12-03-2015.- El Grupo de Trabajo para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, recibió un informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre sus acciones realizadas en torno al caso.

El documento precisa la asistencia médica y psicológica, acciones de trabajo social, asesoría jurídica, colaboración con autoridades y colaboración en cumplimiento de medidas cautelares que la CEAV ha emprendido en atención a las víctimas de esos hechos.

La coordinadora del Grupo de Trabajo, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), celebró el informe entregado por la CEAV, pues indicó que desde su conformación este grupo solicitó información a las instituciones involucradas en el caso; sin embargo, se han reservado los datos.

“Las instituciones coinciden en que tal información sea pública, pero eso no se ha dado y se impide el completo esclarecimiento del caso”, comentó.

En ese contexto, preguntó a los representantes de la CEAV cuál sería la opinión respecto a la reserva de información, y hasta dónde eso afecta a las víctimas en el caso particular ocurrido en Tlatlaya.

Por su parte, el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI) consideró que lo trascendente en el cumplimiento del deber como Grupo de Trabajo es coadyuvar con las autoridades responsables en el esclarecimiento de los hechos, ubicación de responsables y castigo a los mismos, así como la atención a las víctimas.

De igual forma, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, de la agrupación de Morena, manifestó que la única información recibida por el Grupo de Trabajo es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

En ese contexto, Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señaló que la información según la Ley de Transparencia es pública. “Ese es el principio y nuestro compromiso como comisión ejecutiva: todo lo que se haga, mientras no afecte los derechos de las víctimas, debe hacerse público”, expresó.

Subrayó que hay información propia de las víctimas y que no se puede dar, ya que se violaría su derecho a la intimidad; sin embargo, sólo los datos confidenciales tendrían que mantenerse reservados.

“Entre autoridades, no encuentro la fundamentación para reservar información, es decir, cuando alguna autoridad encargada de dar seguimiento a una investigación pide información, la autoridad competente debe darla”, precisó.

Indicó que en su carácter de presidente de la CEAV, llevará la discusión al Pleno de la comisión, ya que, reiteró, la información es pública, y es importante definir el cumplimiento de funciones para combatir las violaciones a derechos humanos.

En el informe entregado por Rochín del Rincón, definen las faltas a derechos humanos cometidos contra las 25 víctimas del caso Tlatlaya y detalla las acciones efectuadas por la CEAV.

Puntualiza que en el evento ocurrido en ese municipio del Estado de México se violaron diferentes derechos humanos como: a la vida, a la procuración de justicia, a la integridad, a la seguridad personal, a la libertad sexual y a la verdad, además de acciones de asistencia médica y psicológica, de trabajo social, asesoría jurídica, colaboración con autoridades y colaboración en cumplimiento de medidas cautelares realizadas por la CEAV.

Sobre la asistencia médica a las víctimas, el documento refiere que a través de las delegaciones de la CEAV en los estados de Guerrero y Morelos, se ha brindado atención a 10 víctimas indirectas, específicamente en el levantamiento de su historial clínico, atención por primera vez y la vinculación de 9 casos: 2 afectados a la Unidad del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Morelos, y 7 al DIF de Arcelia, Guerrero.

Respecto a asistencia psicológica, se han tratado 12 víctimas indirectas, 8 la han recibido en Guerrero y 4 en Morelos, ofreciendo a los damnificados un total de 26 sesiones terapéuticas.

En cuanto a acciones de trabajo social, precisa, a través de la CEAV en Morelos, se ha brindado en ese rubro atención a 4 afectados indirectos, por medio, fundamentalmente, de su canalización al Servicio Nacional de Empleo y otras ayudas de carácter social.

En el tema de asesoría jurídica, el informe explica que la CEAV acudió en múltiples ocasiones a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, con el objetivo de allegarse a más datos de la averiguación previa iniciada por los hechos ocurridos en Tlatlaya.

Sobre las víctimas directas sobrevivientes referidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la CEAV, se emprendieron las siguientes acciones: a los afectados que permanecieron internos en el Centro Federal de Readaptación Social 4, en Tepic Nayarit, una vez obtenida su libertad, se les asistió con atención médica y psicológica, hasta la intervención de Instituto de Atención a Víctimas de Delitos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

En el rubro de colaboración en cumplimiento de medidas cautelares, el documento explica que se ofrecieron diversos servicios con los que cuenta la CEAV y se espera que las víctimas determinen el momento y la forma en que harán uso de los mismos.

Acerca de la colaboración con autoridades responsables, destaca que se ha mantenido comunicación constante con diversas instituciones con el objeto de que estas puedan cumplir satisfactoriamente con la recomendación emitida por la CNDH.

En ese sentido, expone que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el 5 de febrero de 2015, solicitó se le informara sobre la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas.

Por su parte, indica, el gobierno del Estado de México, a través de la directora general del Instituto de Atención a las Víctimas del Delito dependiente de la PGJEM, dirigió un oficio al titular del Centro Federal Femenil de Tepic, Nayarit, solicitando su apoyo para requisitar el Formato Único de Declaración de Víctimas e inscribir a dichas personas en el Registro Federal de Víctimas.

El informe entregado por el presidente de la CEAV, refiere que para continuar brindando a las víctimas los servicios multidisciplinarios con que cuenta esa institución, seguirán los esfuerzos para localizar a las víctimas indirectas que no se han encontrado, la Asesoría Jurídica Federal dará seguimiento a procesos de investigación para determinar responsables y se procederá a la reparación integral de las víctimas.

En su participación, Adrián Franco Zevada, comisionado de la CEAV, precisó algunas afirmaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; entre ellas, la de que algunas de las víctimas fueron privadas de la vida en un contexto que no corresponde al enfrentamiento, otros, presumiblemente heridos a causa de un enfrentamiento, otros más, tentativamente en medio de un intercambio de disparos, y otros se determinó que fueron movidos del lugar donde fueron lastimados y no se pudo saber su ubicación y posición original.

Explicó que cuando la CEAV solicitó a la CNDH determinar cuáles eran los derechos humanos violados a cada una de las víctimas, en cuanto a la falta del derecho a la vida, la CNDH indicó que 15 personas fueron objeto de ello, de los 22 afectados totales.

El punto central, comentó, es que 25 personas fueron objeto de violaciones a derechos humanos, y en cuanto a la consignación que realizó la PGR, dijo, es conforme a la investigación que esa dependencia efectuó, y donde hay una disparidad en el número de las personas que fueron consideradas víctimas de homicidio.

Finalmente, la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD) anunció que el 19 de marzo próximo, se realizará una audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil interesadas en el caso, y que piden una respuesta del Grupo de Trabajo que coordina.

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