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| Boletín N°. 5303 | Deuda pública de las entidades federativas y municipios ascendió a 482 mil millones de pesos en 2013: ASF |
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20-03-2015.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, informó a diputados federales que al cierre de 2013 la deuda de las entidades federativas y municipios registrada en la SHCP ascendió a 482 mil millones de pesos, saldo acumulado superior en 48 mil millones de pesos respecto a 2012, es decir, un aumento de 8.8 por ciento real.
El funcionario dio a conocer esta cifra a la Comisión de Vigilancia de la ASF al detallar el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, en el rubro de Funciones de Gobierno, y Sector Hacienda y Crédito Público.
Refirió que Chihuahua y Oaxaca destacaron con un incremento real anual de su deuda pública en 74.8 por ciento (18 mil millones y cuatro mil millones de pesos, respectivamente), Morelos con el 58.8 por ciento (mil 782 millones) y Baja California Sur, con el 44 por ciento (796 millones de pesos).
La ASF, dijo, estimó que la presión financiera de servicio de esta deuda como porcentaje de los ingresos federalizados susceptibles de ser destinados a su pago fue mayor que el promedio nacional (9.5 por ciento) en Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
Hizo un llamado a los legisladores para priorizar la conclusión e implementación del nuevo marco jurídico y mecanismos para regular la deuda pública local, así como el registro transparente de las obligaciones financieras y de los pasivos de las entidades y municipios, además de establecer un marco institucional sólido de responsabilidad y disciplina para el manejo de sus finanzas y la deuda público.
Se pronunció por avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, mismo que, consideró, debe ser parte del de Anticorrupción ya que sus insumos resultan de gran valor para la contención y la disuasión de actos irregulares.
El aporte de este subsistema, que se encuentra en construcción y operación desde hace cinco años, dijo, “simplemente no puede ser omitido en el diseño de una estrategia de mayor alcance”.
En tal sentido, Portal Martínez celebró el esfuerzo de los integrantes de la Comisión por colocar a la instancia que encabeza como eje del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya inclusión fue motivo de debate durante los últimos meses.
Consideró que este proyecto reformista reconoce que el fenómeno de la corrupción es sistémico, y como tal, debe ser enfrentado con soluciones de la misma naturaleza.
“El éxito de la rendición de cuentas radica en avanzar en consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización”, reiteró, y subrayó la importancia de la reforma para estrechar los vínculos de la ASF con la Secretaría de la Función Pública.
Al continuar con su intervención el Auditor Superior de la Federación explicó a los diputados que en el reciente Informe General 2013 de la Fiscalización de la Cuenta Pública, advierte la existencia de problemas estructurales, de incentivos y de andamiaje legal que rige la actuación de los funcionarios de gobierno, por lo que debe mejorarse la sinergia entre diputados y la ASF.
Dicho informe formula 454 observaciones derivadas de 128 auditorías al Grupo Funcional Gobierno –que incluye Función Hacendaría y otras Funciones de Gobierno-, que generaron 739 acciones; 351 recomendaciones; 173 recomendaciones al desempeño; 11 solicitudes de aclaración; ocho promociones de ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 133 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 63 pliegos de observaciones.
Por otra parte, refirió que el informe contiene 65 propuestas de reforma a diversos ordenamientos para coadyuvar a una mejor gestión de los entes auditados y alcanzar un nivel óptimo de transparencia y rendición de cuentas.
El titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Alejandro Romero Gudiño, señaló que el gasto público enfrenta retos importantes, asociados a su insuficiencia para impulsar el crecimiento económico y las responsabilidades constitucionales del Estado en materia de bienestar social.
Expresó que si bien las finanzas públicas han mantenido una estructura equilibrada en los últimos años, se perciben debilidades estructurales, como el notorio rezago de México a nivel internacional en materia de recaudación tributaria.
También, dijo, hay una fuerte dependencia de los ingresos fiscales respecto de los petroleros; elevados gastos fiscales; reducción de la capacidad de los ingresos públicos para financiar el gasto público, e incremento de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto, entre otros.
Mencionó que una de las características de la inversión pública, es su rigidez asociada a la tendencia inercial del gasto corriente y de partidas irreductibles; las prácticas del manejo discrecional, y la utilización de deuda pública para fines distintos a la construcción de infraestructura.
Romero Gudiño subrayó que esta problemática se torna compleja por la reducción de los precios del petróleo de la mezcla mexicana, los cuales pasaron de un precio anual promedio de 102.1 dólares el barril en 2012, a un costo promedio anual de lo que va en 2015 de 44.3 dólares el barril, un nivel inferior al precio promedio establecido en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada para este año, que fue de 79 dólares.
Sostuvo que a pesar de las precauciones para salvaguardar los ingresos petroleros, persiste el riesgo para las finanzas públicas de que en ejercicios subsecuentes a 2015, se mantenga con alta probabilidad el precio del petróleo en sus niveles actuales, por lo que, “de metalizarse esta expectativa la cobertura petrolera contratada en los mercados financieros ya no sería tan redituable”.
Del análisis, detalló, se detectó en el Poder Judicial irregularidades en el rubro de aprovechamiento de recursos, infraestructura y servicios de tecnologías de información y comunicación, así como la autorización e incremento en las percepciones de servicios públicos superior a la remuneración del Presidente de la República.
En cuanto a la función pública, expresó, hay una debilidad generalizada de los sistemas de control interno tanto en la Administración Pública Estatal como en las Administraciones Públicas Municipales.
Precisó que en el sector gobernación hay ausencia o falta de acreditación de los tratamientos de readaptación social de los internos puestos en libertad y de los sentenciados que cumplieron sentencia en libertad, ya que los más de 54 mil que compurgaron pena en libertad en 2013 no se pudo acreditar su procedimiento de readaptación.
Además, los subsidios a entidades federativas en materia de mando de policías, se detectaron reintegros indebidos, subsidios autorizados irregularmente, falta de enteros a la Tesorería de la Federación y adquisiciones no autorizadas, de forma que se emitieron sólo en esta 103 acciones y recuperaciones por 458.8 millones de pesos.
Propuso emitir el Reglamento de la Comisión Permanente, que regule las atribuciones constitucionales de la misma; abrogar en definitiva el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación lineamientos que robustezcan su servicios de carrera, y evitar el “nepotismo” en los diferente órganos jurisdiccionales.
De igual modo, emitir un código de seguridad pública federal que reúna todas las disposiciones en la materia que actualmente se encuentran en diversas leyes, a efecto de contar con un instrumento normativo armonizado y de fácil acceso para las personas.
El titular de la UEC mencionó que en dicho código debe incluirse materias no legisladas en la actualidad, como el uso de la fuerza pública, la utilización de tecnología para la seguridad pública y facultades de las fuerzas armadas en dicha materia, entre otras.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria, subrayó que en este Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013 no se encontraron resultados diferentes a los de cuentas públicas anteriores, lo que significa que “no ha habido de parte del gobierno de este país la responsabilidad necesaria para modificar las conductas de los servidores públicos”.
Agregó que al decir gobierno “me refiero a los tres órdenes de gobierno, no únicamente al Ejecutivo”.
Consideró que hace falta una ética diferente de servicios públicos y que ojalá se pueda avanzar en ese sentido. Asimismo, se pronunció porque en las siguientes legislaturas no hagan este mismo ejercicio y tengan los mismos resultados.
Resaltó que uno de los grandes o el mayor problema de este país, aparte de la desigualdad, es la corrupción y la impunidad, por lo que estimó que “nos hemos quedado cortos a pesar de los avances que hemos tenido con el Sistema Nacional Anticorrupción, y ahora con la Ley de Transparencia, y ojalá que se aprueben las dos a la brevedad”.
Por ello, expresó su preocupación por analizar cómo hacer que aquel funcionario público que ha hecho un uso indebido de los recursos públicos sea sancionado de acuerdo a la ley.
El legislador comentó que desde que inició esta Legislatura se ha insistido en reclamar a los grupos parlamentarios la transparencia en el uso de los recursos que se tienen en las cámaras en el Congreso; “y hoy nuevamente nos quedamos en deuda con la ciudadanía de este país, en este sentido”.
Enfatizó que “es vergonzante que quienes hacemos las leyes nos mantengamos en la opacidad frente al reclamo popular de no transparentar los recursos que recibimos como grupo parlamentario”.
Se pronunció por que exista voluntad política para avanzar en vigilar y estar atentos a que el uso de los recursos públicos vayan a lo que deban destinarse, al beneficio de la población, a elevar el nivel de vida, a generar fuentes de empleo, a tener mejor educación, servicios de salud y mayor crecimiento económico.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación de Morena, refirió que, de acuerdo con el informe de la ASF, se presume una insuficiente capacidad financiera del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para solventar sus compromisos actuales a fondo perdido y recuperable, por lo que se sugiere a la Cámara evaluar la conveniencia de promover su extinción.
Por ello, cuestionó qué costó tendría para las finanzas públicas extinguir dicho fondo, quién lo pagaría y “si estaríamos ante un nuevo Fobaproa”. Asimismo, si podrá el Fonadin hacer frente a sus compromisos adquiridos en los proyectos Acueducto Monterrey, Museo del Barroco de Puebla y autopista Naucalpan-Toluca, entre otros. Además, inquirió si rectifica el auditor superior de la Federación su compromiso de examinar a detalle dichos proyectos, así como en los que haya participado el propietario del Grupo Higa.
En tanto, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) comentó que una de las recomendaciones de la Auditoría señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debería considerar evaluar los resultados sociales y económicos alcanzados por cada uno de los gastos fiscales, con el fin de mejorar la transparencia y rendición de cuentas.
Subrayó que cada vez que la ASF fiscaliza el apartado en comento se manifiestan las mismas irregularidades, por lo que cuestionó cómo se han solventado en otros años las observaciones realizadas a la Secretaría de Hacienda en este rubro.
Por su parte, el diputado Danner González Rodríguez (MC) señaló que este informe refleja claramente los vacíos que se han generado durante los últimos años, es decir, no es un problema sólo de esta administración. Consideró que se deben dar “dientes” a la ASF para que pueda ejercer acciones en contra de las a instituciones que no hacen uso correcto de los recursos.
Comentó que Pemex trae pasivos muy fuertes, tiene un grave problema de deuda. Desde que se construyó, el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos ha tenido ingresos por 31 mil 479.4 millones de pesos; no obstante, no ha operado como lo previó la ley debido al aumento del gasto corriente de Pemex. Por ello, preguntó cómo afectó esta práctica en la gestión de recursos financieros, ahora que el precio del petróleo cayó.
Al hacer uso de la palabra, el diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) manifestó su preocupación por que muchas instituciones y organismos no tienen información confiable, sustentada y en algunos existe opacidad, que no solventaron de manera precisa las cuestiones que la ASF requirió para realiza al fiscalización.
Expresó su apoyo para impulsar, antes de que termine el periodo el 30 de abril, las reformas legales sugeridas por la ASF en materia hacendaria, presupuestal y de deuda pública, para “darles dientes”, respaldar su trabajo y coadyuvar como órgano legislativo a reforzar su modo de operación para la transparencia y rendición de cuentas.
Enseguida, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN), al referirse al Sistema de Administración Tributaria (SAT), preguntó quién autoriza las condonaciones de créditos fiscales, pues dijo que en el 2007 le perdonaron a una empresa más de mil millones de pesos en créditos fiscales y hoy vuelve a usar otro programa de condonación. “Ahí hay una responsabilidad de Hacienda y del SAT para que no existan esas situaciones”, puntualizó.
Expresó que se debe ubicar hacia dónde va el análisis de la Cuenta Pública, pues muchas observaciones dejan presumir actos de corrupción e ineficiencias que generan un problema en la aplicación del presupuesto cada año. “México tiene 60 millones de pobres y una ineficiencia en la aplicación del presupuesto que debería angustiarnos”.
En su oportunidad, la diputada del PRI, Gloria María Del Carmen Valencia González, señaló que el Sistema Nacional de Fiscalización que se ha venido construyendo debe ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como subsistema, cuyos insumos resulten de gran valor para la contención y disuasión de actos irregulares. Añadió que para lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el gasto público, se debe impulsar una reforma al ejercicio del gasto para garantizar que genere un crecimiento económico exento de corrupción.
Preguntó si la ASF ha revisado la estadística de las entidades federativas en torno a ingresos, gastos y deuda y cuál sería el mejor medio para desarrollar un mecanismo de difusión financiera que facilite la toma de decisiones y permita al público evaluar los instrumentos de deuda para no caer en una posición vulnerable.
Respuestas
Sobre la necesidad de que la ASF tenga “más dientes”, el auditor Juan Manuel Portal Martínez aseveró que esto se resolverá a través de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que está previsto en el dictamen a discusión “nos da elementos suficientes, es una gran aportación y hay avances: no está acabado, hay algunos aspectos que faltan, pero lo que se propone es de mucha utilidad y es un gran paso hacia adelante”.
Porque el problema de la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos es sistémico, principalmente de corrupción, y sancionarlo no es facultad de la ASF, es decir, no será juez y parte, es una de las mejores prácticas internacionales, apuntó.
Enfatizó que existe recurrencia respecto a las observaciones que la ASF presenta año con año, en cuanto a las desviaciones, “gasto indebido, inútil y desperdicio de recursos”, por lo que, anunció, se planea un proyecto para trabajar junto con la Secretaría de la Función Pública en el sistema nacional de fiscalización, a fin de fortalecer el control y capacitación de personal y contar con procedimientos de auditoría similares que den una mayor cobertura.
En tanto, Fernando Cervantes Flores, auditor especial de Tecnologías de Información, Comunicación y Control de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) afirmó que la política del Banco de México (Banxico) sobre las reservas internacionales permite que la economía mexicana tenga un blindaje financiero estimado en 249 mil millones de dólares.
Agregó que las reservas comprenden una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 72 mil millones de dólares adicionales. “Ante cualquier contingencia las finanzas del país tienen esa cobertura”, sostuvo.
Refirió que de haber un incremento en las tasas de interés por parte del Tesoro de Estados Unidos o salida de capitales, las reservas están para hacer frente a una situación de esa índole, ya que “el Banco de México viene manejando una política prudencial. La ASF hizo auditorías a las reservas del Banxico en 2011 con la intención de conocer qué se hace con esos recursos que están guardados. No estamos en una situación como la que nos tocó vivir en el año de 1993”, aseguró.
Resaltó que en el 2013 los recursos que se destinaron a las áreas de tecnología fueron de 35 mil a 40 mil millones de pesos, los cuales se canalizan a proyectos donde “la entidad ni siquiera sabe o tiene definido su problema, por lo que las medidas de seguridad en el manejo de la información en estas organizaciones presentan carencias importantes”.
Respecto al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero, indicó que el costo de extinguirlo no es el problema, ya que la hacienda pública federal reconocería sus obligaciones. Lo que debe resolverse, aclaró, “es la carencia de transparencia, la ausencia de información relevante sobre las obligaciones que hace. No se trata de un nuevo Fobaproa, extinguirlo será irrelevante en cuanto a costos”, dijo.
Sugirió una participación más clara de la Cámara de Diputados, de acuerdo con sus facultades, ya que es quien autoriza las erogaciones a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, y que en cualquier caso, el Fonadin se maneja con esas erogaciones al margen de las autorizaciones presupuestarias.
En cuanto a la condonación de créditos fiscales que realizó el SAT, Pérez Saavedra, dijo que efectivamente hubo una condonación que “a nuestro juicio se consideró improcedente”.
Dicha condonación, señaló, pese a que es importante, “son más de mil millones de pesos, por lo que, debemos revisar quién la autorizó y si tenía la competencia para hacerlo”. El fondo del problema, continuó, es que estos programas de “ponte al corriente” son de apoyo a los contribuyentes morosos y pueden resultar contraproducentes e inducen a los cumplidos. “No nos oponemos a que haya una creación de incentivos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero se requiere un mínimo de controles y candados”, enfatizó.
El director general de Auditoría Financiera Federal A, Alfonso García Fernández, destacó que en el 2013 los contribuyentes personas físicas y morales solicitaron condonaciones por 206 mil millones de pesos (mdp), de los cuales fueron perdonados el 80 por ciento, para pagar 40 mil mdp; es decir, recalcó, “les condonaron 166 mil mdp, pero cuándo pagaron el 20 por ciento, esto significó que por cada peso indultado se recuperaron 24 centavos”.
Propuso que la SHCP y la Cámara de Diputados deben evaluar el impacto de este tipo de programas, con el fin de conocer si el impacto es bueno o malo, que, a juicio de la ASF no es realmente rentable.
Por ello, subrayó, el diseño de estos deben ser redefinidos para que se incluyan elementos como: evitar la inclusión de contribuyentes que participaron en los últimos dos programas de amnistía y se excluya a quienes no han sido fiscalizados en los últimos 5 años, además de solicitarles alguna documentación que sustente sus importes manifestados.
Respecto al tema de los aprovechamientos, Javier Pérez Saavedra dijo que la SHCP subestimó los montos de los mismos, lo que se traduce, explicó, en un margen de discrecionalidad, además de que las empresas del Estado tienen que proporcionar un rendimiento sobre su capital invertido.
Planteó a la Cámara de Diputados la necesidad de crear leyes al respecto, a fin de que los aprovechamientos, en caso de las empresas estatales mayoritarias y productivas del Estado, sean acordados por cada órgano de gobierno conforme a sus propias facultades. “Con esto se obligaría a que los aprovechamientos pasen y se contabilicen como ingresos excedentes y se sujeten a controles”.
En el caso de Nafin-Bancomext, mencionó que hubo un mismo acreditado para las dos instituciones, el cual ofreció las mismas garantías. “Esa fue la esencia del problema, por lo que las instituciones ya están tomando acciones”, apuntó.
Lo que llama la atención, dijo, es que en créditos de tan importante monto no existiera un marco de control al interior de cada institución por carencia de normatividad en ese aspecto, por lo que “recomendamos que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores expida una normatividad al respecto, que las garantías fiduciarias que se ofrecieron y las declaraciones patrimoniales de los principales accionistas se sometan a un proceso de revisión”.
En cuanto a la Sociedad Hipotecaria Federal y FOVI, mencionó que al otorgarse un importante número de créditos a las instituciones financieras no bancarias, estas carecieron súbitamente de capacidad de pago por la crisis del 2009. “Hay una mala cartera de pago, de mala calidad, lo que generó un cambio de giro en el que no estaban preparadas, lo que llevará a mayores quebrantos.
Respecto a los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) comentó que presentan problemas al no reconocer cuál es el monto, a cuánto corresponde el gasto de inversión y cuánto es el costo de la operación y financiamiento a largo plazo.
Celerino Cruz García, director general de Inversiones Físicas y Federales, indicó que se revisarán los proyectos a la empresa filial de Grupo Higa, llamada Concretos y Obra Civil del Pacífico; se analizará la ampliación y modificación de la plataforma presidencial y sus servicios, resguardos y apoyos dados por adjudicación directa.
De igual manera, se evaluará la terminación, construcción y equipamiento del Centro de Reinserción Social en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; el contrato del Acueducto Monterrey 6, que es una licitación internacional, y el Museo de Barroco de Puebla, así como las carretas Colima-Guadalajara y Toluca-Naucalpan.
Sobre los gastos fiscales, Ricardo Miranda Burgos, director general de Análisis de Investigación Económica, dijo que en el 2013 ascendieron a 643 mil 419.3 millones de pesos, equivalentes al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); en 2014, disminuyeron a 495 mil 780.7 millones.
Es decir, llegaron a 2.9 por ciento del PIB. Con la reforma hacendaria se eliminaron 24 gastos fiscales y 20 fueron acotados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció que esos 44 conceptos de gastos erosionaban la base gravable, provocaba evasión y elusión o no cumplían con los objetivos económicos y sociales.
La dependencia federal ha planteado a la ASF que es precaria la evaluación de estos instrumentos en cuanto a sus resultados, lo cual tiene que resolverse.
Indicó que no existe un padrón o clasificación de gastos fiscales, por lo que en la auditoría realizada se ha sugerido a la dependencia federal la necesidad de diseñar un esquema de esta índole para conocer quiénes aprovechan ese tipo de facilidades.
Recordó que el 83.6 por ciento del monto estimado se define por ley o adjudicación general, abarca a todo género de contribuyente y consumos de energía eléctrica. Ese es el desafío que hay que resolver en materia de gastos fiscales, precisó.
En su intervención, el auditor Especial de Desempeño, Pensiones y Jubilaciones, Roberto Salcedo Aquino, precisó que el problema de las pensiones y jubilaciones es que no cuentan con los fondos necesarios para enfrentar estas responsabilidades, ya que al ser pasivos contingentes, éstos no se alimentan de fondos, por lo que la SHCP no los toma como parte de la deuda pública.
Respecto a la deuda pública subnacional, el director general de Análisis e Investigación Económica, Ricardo Miranda Burgos, resaltó que es necesario tomar en consideración sus causas y la acumulación de los déficits fiscales. En términos nominales, enfatizó, dicha deuda de 2009 al 2014 ya se duplicó, es decir, de 252 mil mdp se acumularon 254 mil más, para llegar a más de 509 mil mdp al cuarto trimestre del 2014.
Enfatizó que hace falta poner en práctica la reforma legal que se hizo en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el 2012, la cual estableció un año como plazo para que se emitiera una nueva legislación en torno al tema y se contara con un registro “minorizado” de toda la deuda, obligaciones financieras y pasivos que los gobiernos locales tuvieran.
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