• Ejecutivo debe apegarse a la Constitución para garantizar que los pueblos originarios sean consultados antes de realizar una obra: Cruz Mendoza

27-07-2015 El desplazamiento de pueblos originarios es forzado por la construcción de obras hidroeléctricas e infraestructura carretera, aseguró la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PAN).

La legisladora pidió al Ejecutivo que antes de realizar una obra hidroeléctrica o carretera se consulte a los pueblos originarios de manera libre e informada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 Constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“El Ejecutivo debe detener la invasión de las zonas habitadas por indígenas, ya que esto es una violación constitucional respecto a la necesidad de consultar a estas comunidades antes de llevar a cabo un proyecto que les afectará a ellas o a su territorio”.

En este sentido, ejemplificó lo que ocurre en el Río San Pedro Mezquital, en Las Cruces, Nayarit, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prepara la construcción de una nueva hidroeléctrica, lo cual afectaría las zonas sagradas y ceremoniales de esta región.

Asimismo, en Quintana Roo, el gobierno estatal expropió toda la zona litoral de los pescadores indígenas mayas, pero aseguró que esto sucede desde Yucatán hasta Baja California Sur.

“Ante estos hechos, hago un llamado respetuoso a que no se viole lo establecido en la Constitución”, reiteró Cruz Mendoza.

En entrevista, comentó que las construcciones son vistas por núcleos indígenas como una “amenaza”, pues podrían terminar con sus comunidades y su gran tradición.

Mencionó que no sólo es la pérdida de la tierra lo que ocasiona el desplazamiento de la población autóctona, sino también la pobreza, los desastres naturales, la carencia de oportunidades de empleo y el deterioro de los medios de vida tradicionales, combinados con la falta de alternativas económicas viables y la perspectiva de mejores oportunidades en las ciudades.

Eufrosina Cruz consideró que para evitar estos atropellos, se requiere brindar a las comunidades originarias una educación de calidad, a fin de proporcionarles los elementos indispensables para exigir su derecho a la consulta previa, libre e informada. Lo más importante es que darán su opinión de cómo quieren que se realicen las cosas y no admitir que el gobierno federal lo determine.

Lo transcendental es que las decisiones se tomen de abajo para arriba, pero esto no ocurrirá si no existe educación; por lo tanto, “hago un llamado respetuoso a las comunidades indígenas a que envíen a sus hijos a la escuela, pues ese conocimiento llevará al pleno respeto de sus derechos”

Cualquier cambio administrativo a los pueblos y comunidades nativas requiere realizar una consulta, la cual es encomienda de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), acompañada por la Secretaría de Gobernación (Segob), pero “ni una ni otra han asumido su responsabilidad”.

Finalmente, enfatizó que en materia legislativa, la Cámara de Diputados trabajó para proporcionar los elementos que dan más garantías a los indígenas, pero “quien tiene que procurar su cumplimiento es el gobierno federal porque es ahí donde está el vacío”.

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