• Para Latinoamérica, la migración es cuestión de seguridad nacional, pública y humana: Alavez Ruiz
• Establecer el concepto de movilidad humana y sustituir el de migración, nuevo enfoque del tránsito de personas
• Impulsar una ciudadanía sudamericana, libre movilidad para 400 millones, garantizará el derecho al trabajo y homologación de títulos universitarios: Zambrano Cabanilla

21-07-2015.- La presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Adriana González Carrillo (PAN), señaló que “el Estado no puede garantizar el tránsito de los migrantes por México. Hoy, el crimen organizado nos obliga a tomar medidas más certeras para que el paso por nuestro país sea seguro”.

México, sostuvo, es un país expulsor y de circulación de migrantes y hace aproximadamente una década, el tema se abordó de manera distinta a través de la perspectiva de los derechos humanos.

“Por ejemplo, es de reconocer que el gobierno mexicano limite el uso de las vías de “La Bestia”, es una medida correcta porque ahí se exponen muchos migrantes centroamericanos. “Muchos tienen que amarrarse con su propia ropa al tren para no caer y ser mutilados”, describió.

Consideró que la legislación ecuatoriana en la materia es superior, ya que, dijo, “manejan conceptos de avanzada” y aunque nuestro país trabaja en ese rubro, aseguró, se debe recoger la claridad y experiencia de otras naciones.

Durante el Diálogo Interparlamentario México-Ecuador “Los retos de la Movilidad Humana en el siglo XXI”, organizado por esa instancia legislativa, apuntó que “una migración ordenada, legal y segura podría ayudar a garantizar el respeto de los derechos humanos”.

Al participar, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD), secretaria de la Comisión de Gobernación, afirmó que el fenómeno migratorio para las naciones de Latinoamérica es una cuestión de seguridad nacional, pública y humana. “Los migrantes no son la escoria de la sociedad”. El reto es garantizar el derecho de migrar y no ser discriminado o considerado como ilegal por esta condición,

Eso exige instaurar políticas de hospitalidad para las personas que carezcan de documentos de identificación. México tiene la obligación de defender a todas las personas que transitan por el país indistintamente de su origen, y otorgar las visas humanitarias que les permita recorrer y llegar a donde han elegido residir de forma segura.

En la mesa “Respuestas Legislativas a la realidad migratoria contemporánea”, Alavez Ruiz destacó que “la migración no es un crimen, considerarla así refleja actos prejuiciosos y discriminatorios que ponen en peligro la coexistencia y convivencia pacífica de toda persona que radica fuera de su lugar de origen. Al contrario, debe ser vista como una parte esencial para el desarrollo económico, social y cultural de las sociedades de acogida”, apuntó.

Urgió a sustituir el concepto de migración por el de movilidad humana, para evitar la “criminalización”. Llamó a reflexionar sobre este nuevo enfoque que tiene que retomarse y entenderse, a fin de construir un nuevo marco legal en México en torno a este fenómeno, porque “hay temores para cambiarlo”.

Reconoció en la Constitución de Ecuador avances sustanciales, susceptibles de que nuestro país los retome para atender la movilidad humana, cuyos conceptos como el desplazamiento de personas de manera arbitraria y violatoria de todos los derechos humanos por la condición de violencia, “no puede seguir sin atenderse con una política pública o con presupuesto, ya que la movilidad no fue producto de una decisión sino de la violencia. Es una visión que no se tiene y que alienta el desplazamiento interno”, explicó.

Sostuvo que se sigue en deuda con Ecuador por las atrocidades acontecidas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 por la masacre de migrantes, en la cual un ecuatoriano junto con otros 71 de varias nacionalidades latinoamericanas, además de los múltiples seres humanos que han perdido la vida en su viaje hacia el norte o bien por aquellos a los que se denigra en dicho tránsito.

Desde el Legislativo, enfatizó, “nunca claudicaremos en pedir perdón, a nombre de México, por estos lamentables hechos. Por eso, levantamos la voz para que a los migrantes no se le vea como la escoria de la sociedad, aquí y allende nuestras fronteras, donde su derechos son inejercibles y abandonados para que sufran el peor de los desamparos y atropellos”.

Por su parte, la diputada María Ruíz Fraga (PRI), integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, urgió a negociar con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo bilateral para manejar el fenómeno migratorio en términos aceptables.

“Exigimos respeto, trato justo, cumplimiento a la ley”, a fin de que se acaten los derechos humanos, porque desde el 2010 han aumentado las políticas discriminatorias en contra de migrantes, en particular de los mexicanos, afirmó.

Demandó que gocen de las garantías y prerrogativas que merecen y se reconozca la contribución de esa mano de obra en la construcción de las sociedades y economías que les otorgan empleo, ya que las medidas restrictivas artificiales no son eficaces y el riesgo es vulnerar los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos.

Consideró que la migración es un problema nacional, alentada por la crisis económica y la falta de capacidad para generar fuentes de empleo que retengan a los trabajadores en el territorio, por lo que sugirió atenderla a partir de dos visiones convergentes: como factor importante de ingresos de divisas para el país y una válvula de escape para el desempleo.

Eduardo Zambrano Cabanilla, integrante de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, por la Circunscripción de Latinoamérica, el Caribe y África, subrayó que en la nueva Constitución de su país, aprobada en el 2008, cambiaron el término de migrante, porque era peyorativo, por el de movilidad humana.

Explicó que la migración se atiende de manera transversal y, por primera vez, se tienen seis representantes de ecuatorianos que viven fuera de la nación en la Asamblea Constituyente. “Una premisa fundamental de la movilidad humana es reconocer en una Constitución el derecho a migrar”, apuntó.

Con ello, aseguró, “se impide que la condición migratoria sea motivo de discriminación”; a la par, continuó, el Estado desarrolla acciones para garantizar este derecho en cualquier de sus modalidades, entendiendo la movilidad como un salto cualitativo.

Refirió que en la Constitución de Ecuador se planteó el principio de ciudadanía universal, sin fronteras, para que ninguna persona sea considerada ilegal por su condición de migrante. El objetivo, dijo, es borrar la línea divisoria entre extranjeros y nacionales y construir la libre movilidad de los 400 millones de sudamericanos.

Así se garantizaría el derecho al trabajo, la homologación de títulos universitarios y de certificados de estudios técnicos, y la protección jurídica, de seguridad social y de salud. “Ese es el sueño de los sudamericanos y también de México”, dijo.

Por su parte, la asambleísta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, Dora Aguirre Hidalgo, habló de los avances legislativos en materia de movilidad humana. “Es responsabilidad del Estado velar por sus ciudadanos sin importar el lugar en el cual residan”, expresó.

Indicó que la Constitución de Ecuador se aterrizó con distintas leyes realizadas en la Asamblea Nacional de ese país. Hoy, agregó, existen alrededor de 35 ordenamientos jurídicos que incluyen derechos y obligaciones para las personas en situación de movilidad. “Toda la legislación ecuatoriana debe tener un enfoque hacia la movilidad, es decir, transversalizar todas las políticas públicas”, subrayó.

No obstante, crear una ley de movilidad humana permitirá coordinar a las instituciones nacionales y homologar una política migratoria en la que trabajen gobierno y organismos autónomos, puntualizó.

Asimismo, el asambleísta ecuatoriano por la Circunscripción de los Estados Unidos y Canadá, Alex Guaman Castro, detalló que desde el 2013 se estableció que las propuestas ciudadanas en materia de movilidad fueran integradas en la legislación ecuatoriana.

“Es importante legislar en favor de los compatriotas en el exterior, promover el respeto y defensa de los derechos, fomentar el intercambio de ideas y crear una concientización en la sociedad civil”, apuntó.

Indicó que es tiempo de trabajar con un sentido humanista, y en igualdad de condiciones, una ley donde se establezcan derechos y obligaciones para las personas en situación de movilidad.

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