• También le piden, al igual que a PGR y ASF, fincar responsabilidades

18-03-2015.- El Pleno camaral aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informe cuáles son las autoridades, entidades o dependencias que depositaron o invirtieron sus recursos en la sociedad financiera popular Ficrea y a cuánto ascienden los montos respectivos.

En particular, de las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito federal y estatal, órganos autónomos desconcentrados, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, productivas del Estado y subsidiarias, procuradurías, agencias, institutos, comisiones, fideicomisos y fondos públicos, que reciban y ejerzan recursos públicos y fondos de ahorro para trabajadores.

De igual modo, se solicitó a la Procuraduría General de la República, a las procuradurías generales de Justicia del Distrito Federal y de Coahuila, a la CNBV y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fincar responsabilidades a los entes públicos que hubieran comprometido recursos públicos, así como el patrimonio de trabajadores, particularmente de aquellos adscritos a los tribunales superiores de justicia del Distrito Federal y de Coahuila.

Al respecto, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), mencionó que “las operaciones fraudulentas de Ficrea presumen actos que apuntan a actividades de lavado de dinero y narcotráfico”.

Precisó que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar, reconoció una inversión de millones de pesos de la institución en Ficrea, y en esa situación también está el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila; sin embargo, dijo, “se están escondiendo ahorradores multimillonarios vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero”.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) señaló que a poco más de un año de vigencia de la reforma financiera no se puede tolerar que se presenten casos como el de Ficrea ni que prevalezca la impunidad; por tanto, aseguró, es necesario que las autoridades informen cuáles entidades públicas invirtieron recursos y se deslinden responsabilidades, a fin de saber si violentaron alguna normatividad.

Se trata, subrayó, de que todos los involucrados en el fraude de Ficrea asuman las consecuencias de sus actos con apego irrestricto a la ley y nadie salga impune en la investigación. “Lo justo sería que en la reparación del daño y la recuperación de los ahorros defraudados se dé prioridad a las personas particulares por encima de las entidades públicas. El combate a la corrupción es un reclamo ciudadano que debe atenderse sin reservas”.

Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputada de Movimiento Ciudadano, argumentó que este acuerdo sólo es una de las tantas respuestas que espera la justificada molestia de la ciudadanía, la cual “se ha visto defraudada con la complicidad y el silencio de las autoridades que, hasta este día, no han externado una sola alternativa de solución cabal para quienes invirtieron todo su patrimonio tras años de trabajo y de esfuerzo”.

Detalló que urge dar solución a los miles de ahorradores que legítimamente reclaman la devolución de sus capitales y la enérgica sanción para los responsables. Cuestionó cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pasó por alto que Ficrea transfiriera grandes cantidades de recursos hacia el extranjero y sostuvo que su Unidad de Inteligencia Financiera fue omisa para alertar de esta fuga de capital.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) cuestionó quiénes son las entidades gubernamentales y estatales que invirtieron en Ficrea, “porque es una Sofipo tipo 1 y es ilegal e irregular. Hagamos justicia y que las entidades públicas que no tenían derecho a invertir se le finquen responsabilidades si actuaron mal con el dinero de los mexicanos”.

Lo más importante, dijo, es encontrar una solución justa a los ahorradores, “quienes fueron defraudados y perdieron todos sus ahorros. Tenemos que mejorar la ley para evitar fraudes en el futuro, así como prevenir y hacer justicia”.

Del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil destacó que el tema de Ficrea es de justicia, pues defraudó a más de 6 mil 876 ahorradores por más de 2 mil 700 millones de pesos. Afirmó que no es el único caso, ya que hay estados como Coahuila, donde desde principios de enero su Congreso solicitó al Tribunal Superior de Justicia rendir un informe respecto a los recursos públicos del fondo de mejora para la justicia que fueron invertidos en Ficrea.

“Tenemos cajas de ahorros y elementos de que están engañando a la gente más humilde y hay que tomar cartas en el asunto. Un cambio a la Ley de Ahorro y Crédito no será suficiente. Necesitamos exigir a la Condusef que dé una verdadera educación financiera a los ahorradores e implementar un método de protección a aquellos que están más expuestos a estas instituciones”, afirmó.

Humberto Alonso Morelli, diputado de Acción Nacional, consideró que más allá del mecanismo utilizado para el desvío de recursos, lo cierto es que hoy los defraudados cuentan con un limitado seguro sobre sus ahorros que sólo protege a cada usuario por un monto de un poco más de 131 mil pesos. “Un fraude de estas proporciones otorga una señal negativa a los consumidores, lo que desincentiva la demanda de crédito y la utilización de servicios financieros”, comentó.

Puntualizó que el caso Ficrea es el mejor ejemplo de cómo una reforma y una legislación apropiada no van a funcionar si no vienen acompañadas de una operación y supervisión estricta. “Tenemos que hacer algo que realmente modifique el marco regulatorio de las sociedades financieras populares”, dijo.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI) manifestó que es necesario exigir un informe de todas aquellas entidades que invirtieron recursos públicos en una sociedad, cuya solvencia ha quedado en entredicho. De ahí que es oportuna la intervención de la ASF, la CNBV, la PGR y la PGJDF, a efecto de que se deslinden responsabilidades. “Es una solicitud que nada resulta contraría al secreto bancario, toda vez que estamos hablando de recursos públicos”, enfatizó.

Añadió que el PRI está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, y en un caso como éste, se debe privilegiar el bienestar de los pequeños ahorradores a quienes desfalcaron el patrimonio de su vida, y no a los funcionarios que omitieron un deber ciudadano al contratar con Ficrea. “Que se pague primero, y de manera privilegiada, a los ahorradores que son víctimas del abuso y de los excesos de los funcionarios”, demandó.

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