos y desempeñan labores cuyos resultados tienen impactos colectivos, por lo que es necesario distinguir desde el texto constitucional los diferentes tipos de responsabilidades.

Se prevé que las responsabilidades administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, y su sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus homólogos en las entidades federativas. Por otra parte, aquéllas que la ley determine como no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de control.

Las sanciones administrativas podrán consistir en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en castigos económicos, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los hechos y omisiones.

Propone incluir los principios generales de un régimen sancionador específico que atienda a la participación de particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves.

En el caso de las personas morales, se establece que serán sancionadas cuando los hechos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella.

En materia de declaración patrimonial y conflictos de intereses, el dictamen señala que el objetivo es garantizar, a través de un enfoque moderno, la integridad en la toma de decisiones gubernamentales, para que no se vean comprometidas por intereses privados.

Agrega que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables. Los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito se les podrá seguir el procedimiento civil de extinción de dominio, el cual es independiente de la responsabilidad penal del delito cometido

Asimismo, se amplía a siete años el plazo de prescripción por las faltas administrativas graves. El objetivo que se persigue es para que aquellos servidores públicos que incurrieran en alguna falta administrativa grave, puedan ser investigados y sancionados por una administración distinta en la que ejercían sus funciones.

Previamente a los posicionamientos, se rechazó una moción suspensiva de la diputada Magdalena Núñez Monreal (PT) quien planteó regresar el dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y se involucre el tema educativo en la estrategia anticorrupción.

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