05-03-2015.- La Cámara de Diputados debe ser caja de resonancia del sufrimiento de los mexicanos que viven allende las fronteras, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Heriberto Galindo Quiñones (PRI), y se pronunció en contra de todo abuso cometido por cualquier ciudadano o funcionario público “del país que sea”.

Luego de su primera reunión como presidente de esa instancia, Galindo Quiñones también demandó reconocer el trabajo intenso, creativo y productivo que realizan los mexicanos en Estados Unidos, respaldando el crecimiento de esa economía y obteniendo alguna ganancia para sostener a sus familias.

“Este tema debe ser apreciado totalmente, al 100 por ciento, por la sociedad mexicana, que tiene segmentos que aún no entienden a plenitud, no valoran plenamente el papel que juegan los connacionales que envían recursos para el sostenimiento de sus familias”, subrayó.

Propuso divulgar lo que hacen, los envíos de dinero y el sufrimiento que tienen en aquel país, así como el empeño, dedicación y contribución que realizan a las dos economías. Además, apoyarlos, defenderlos “allá y aquí”, cuidar su estancia en México y respaldarlos en proyectos productivos en los que pueden invertir para ganar dinero y sus familias vivan mejor.

Refirió que los más de 25 mil millones de dólares que ingresan al país anualmente, enviados por los connacionales desde la Unión Americana, contribuyen a la estabilidad económica y social de México y al bienestar de sus familias.

Indicó que los recursos aprobados por los diputados federales para la Cancillería deben etiquetarse para las tareas de defensa de las autoridades mexicanas, los consulados y la cancillería, mediante una política de protección de Estado, “no de partidos”.

Dijo que requieren más recursos, contar con mejores y más abogados que defiendan a los mexicanos, y programas “que les orienten para que sepan defenderse”, enfatizó.

Durante la reunión, se dio a conocer el informe semestral de actividades del Tercer Año Legislativo de la Comisión, correspondiente al periodo de septiembre de 2014 a febrero de 2015.

El documento menciona que se dio trámite a nueve dictámenes en materia de trata; se modificó la Ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, respecto de la facultad de investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se pronunció sobre tortura y discriminación, y emitió opinión acerca del presupuesto asignado al rubro.

Se recibieron cinco iniciativas y 37 proposiciones; se realizaron siete reuniones, con un porcentaje de asistencias de más de 85 por ciento. Además, hubo seis juntas del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

También se refiere a la participación de la Comisión de Derechos Humanos en la sustentación del Informe del Estado Mexicano ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.

Al respecto, la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), secretaria de la Comisión, refirió que este asunto ha ocupado a los diputados prácticamente desde que inició la legislatura.

Hay decenas de miles de desaparecidos en el país, dijo, y en esa reunión convocada por la ONU, en Ginebra, Suiza, se pidió a México explicar “qué está pasando con este escandaloso tema”. Así, continuó, el gobierno mexicano se comprometió a que en junio de este año habría una ley en la materia.

“Sería muy trascendente que la nueva presidencia se pronunciara al respecto, dijo, tomando en cuenta los tiempos y la importancia del problema, pues ya empezó marzo, tenemos pocas semanas y es nuestra responsabilidad.

Agregó que México no tiene una ley sobre desaparición forzada y ni la Cámara de Diputados ni esta Comisión de Derechos Humanos han actuado con celeridad, “pero tampoco las comisiones de Justicia, Seguridad, Defensa Nacional y Gobernación. Hay muchas otras que tendrían que estar atendiendo el caso”.

Asimismo, al referirse al presidente municipal de San Blas, Nayarit, dijo que su conducta atenta contra los derechos humanos de las mujeres y no se debe permitir. Lamentó que no se tenga legislado que un servidor público “y más un presidente municipal, que actúe de esa manera, renuncie inmediatamente, pero lo tendríamos que hacer, pues una disculpa no es suficiente”.

Galindo Quiñones indicó que ya existe una iniciativa sobre desapariciones forzadas en la Comisión de Justicia, y “lo que podemos hacer es darle celeridad y gestión para que se concrete”.

Reiteró que la actitud del funcionario nayarita no sólo ofende a las mujeres, sino a los seres humanos.

“Nos da vergüenza, pena, coraje, ira que haya un servidor público, si se puede llamar así, que primero reconoció que robó poquito, durante su primer trienio como presidente municipal, y ahora, con toda la divulgación posible, habiendo contratado a la banda de música más cara para festejarse, haya gastado millones en ello, y además ofenda a la gente con esa actitud”.

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