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| Boletín N°. 5630 | Falta normatividad en aplicación de tratados internacionales de derechos humanos |
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14-05-2015.- La Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA) presentó el libro “Tratados internacionales de derechos humanos, ¿Derecho uniforme u orden público general?”, donde expertos coincidieron en que México no cuenta con una normatividad para la aplicación de las reglas contenidas en esta clase de documentos en materia de garantías individuales.
El director general de SEDIA, José María Hernández Vallejo, dijo que este asunto es fundamental, por lo que debe ser tomado en cuenta por los legisladores; por ello, agregó, la obra es una fuente esencial en las áreas de documentación y análisis, a fin de que sea útil para diputados, estudiantes y público en general.
Mencionó que el objetivo fundamental de SEDIA es buscar herramientas de conocimiento que permitan coadyuvar en el trabajo legislativo y en la toma de decisiones, e insistió en que “este tema es importante, pues nos vemos inmersos en el mundo contemporáneo y globalizado, donde lo local conversa con lo universal y viceversa”.
La autora del libro, Elba Jiménez Solares, señaló que el Poder Legislativo debe generar normas más protectoras en derechos humanos que las de estándares internacionales, a fin de favorecer a los individuos.
Los tratados y normas internacionales, explicó, nos dan estándares mínimos de lo que un Estado debe cumplir, pero si éste genera leyes más protectoras se puede dejar de aplicar un tratado internacional y utilizar, en su lugar, la norma nacional, porque ésta resultaría más favorable para los individuos, lo que además se justificaría tanto en el ámbito nacional como el internacional.
Jiménez Solares destacó que la obra analiza cuál es el impacto que tienen los tratados internacionales en el ordenamiento nacional, los cuales “tienen una gran importancia para el país, pero también reflejan la corta visión que tenemos ante el cúmulo de obligaciones que representan para el Estado en el ámbito internacional”.
Mencionó que un tratado internacional genera en muchas ocasiones instancias adicionales; el amparo, por tanto, ya no es la última solicitud a la cual acudir. “Es así que casos como el de Rosendo Radilla se abren de nuevo, donde nos comprometimos a no repetir tal conducta, pero pareciera que con el caso de Ayotzinapa regresamos con 43 asuntos más”, resaltó.
Recomendó no poner la norma internacional por encima del ordenamiento interno, pero sí aplicar la ley que sea más favorable para el individuo, “no por su origen, no porque sea internacional o porque sea un tratado, sino porque es la más valiosa en su contenido; así evitaremos cargas políticas de si se viola o no la soberanía nacional”.
La investigadora de la subdirección de Análisis de Política Interior, de SEDIA, Sandra Valdés Robledo, indicó que México, al no contar con una reglamentación para la aplicación de normas contenidas en tratados internacionales que protejan los derechos humanos, se genera un marco regulatorio deficiente que trae como consecuencia la falta de eficacia en su instrumentación.
“Hace falta una adaptación al contexto, a lo que se vive en México respecto a los derechos humanos, sobre todo porque existe una confrontación entre las normas nacionales con las internacionales al pretender regular un mismo supuesto bajo diferentes contextos, lo que genera una carencia en armonización y sincronización del orden nacional con el internacional”, abundó.
“Eso fue indudable con el caso de Ayotzinapa, donde México quedó en evidencia por no contar con una legislación para la aplicación de tratados internacionales en materia de desaparición forzada de personas”, resaltó.
Ante ello, continuó, el libro destaca los efectos y consecuencias jurídicas ante la falta de aplicación de los tratados internacionales, al no contar con una legislación que obligue a su cumplimiento y, por el contrario, “nos estamos rigiendo con criterios que emite la Suprema Corte”.
La doctora en derecho internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roxana Ávalos Vázquez, comentó que el libro, compuesto de seis capítulos, comprende enfoques teóricos novedosos sobre derechos humanos que permitirán entender aspectos en la materia, contenidos a nivel internacional y nacional, mismos que “no están separados uno del otro, pues son sistemas que se encuentran coordinados y funcionan así”.
“Aparentemente, es clara la coordinación del Estado mexicano al firmar los tratados internacionales, pero no se comprende así a nivel interno, lo que genera interpretaciones extrañas en relación a esta situación; de ahí, la importancia de la obra”, expresó.
En su intervención, el catedrático de la UNAM, Juan Portilla Gómez, coincidió en que hace falta una legislación para la ejecución de tratados internacionales, sobre todo en la forma de equiparar las sentencias.
“No hay manera de defender a México ante la evidencia abrumadora de las deficiencias que tenemos, como en el caso de Tlatlaya, donde hay una violación clara a una serie de protocolos aún pendientes, así como el caso más reciente en Michoacán donde se tiene que aclarar si hubo violación a los derechos humanos”, enfatizó.
El libro, añadió, hace aportaciones importantes en materia técnica, humanística y sobre la importancia jurídica de los tratados internacionales de derechos humanos.
Al evento también asistió la directora de Servicios de Investigación y Análisis del SEDIA, Avelina Morales Robles.
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