• Estos sitios cuidan a los hijos de madres y padres solteros mientras buscan empleo, trabajan o estudian

27- 03- 2015.- La Comisión Especial de Programas Sociales avaló un punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, exentar de obligaciones fiscales a las estancias infantiles, en razón de su función social, ya que apoyan a madres y padres solteros que buscan empleo, trabajan o estudian, y no tienen acceso a seguridad social.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC), presidente de la instancia, afirmó que “la función social de una estancia infantil tiene que ser reconocida y tratada de manera preferente en materia fiscal”.

En reunión de trabajo, explicó que esos establecimientos operados por personas físicas o morales en el programa social “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), atienden un bien común y tutelan los derechos de los menores.

Dicho programa funciona con recursos provenientes de subsidios definidos en razón de cada niña o niño acreditado; la diferencia de las cuotas por el servicio son liquidadas por los padres o tutores, cuyo ingreso per cápita se estima por debajo de la línea de bienestar; en ese sector se encuentran más de 3 millones 266 mil 866 personas.

En particular, atiende a alrededor de 869 mil 822 madres jefas de familia y padres solos desocupados, subocupados y que trabajan en el sector informal, y que requieren espacios que brinden cuidado y atención infantil.

La diputada del PAN, Leonor Romero Sevilla, promovente de la propuesta, destacó que a través de este esquema “muchas mujeres, jefas de familia han logrado tener un empleo formal y ayudarse económicamente; además, facilita a muchos padres de familia solos tener un lugar dónde dejar a sus hijos para también salir a trabajar”.

Este programa, que con mucho tino continúa vigente, fue creado en el gobierno anterior y es muy exitoso al seguir con la función social de cuidar a los niños, por lo que el pago de impuestos afectaría su operación.

Reconoció que las contribuciones fiscales son importantes para el Estado; sin embargo, dijo, “las estancias infantiles auspiciadas por la Sedesol deben quedar exentas del pago de impuestos por ser un programa de subsidio social; eso debe tenerse muy claro y no olvidarse, ya que está enfocado a los sectores mal vulnerables”.

Mediante las estancias infantiles se ha resuelto a muchos padres el problema de dónde dejar a sus hijos de forma segura mientras trabajan, subrayó.

El acuerdo, aprobado por la comisión especial, precisa que la contribución que realizan las estancias infantiles merece la sensibilidad de los órganos del Estado para resguardar su función, por lo que es necesario que la SHCP, por medio de sus delegaciones estatales, consideren su objetivo social en apoyo a las madres trabajadoras y padres solteros.

Propuesta para que sea ordinaria la Comisión Especial de Programas Sociales

Por otra parte, los diputados de la Comisión Especial de Programas Sociales avalaron una iniciativa para elevar a rango de comisión ordinaria a esta instancia, con el propósito de supervisar la aplicación de los recursos públicos, para desvincularlos de los procesos electorales y evitar un mal uso de los beneficios.

La iniciativa propone reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el propósito de difundir toda la información y existencia de los programas sociales, principalmente federales.

También, implementar mecanismos de supervisión, evaluación y seguimiento de las reglas de operación, y aplicación de recursos, así como los resultados cualitativos y cuantitativos que se obtengan del empleo de esos fondos en los programas sociales.

Igualmente, emitir y custodiar la Ley Federal de Programas Sociales; vigilar las leyes, ordenamientos y artículos que en la materia existan en el marco legal federal, sin que se violenten las atribuciones de otras comisiones ordinarias.

Asimismo, dictaminar en comisiones unidas lo relativo a los programas sociales y asuntos afines, además de vincular a las instituciones en la evaluación de los programas sociales, por parte de la academia, dependencias de los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil, entre otras.

Coronato Rodríguez argumentó que la nueva comisión ordinaria “será un instrumento que le permita a la sociedad mexicana conocer los programas sociales, sus reglas de operación y la vigencia de los mismos, a través del micrositio que ofrece información de los 265 vigentes, donde la ciudadanía puede saber cuáles son los requerimientos para acceder como beneficiario y saber cuándo se abre y cuándo se cierran las ventanillas”.

Sobre todo, dijo, porque “esta comisión especial es inédita, no se había generado ninguna instancia con este matiz y con la finalidad de orientar” y desde el 14 de marzo del 2013 inició sus funciones.

Para fundamentar la iniciativa, explicó, la comisión especial solicitó un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados sobre la perspectiva y evaluación de los programas sociales federales en México; además, destaca que la Constitución establece la obligatoriedad de que cada uno de los órganos del Estado mexicano sea supervisado en el ejercicio de su gasto público.

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