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| Boletín N°. 5261 | Diputados aprueban enmiendas para fortalecer el control y la seguridad de servicios de transfusión de sangre |
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12-03-2015.- Con el propósito de fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitaria de los servicios de transfusión de sangre, la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley General de Salud para proporcionar seguridad a los donantes y garantizar la disponibilidad y la calidad del plasma y sus componentes, además de promover una cultura de donación en el país.
Por 348 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones, el Pleno camaral ratificó la minuta enviada por el Senado de la República para fortalecer la seguridad sanguínea en México y la remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Leobardo Alcalá Padilla (PRI), secretario de la Comisión de Salud, calificó de “patético” el hecho de que, en caso de accidente, alguien que necesite alguna intervención quirúrgica no encuentre sangre disponible, ya que en nuestro país no se cuenta con una amplia cultura de donación.
“Como nación, estamos en un severo riesgo de que alguien que necesite urgentemente algún tipo de sangre o de los elementos que la componen, no pueda vivir por la desgracia de no contar con este elemento vital”, reiteró.
Destacó que pesar de los avances en materia de regulación de la sangre y de actos de transfusión y almacenamiento, México aún requiere mayores esfuerzos para poder garantizar estos servicios a quienes lo necesiten, “toda vez que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad social y humanismo”.
Explicó que con las enmiendas a la Ley General de Salud se promueve la creación de una red de servicios de sangre, bajo la responsabilidad del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea; asimismo la verificación sanitaria del plasma permanecerá en la Comisión Federal de Protección de Riesgos.
Además, se incluyen y diferencian conceptos como células troncales, sangre, plasma, tejido, transfusión y hemoderivado, con lo cual se dota a la ley de mayor certeza jurídica en su aplicación.
Se atiende el mandato internacional para ampliar el concepto de seguridad transfusional para abarcar a los donantes, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos.
En la norma se establece la obligación de la Federación para elaborar políticas y estrategias nacionales en materia de donación y vigilancia sanitaria de la sangre, además de fortalecer los servicios relacionados con esta para garantizar la seguridad de las transfusiones.
Asimismo, precisó el legislador, se responde a los tratados internacionales para actualizar las leyes y medidas de regulación orientada a garantizar un control eficaz de la calidad y seguridad de los productos sanguíneos y los dispositivos médicos relacionados con aquellos.
En resumen, “se fortalecerán los servicios de sangre y mejorará su eficiencia, a la vez que se promoverá una cultura de la donación voluntaria no remunerada”, sintetizó Alcalá Padilla.
Al manifestar el posicionamiento del Revolucionario Institucional, la diputada María de Jesús Huerta Rea mencionó que sólo en 62 países del mundo cerca del 100 por ciento del suministro de sangre es de carácter no remunerado, mientras que en otras naciones se sigue dependiendo de familiares o de donantes que exigen pago por este elemento vital.
Por ello, consideró importante fortalecer las normas jurídicas respecto a las transfusiones, ya que la donación de sangre en México se encuentra en el orden de 10 por cada mil habitantes. Se deben “tener las herramientas jurídicas para el beneficio de la salud de los ciudadanos, sólo falta adecuarlas al momento actual de la sociedad”, enfatizó.
Por su parte, la diputada María Lucrecia Arzola Godínez, de Acción Nacional, subrayó que este es un tema “que no se debe dejar de discutir” dada su importancia para los mexicanos, ya que un impulso legal en materia de seguridad sanguínea “puede mejorar la expectativa a nivel de salud”.
De acuerdo con el INEGI, comentó, menos del 1 por ciento de los posibles donantes declararon haber realizado una acción voluntaria en organizaciones no lucrativas. Asimismo, la diputada refirió que las mujeres son más activas en servicios voluntarios, representando el 52.1 por ciento de las donaciones, mientras que los hombres sólo aportan el 47.9 por ciento de ellas.
En su turno en tribuna, el diputado José Ignacio Vega Caballero, del PRD, instó a crear las condiciones que permitan a las personas vivir dignamente.
Refirió que su bancada respalda esta reforma, ya que “se requieren acciones urgentes” para establecer la seguridad sanguínea, en busca de fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitaria de la sangre, el tejido hemático o todos sus elementos de manera específica e integral, como un beneficio clínico que las transfusiones proveen.
Por otra parte, destacó que el acceso oportuno y de calidad a los productos sanguíneos -conformado en redes de servicios que serán responsabilidad del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea-, deben estar a favor de los grupos sociales de menores recursos.
En su oportunidad, la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (PVEM) refirió que la mayoría de los más de 500 bancos de sangre en el país son ineficientes y poco productivos, mientras que el modelo actual de servicios en la materia no permite asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos ni una distribución adecuada.
Detalló que cada año se registra apenas un millón 700 mil donantes, “cifra muy por debajo de los 5 millones que, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, necesita un país de más de 100 millones de habitantes, como el nuestro, para ser autosuficiente en este sentido”.
A nombre del PT, la diputada María del Carmen Martínez Santillán subrayó que nuestro país se ubica en los primeros lugares de Latinoamérica en el rubro de tráfico de órganos. “Los problemas de inseguridad tienden a generar otras vías para los delincuentes, quienes se valen del Estado vulnerable en el que la sociedad se encuentra y se aprovechan de las debilidades que aún existen en las leyes” para hacer sus negocios, agregó.
Gracias a estas enmiendas, consideró, los casos de abuso de autoridad y las oportunidades que tiene la delincuencia organizada para lucrar con la necesidad de muchos, comenzará a desaparecer debido a que el buen manejo de órganos y sangre será una constante común, “sin tanta pesadez”, para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su familia.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Beatriz Córdova Bernal, advirtió que dejar a la Secretaría de Salud la facultad para establecer los estándares de seguridad y las pruebas requeridas para la calidad de sangre, “deja la puerta abierta a que estas sean laxas y no salvaguarden el derecho a la salud, ya que en la mayoría de las clínicas y hospitales del país no se cuenta con mínimas condiciones para el manejo y almacenamiento del plasma”.
Consideró que este tema es incluso más importante que las enmiendas en materia energética, por lo que los legisladores “debemos demostrar una responsabilidad mayor como para que no digan que en lugar de sangre en la venas, pareciera que tenemos agua o atole”.
Por último, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza) destacó que la tecnología y la ciencia médica avanzan rápidamente, por lo que viejos conceptos han sido superados por nuevas técnicas y tratamientos que requieren una reglamentación y la vigilancia necesaria por parte de la Secretaría de Salud.
Consideró que fortalecer las disposiciones de las leyes en materia de seguridad sanguínea y adecuarlas a la nomenclatura científica internacionalmente aceptada, “es una labor fundamental, no solo para los fines de protección a la salud de la población, sino para fomentar la donación y el desarrollo de las especialidades médicas en nuestro país”.
A su vez, el panista Simón Lomelí Cervantes se manifestó a favor de las enmiendas en virtud de que ayudarán a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Previo a su aprobación por el Pleno, se rechazó una modificación al dictamen de la minuta presentada por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD).
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