• Cambio a la ley ayudará a que personas en extrema pobreza y/o en situación de calle accedan a servicios de salud

• En condiciones de pobreza 53 millones de mexicanos

10-03-2015.- La Cámara de Diputados aprobó reformas para establecer que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por su condición económica requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

El dictamen, avalado por unanimidad de 395 votos, reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, y fue turnado al Senado de la República.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, diputado Mario Alberto Dávila Delgado (PAN), señaló la importancia de incluir este factor dentro de los criterios para otorgar el derecho a la asistencia social con el propósito de proteger a “aquellos que tienen carencias económicas”.

Explicó que el no haber incluido antes la condición económica, ponía a una parte de la población en una situación de indefensión, y sostuvo que “53 millones de personas en el país se encuentran en pobreza y más de 10 millones están en pobreza extrema”.

“Indudablemente, la reforma será de gran ayuda para muchas familias mexicanas”, puntualizó.

Al dar el posicionamiento de Nueva Alianza, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez expresó el apoyo a esta reforma ya que, abundó, el 52 por ciento de población vive en “agravantes signos de pobreza”.

“La penosa realidad nos exige más actuación. La asistencia social no sólo debe proveer los bienes, sino mejorar las circunstancias para el desarrollo integral de las y los mexicanos”, sostuvo.

Del PT, el diputado José Alberto Benavides Castañeda, quien propuso originalmente la iniciativa, afirmó que “México se ha convertido en una fábrica de pobreza; se desploma la capacidad de adquisición de los trabajadores, tanto en la ciudad como en el campo”.

Consideró que el reto es lograr una cobertura total en los servicios de asistencia social y en la especialización de los de salud para atender a una creciente población de adultos mayores”.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) explicó que a menudo se asocia la vulnerabilidad con la pobreza; sin embargo este concepto sólo se aplica a aquellos grupos que por su condición de edad, sexo, origen étnico o estado civil, se les impide el acceso a mejores condiciones de vida.

“Niños, niñas y jóvenes en situación de calle, personas con discapacidad, migrantes y población indígena de escasos recursos, son víctimas de la discriminación a causa del bajo nivel económico en el que viven”, puntualizó.

El diputado José Arturo López Candido, de la agrupación Morena, reconoció que el dictamen permitirá el acceso a servicios de salud, sin importar si se cuenta o no con diferencias físicas, sino por tener carencias económicas, que, dijo, “es lo más común en nuestro país”.

“Es muy importante que con esto aminoremos la desigualdad que existe en nuestro país; se da un paso más para garantizar el acceso a la salud como un derecho humano”, apuntó.

La diputada Jessica Salazar Trejo, del PRD, declaró que el 53.3 por ciento de la población nacional no alcanza a cubrir con sus ingresos económicos las necesidades básicas de salud, educación y transporte público, entre otras. “Cada vez se encuentra más arraigada la desigualdad social y un limitado acceso a los recursos económicos y una vida digna”.

Añadió: “A 28 millones de mexicanos no les alcanza para la canasta básica; el crecimiento del PIB está por debajo del crecimiento demográfico”.

El diputado del PVEM, Mario Francisco Guillén Guillén, advirtió que “un buen número de personas en nuestro país no percibe los ingresos suficientes para solventar sus necesidades más elementales”, por lo que enfatizó que el Estado está obligado a proveer de servicios públicos a los grupos más vulnerables de la sociedad para que puedan alcanzar un nivel de vida digna.

“Según el informe del Coneval, en México existen 53.3 millones de personas que presentan carencias en el acceso a por lo menos uno de los satisfactores básicos. Lo anterior demuestra que el fenómeno de la vulnerabilidad ha registrado un crecimiento significativo en nuestro país y que tiene ya varios años arraigado en muchas de nuestras comunidades”, indicó.

Por el PAN, el diputado Simón Lomelí Cervantes expresó que “en lugar de regalar televisiones hay que regalar salud”, por lo que llamó a que las acciones del Estado vayan enfocadas a mejorar la salud de los sectores vulnerables”.

“El presente dictamen le dará acceso a millones de mexicanos a los servicios de asistencia social que brinda el Estado”, opinó.

En su turno, el diputado Óscar Bautista Villegas (PRI) mencionó que las necesidades que hoy enfrenta la población, particularmente la que dispone de menos recursos, se han vuelto más complejas de satisfacer, por lo que se requiere de una multiplicidad de esfuerzos dirigidos a “terminar con los rezagos que padecen millones de personas en este país”.

“Incluir las condiciones económicas para determinar el acceso a los servicios de la asistencia social resulta acertado, ya que son encaminados a satisfacer las necesidades esenciales de los grupos sociales menos favorecidos, muchos de los cuales tienen su origen en la carencia de recursos económicos”.

Al hablar a favor del dictamen, el diputado Víctor Marroquín Cristóbal (PRD) resaltó que la asistencia social no debe conceptuarse como una caridad pública, cuya atención queda al arbitrio de los gobiernos, sino como un derecho del que son titulares los más desfavorecidos.

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