• Ya han comenzado movimientos y conflictos a causa del vital líquido, advierte

• Fractura hidráulica, riesgo para población y medio ambiente

• México utiliza el 27 por ciento de sus recursos hídricos para atender necesidades de los diferentes sectores: UAM

22-05-052015.- La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD), afirmó que primero debe establecerse el derecho al abasto de agua de las comunidades en el proyecto de Ley General de Aguas, antes que permitir su explotación por parte de empresas del sector privado.

“El agua no debe comercializarse ni privatizarse; no debe ser exclusiva para unos porque eso sólo le afectará a la gente más pobre”, sostuvo.

Al participar en la mesa de análisis “Argumentos de los Derechos Humanos: El Derecho al Agua”, en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), de la CNDH, la legisladora se manifestó en contra de la posibilidad de “la privatización de este recurso”, ya que, dijo, su acceso es un derecho enmarcado en el 4º constitucional.

“La ley está todavía latente en las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos; quizás pasado el proceso electoral, se retome en un periodo extraordinario”, explicó.

Advirtió que de aprobarse tal como está, ello implicaría una violación al derecho humano al acceso a este recurso, además de un riesgo para el medio ambiente.

“En caso de utilizarse la fractura hidráulica o fracking, sería un error muy grande en perjuicio de las comunidades y estados del país.

Esto, abundó, porque se perdería una importante cantidad de agua por la perforación de los pozos, además de que se podrían contaminar los mantos acuíferos con metales pesados.

“No se toman en cuenta las necesidades de uso de agua de la gente, no consideran el caso de que la persona esté enferma, o si requiere de mayores cantidades o se ve forzado a trasladarse grandes distancias para tener acceso a ella”.

Pidió hacer una revisión profunda del proyecto de Ley General de Aguas, para que sea un marco normativo democrático.

La coordinadora del programa Diplomacia Mexicana e integrante de Equipo Pueblo y COMDA, Araceli Sandoval, aseguró que la actual iniciativa de Ley General de Aguas no responde de forma veraz al derecho constitucional de los mexicanos al acceso y disfrute del agua.

“Este reglamento que se busca aprobar no desarrolla los elementos indispensables para que el derecho al agua sea real, no aborda su disponibilidad, su acceso sin discriminación, su calidad, ni la sostenibilidad para que las futuras generaciones puedan contar con el recurso.

Agregó que dicho proyecto contiene disposiciones anticonstitucionales, así como restricciones para su uso y disfrute por parte de asentamientos irregulares.

El experto en el manejo sustentable del agua y profesor de la UAM-Xochimilco, David Barkin Rappaport, precisó que México usa el 27 por ciento del total de líquido que tenemos en el país para poder atender sus diferentes actividades económicas y sociales.

Afirmó que los proyectos de manejo del líquido y autoridades encargadas de gestionarla han tenido preferencia por atender los intereses y los capitales económicos.

Barkin Rappaport subrayó el caso de las compañías mineras ya que, según lo establece la ley que las supervisa, estas empresas tienen preferencia para el uso del agua en las regiones donde tengan una concesión.

“Díganme si la gente puede hacer agricultura, si una minera tiene la preferencia en el aprovechamiento del agua”, advirtió.

Propuso trabajar para lograr que el manejo de este recurso hídrico sea mediante una gestión social. “El agua no debe ser sólo un derecho humano, sino un derecho para el medio ambiente”.

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