• Diferendo entre secciones 22 y 59 del SNTE ocasiona hasta ahora pérdida de un mes de clases en el estado

• Hostigamiento, allanamiento, toma de instalaciones, secuestros y vejaciones caracterizan la vida escolar

19-03-2015.- La Cámara de Diputados exhortó a las autoridades federales competentes y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a que en el marco de la aplicación de la reforma educativa, preserven y garanticen a las niñas, niños y adolescentes de la entidad, el acceso y goce irrestricto del derecho humano a la educación.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), avalado en el Pleno por votación económica, también solicita que se garantice a las y los docentes de Oaxaca la protección de sus derechos laborales, entre ellos el pago oportuno de sus salarios y la protección social que deriva del ejercicio responsable de su profesión.

Al hablar sobre el tema, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación de Morena, refirió que existen estados con mayores problemas de pago que Oaxaca como son Guerrero, Michoacán y Chiapas.

Consideró que no se puede posicionar a una de las facciones sindicales en conflicto como la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), “que se ha prestado y conducido por su tremenda corrupción”. Por eso, dijo, “no estamos de acuerdo en que se le indique nada más al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca sobre este conflicto”.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) estimó que si bien el gobierno del estado debe asumir la responsabilidad de dirimir diferencias y construir soluciones, “es claro que la autoridad estatal se encuentra rebasada. Los trabajadores de la educación han sido objeto de diversos agravios, los cuales no han sido sancionados por las autoridades educativas y ministeriales del estado y la Federación”.

Agregó que “es incongruente que un gobierno tome represalias y amenace con sancionar administrativa e incluso penalmente a quienes sí quieren garantizar a las niñas y niños su derecho a educarse”. Por eso, dijo, resulta incomprensible la política asumida por el Ejecutivo estatal y las autoridades federales competentes.

Por el PT, el diputado Javier Gutiérrez Reyes afirmó que esta situación es una consecuencia de la reforma educativa. “Lo que hubo fue una reforma administrativa laboral que lesiona los derechos de los trabajadores de una corriente sindical”, puntualizó.

Consideró que a nivel federal se deben tomar cartas en ese asunto y “no esta Cámara, porque eso fue un problema del gobierno federal, como lo han hecho en otras ocasiones”. Por ello, dijo, “no apoyamos esa posición, estamos en contra”.

En tanto, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC) refirió que la sección 22 y 59, en una disputa por sus intereses sindicales, dejan de dar atención a más de 1.3 millones de alumnos de educación básica, donde el clima de hostigamiento, allanamiento, toma de oficinas y planteles, violencia, secuestros y diversas vejaciones caracterizan la vida escolar en ese estado.

Precisó que de los 200 días de clases que marca el calendario escolar, llevan más de un mes de clases que se han perdido en lo que va del año y, de no reiniciarlas, solamente se estaría cumpliendo entre el 60 y el 70 por ciento. Por ello, destacó la importancia de que el estado implemente medidas para resolver este problema y llevar a cabo una negociación entre las estructuras magisteriales, así como establecer una sanción a los responsables.

Del PAN, el diputado Víctor Rafael González Manríquez se pronunció por que los maestros tengan sus salarios y beneficios sociales a los que tienen derecho.

Por ello, dijo, “hoy exhortamos al gobierno federal y estatal para que juntos cumplan con estas obligaciones, y venimos a hablar a favor de las niñas y los niños de Oaxaca”.

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