07-07-2015.- Con el propósito de establecer la entrega de útiles escolares gratuitos a alumnos de educación básica en todas las escuelas públicas del país, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano (PRI) presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación para apoyar a familias que carecen de sustento económico, lo que genera deserción escolar.

En el documento, turnado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señala que la ausencia de alumnos en las aulas de escuelas públicas se explica por la falta de recursos y la necesidad de trabajar.

“A pesar de que la Constitución establece el derecho a la educación, cada año aumenta el número de niñas, niños y jóvenes que abandonan sus estudios por falta de recursos económicos, quedando en el desamparo, ya que una educación adecuada es la mayor protección que se puede brindar a un menor”, precisó.

“Esta situación se ha acrecentado en las grandes urbes del país, donde se podría considerar que las condiciones económicas permiten un mayor acceso a la educación. El caso de los niños y niñas indígenas que dejan de ir a la escuela porque tienen que comenzar a trabajar a una edad muy temprana, es alarmante”.

Consideró de vital importancia que “más allá de la gratuidad en la prestación del servicio educativo, las políticas públicas deben incluir la dotación de material didáctico”, y realizar todas las acciones para impulsar el estudio y preparación de las nuevas generaciones.

Refirió que de un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el trabajo infantil, se deriva que 36 por ciento de niños indígenas de entre 6 y 14 años de edad trabajan, lo que representa el doble del promedio nacional, calculado en 15.7 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, formulada por el INEGI, las familias mexicanas destinan trimestralmente 13.8 por ciento de sus ingresos a la educación, “porcentaje que pareciera menor, pero es todo lo contrario, ya que debemos recordar que la gran mayoría de las familias del país viven con el equivalente de tres a cinco salarios mínimos mensuales”.

Para revertir esa situación, estados como Tabasco, Tlaxcala, Distrito Federal, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, cuentan con programas y legislaciones locales que establecen la entrega de un paquete de útiles escolares gratuitos a los estudiantes de nivel básico inscritos en sus escuelas públicas.

En el ámbito federal, el Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Pública establece que para asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa se debe promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en la educación de grupos vulnerables, y dotar de útiles escolares a alumnos de educación básica, cuya matrícula para el ciclo escolar 2013-2014, fue de 4.8 millones de alumnos de preescolar, 14.6 millones en primaria y 6.6 millones en secundaria.

“Se ha puesto en marcha el Programa de la Reforma Educativa dotado de siete mil 567 millones de pesos” para fortalecer la autogestión escolar y mitigar el rezago en los planteles más afectados, establece el documento.

“Serán más de 20 mil escuelas beneficiadas por este programa, al cual se suma el de Escuelas Dignas, con mil 653 millones de pesos para favorecer a más de cuatro mil escuelas y, por otra parte, se entregaron seis millones de útiles escolares a los alumnos con mayores carencias en el país”, precisó Cárdenas del Avellano.

La propuesta del diputado Cárdenas del Avellano busca adicionar la fracción V Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, para que las autoridades educativas federal y locales proporcionen por cada ciclo escolar un paquete de útiles escolares gratuitos, a los educandos inscritos en las escuelas públicas del país, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Incluye a los menores inscritos en centros de desarrollo infantil y estancias infantiles dependientes de gobiernos locales; a alumnos de educación especial inscritos en los centros de atención múltiple, unidades de servicios de apoyo a la escuela regular y centros de recursos, información e innovación para la integración educativa.

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